El crimen organizado: cada vez más infiltrado a la política

El crimen organizado: cada vez más infiltrado a la política

Por: Agencias / Eduardo Rodríguez

Puede ser motivo de burla el ver al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sentado en un banquito frente a una de las puertas de palacio nacional, con un expediente bajo su brazo, en espera de audiencia con el presidente, para mostrarle pruebas de que las organizaciones criminales se infiltraron hasta los huesos en el pasado proceso electoral del 6 de junio.

Llevando el mismo banquito se sentó a esperar en la Fiscalía General de la República, donde finalmente fue recibido por Alejandro Gertz Manero, pero la respuesta no fue la esperada y el gobernador de Michoacán ha vuelto al palacio nacional, en compañía de su banquillo y nuevamente ha sido objeto de burla por parte de los medios de comunicación alineados con el actual gobierno.

Pero mientras la burla se recrea en este gobernador perredista, quien conoce bastante de cerca a López Obrador, las organizaciones del crimen organizado se desplazan incontenibles en la mayor parte del territorio nacional, donde se pelean plazas, bloquean regiones completas e infiltran todo cuanto pueden, pero principalmente los gobiernos estatales y, con mayor facilidad, los gobiernos municipales.

Como una mancha oscura y viscosa, los cárteles están avanzando de Jalisco a Michoacán, de ahí a Guanajuato, a Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, la Ciudad de México, en el bajío y el centro del país, pero lo mismo avanzan de Sinaloa a Sonora, Chihuahua, las Baja Californias y Durango. En el noroeste se desplazan de Tamaulipas a Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y presionan permanentemente sobre Coahuila.

Son simplemente insaciables: si controlan un estado, quieren el vecino; si trafican drogas, quieren el negocio del huachicoleo, el secuestro, la extorsión, el contrabando de ilegales; todo cuanto sea ilícito.

Frente al rostro siniestro de esta hidra de cien cabezas, el discurso presidencial de “abrazos y no balazos”, de “fraternidad, paz y amor”, no suena ingenuo a los oídos de las víctimas sino ofensivo y muchos, en su desesperaciones, han tomado las armas para defender a sus familias y patrimonio, mientras López Obrador ofrece como solución “programas de asistencia social” y tiene paralizadas a las fuerzas militares y policiacas, cuya facultad es el uso legítimo de la fuerza para combatir la criminalidad.

Perdido en el laberinto del más grande palacio virreinal de América, López Obrador no muestra ninguna empatía con las víctimas y vive su propia realidad, con la idea fantástica de que la pobreza es el origen de las enormes organizaciones criminales, consideradas ya entre las más poderosas del mundo, que se atreven a exhibir públicamente un armamento igual o superior al del propio ejército mexicano.

Los medios de comunicación independientes muestran, cada noche, la atrocidad en la que viven pueblos de Michoacán y Guerrero, documentando la tragedia día a día, pero inexplicablemente la política del gobierno de López Obrador sigue siendo la del laissez faire: dejar hacer, dejar pasar.

Siendo un hombre políticamente malicioso, ladino, la ingenuidad presidencial no es creíble, por lo menos no para el grueso de la población y para los organismos de seguridad. ¿Qué se pretende entonces con respecto a los enormes índices de criminalidad, semejantes a los del anterior gobierno? ¿Hasta dónde puede soportar esa política de complacencia sin comprometer la seguridad del país hasta provocar un caos?

No es ningún despropósito plantearse si existe algún tipo de pacto o de negociación, por lo menos con ciertas organizaciones criminales que han metido la mano en el pasado proceso electoral del 6 de junio, de forma tal que cambiaron el rumbo de las elecciones en varios estados claves donde operan los cárteles, como lo es ya casi toda la costa del pacífico.

APODERARSE DE LOS PUEBLOS

¿Para qué quiere una enorme organización del crimen apoderarse de pequeños pueblos, en apariencia ubicados en regiones remotas?

Un ejemplo que está hoy en los medios es el de Aguililla, Michoacán, un pueblo que tenía cerca de 17 mil habitantes y hoy deberá tener apenas ya ocho mil.

Está ubicado dentro la región llamada “tierra caliente” de Michoacán, donde tradicionalmente se han producido drogas como la mariguana y la heroína, que se encuentra muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, el cual era o es controlado por el crimen al grado de traficar inclusive acero de contrabando traído de China.

