Partidos políticos: corrupción y manipulación de la democracia

Por: Rodrigo Tejeda

Todos los sistemas democráticos, como el nuestro, están basados en un sistema de partidos que es costeado por nuestros propios impuestos y en una ley electoral, que es aprobada por los diputados que previamente elegimos, para que todo el proceso electoral sea impecable, pero eso es lo que debería ser. En la realidad, los partidos políticos son organizaciones manejadas por políticos profesionales, que pueden convertir esos partidos en agrupaciones sórdidas y utilizarlas en contra de la propia democracia, inclusive destruirla una vez que alcanzan el poder.

El mundo se asombró cuando, en la democracia más grande y vieja del mundo, el Partido Republicano llevó al poder a un sociópata como Donald Trump, populista de extrema derecha que trastornó la vida política estadunidense y a su sociedad, pero afortunadamente pudo ser echado del poder a los cuatro años por el propio sistema democrático.

México vivió en una democracia simulada por casi todo el siglo pasado, con un partido hegemónico considerado como un fenómeno en la historia de la democracia a nivel internacional.

Fue hasta los años ochenta que se inició una tímida apertura política y el PAN, un partido conservador tan viejo como el mismo PRI, comenzó a crecer, junto a otros muy pequeños partidos de izquierda, hasta que una incisión del propio PRI creó al PRD, que fue el primer partido de izquierda con un alcance masivo.

El cuestionamiento es: ¿qué son realmente los partidos políticos actuales, los que acaban de participar en la elección del 6 de junio y, en particular, cuál es el verdadero rostro de Morena, el nuevo partido en el poder que aspira al control del país y de todo el sistema político mexicano?

Aunque es la ciudadanía quien al final decide quién llega al poder y con qué programa, los partidos están de por medio y a ellos la sociedad civil no tiene acceso, porque están apoderados de las mismas camarillas políticas cerradas, que, en el mejor de los casos, se suceden unas a otras por medio de procesos muchas veces tortuosos; una danza de puñales que se ejecuta en la oscuridad, en los sótanos de los comités municipales, estatales y nacionales.

Para existir, esos partidos reciben enormes cantidades de dinero a través de procedimientos formales, pero pueden ingresar dinero sucio para sus campañas por miles de millones de pesos, ya sea provenientes del propio erario o de grupos de poder y del crimen organizado.

En teoría, el dinero que reciben oficialmente tiene como propósito que grupos de poder económico y el mencionado crimen organizado ingieran en los mismos y lleguen a colocar a su gente en cargos de representación pública y en las estructuras de gobierno, pero la pasada elección del 6 de junio demostró que al menos algunos de los partidos le abrieron la puerta al crimen organizado para que financiara campañas.

MILES DE MILLONES DE PESOS

En este año de 2021 los partidos con registro nacional, que fueron un total de 10, recibieron, a través del INE, 7,317 millones de pesos, pero además los 32 Institutos Electorales estatales destinaron un importante presupuesto para los partidos políticos.

Así, un partido nacional recibe un presupuesto para su gasto ordinario, gastos para campañas electorales y para actividades específicas, gastos de franquicia postal, gastos de telegrafía y gasto para el liderazgo de las mujeres.

Sumando todos estos conceptos Morena recibió del INE 2 mil 243 millones 10 mil pesos; el PAN obtuvo mil 240 millones 30 mil pesos; el PRI mil 168 millones 982 mil pesos y el PVEM 553 millones 807 mil pesos, por citar sólo a los cuatro que más reciben.

Pero a nivel estatal, a través de Instituto Electoral de Coahuila, sólo para “gastos ordinarios”, Morena recibió 26 millones 87 mil pesos; el PRI obtuvo 56 millones 563 mil pesos; el PAN 16 millones 745 mil pesos y el PVEM 10 millones 14 mil pesos.

Adicionalmente, para gastos de campañas electorales el IEC entregó al PRI 16 millones 669 mil pesos; a Morena 7 millones 826 mil pesos; al PAN 5 