Estos pueblos sirven además como zonas de seguridad y resguardo, para protegerse de las fuerzas de seguridad oficiales y son puntos de tráfico, donde se puede almacenar mercancía y moverla de ahí a otros estados.

Gran parte de los principales capos del crimen en México son originarios de pequeños pueblos de los estados costeros, donde fueron reclutados e iniciaron sus carreras delictivas.

Controlar la presidencia municipal y, en consecuencia, a la policía municipal y obligar a la población a guardar silencio o, peor aún, a facilitar sus operaciones, es importante.

Aunque tiene ficción para darle el toque televisivo, la nueva serie Somos de Netflix, sobre la masacre de Allende en Coahuila en marzo de 2011, está basada en un trabajo de investigación periodística de una profesional reconocida, que muestra cuál es la dinámica de un brutal cartel de la droga, por cierto dirigido por exmilitares de élite, en un pequeño pueblo perdido en el norte de un estado norteño, pero muy cercano a la frontera con los Estados Unidos.

Michoacán es el principal exportador de productos agrícolas del país, por lo que también la economía regional y local es de interés para los criminales, quienes se apoderan de propiedades, cobran cuotas de piso a los productores y practican también el secuestro en los casos donde hay resistencia.

El caso de los aguacateros tiene ya una muy larga historia de conflictos contra las organizaciones criminales. En el mes de junio más de 2 mil productores y sus familias decidieron formar sus propias autodefensas y tomaron las armas, advirtiendo que no las dejarán en tanto las autoridades federales no cumplan con sus tareas de dar protección y seguridad a las comunidades productoras de aguacate.

LA VOZ DE UN OBISPO

El obispo de Chilpancingo, Guerrero, Salvador Rangel, ofreció una homilía el pasado martes 6 julio en la iglesia de La Asunción de María, en la misma ciudad de Chilpancingo, donde estuvieron presentes familiares de Alberto Castañón Flores, un exfutbolista y funcionario de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que fue privado de su libertad el 18 de junio y a la fecha no aparece.

Al respecto, el prelado católico llamó a la familia de la víctima y a los feligreses a empoderarse en las ciudades para exigir al gobierno que asuma su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Yo en lo particular no soy muy grato al gobierno, porque he declarado y denunciado estas cosas, a mí me da mucha tristeza, lo voy a decir públicamente, que el día de hoy un narcotraficante solicitó la presencia de un presidente municipal electo, ya van a hacer la transa, y me duele que en Chilpancingo también se inyectó una fuerte cantidad que nos va a costar caro la inseguridad aquí en Chilpancingo, es lo que les puedo decir”, señaló Rangel Mendoza.

Luego, recordó que hace cinco años la ciudad de Chilapa “era un mar de sangre”, el sistema de trasporte público de Tlapa a Chilpancingo estuvo suspendido y todo esto se debió a la disputa de la plaza entre los grupos Los Rojos y Los Ardillos.

“Me pidieron una condición porque estaban matando a los choferes. Simplemente me decían que ‘ya no maten indígenas y que no haya el tráfico de armamento’, porque se estaba armando la Montaña”, aseguró el jerarca católico.

Luego, dijo que empezó a viajar a Chilapa para darle valor a la gente y les dijo que “no era justo que estuvieran bailando con la música del miedo, el terror, de la inseguridad y que teníamos que rebelarnos ante esa situación”.

Enseguida, dijo que posteriormente, en Semana Santa, hizo una invitación a la población de Chilapa para que salieran a realizar una procesión y de esa forma, dijo, “se rebeló la gente” y se empoderó de la ciudad.

Por eso insistió en su llamado a los familiares del funcionario desparecido y a sus feligreses a “rebelarse” y “empoderarse” de la ciudad de Chilpancingo.

“Creo que aquí necesitamos algo parecido, ya no queremos más muertes, no queremos más secuestros, no queremos más lágrimas”, expresó el sacerdote.

También, reveló que hace unos días tuvo que subir a la población de San Vicente, en el municipio de Chilpancingo, porque en el lugar se desató una balacera que duró aproximadamente tres horas y la población se refugió en la iglesia.

“Hace poco una balacera de tres horas y le tocó al padre Balta, y estuvieron tirados en la iglesia hasta que hirieron a una niña, y el padre Balta salió con la niña sangrando”, aseguró el obispo católico.

Luego, narró que hace dos años en Chilpancingo “había muchos problemas, muertos y descabezados, todavía hay, pero no tanto”, dijo y remató:

“Yo les quiero decir que se hizo un diálogo con ciertas personas y más o menos tranquilizamos la ciudad, ahorita hay eventos, hay problemas, pero es que están viniendo de fuera a hacer sus fechorías, vienen las hacen y le corren”, señaló el prelado.

“Me van a disculpar también, pero el gobierno sabe quiénes son y dónde están, necesitamos más gobierno, más autoridad y que nos defiendan, y queremos una ciudad segura”, concluyó Salvador Rangel.

A partir de 2022, el estado de Guerrero será gobernado por Evelyn Salgado Pineda, pero en la práctica el gobernador será Félix Salgado Macedonio, uno de los políticos más torvos de Morena, quien ya fue presidente municipal de Acapulco y le dejó sumido en la inseguridad y en manos del crimen organizado.

Evelyn Salgado Pineda tiene 39 años de edad y carece de la experiencia y la formación para ocupar el cargo de gobernadora, en un estado que es una canasta de problemas y conflictos de toda índole, pero entre los que sobresale el dominio del crimen organizado sobre amplias zonas de la entidad. Fue impuesta a capricho de López Obrador, contra todas las recomendaciones de sus propios colaboradores.

LA GUARDIA NACIONAL NO FUNCIONA

Creada al vapor como la solución al problema de seguridad del país, la Guardia Nacional, que incorporó a una parte de la llamada Policía Federal, tiene fuertes problemas para lograr operar como una institución policiaca y ha adoptado un perfil paramilitar, con mandos militares, pero con la intención de López Obrador de incorporarla de manera directa al ejército, en lo que es un proyecto sumamente cuestionado, pues implica un paso muy delicado en la militarización del país.

En la práctica, el ejército se ha convertido en el brazo derecho del gobierno de López Obrador, pero no para tareas de seguridad sino para darle injerencia en funciones de todo tipo que no le corresponden.

El reclutamiento de los elementos de la Guardia Nacional fue completamente improvisado, por lo cual carecen de una formación policiaca, pues no han sido capacitados para tareas de investigación e inteligencia, que son esenciales, y también carecen de una adecuada formación en aspectos jurídicos, como procedimientos penales y en general en técnicas propias de una corporación policiaca.

Desde antes del inicio del actual gobierno, la Guardia Nacional debió ser diseñada por especialistas en el tema, tomando como referencias cuerpos policiacos que ya operan en los países desarrollados, pero hoy, a casi tres años de estar operando, la solución que se pretende es en una especie de ejército paralelo, sólo con cambio de uniforme y de logotipos.

La experiencia, desde el periodo de Felipe Calderón, que tanto es cuestionado por López Obrador, demostró que la incorporación del ejército en tareas de seguridad sólo era eficaz para cierto tipo de operativos especiales, como los realizados por las fuerzas de élite de la marina armada, pero no para tareas policiacas en general.

La escalada de violencia y de muertes en la lucha contra el crimen organizado se disparó de forma exponencial, de 2007 a 2011 y luego se continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El caso de Coahuila ha mostrado que el esquema más eficaz es la coordinación de las fuerzas de seguridad, con un mando único por regiones, donde el gobierno estatal y los municipales juegan un papel activo, complementado con el apoyo del ejército y de la armada.

La Guardia Nacional no está dando resultados y, a mitad del río, López Obrador no encuentra más solución que recurrir al ejército y consumar la militarización de esa organización que él creo tomando decisiones muy en su estilo: sobre las rodillas.

Aunado a la política de “abrazos y no balazos”, se han cometido errores muy importantes en materia de seguridad, que por momentos mandan el mensaje a la sociedad de que la presidencia tiene un trato amistoso con algunos de los carteles más grande y peligrosos que operan en casi todo el territorio del país.

Silvano Aureoles en su banquillo de plástico sentado frente a palacio nacional, en espera de audiencia, debería motivar a una seria reflexión. ¿Hasta dónde se infiltró el crimen organizado en las pasadas elecciones del 6 de junio? La respuesta es verdaderamente preocupante.

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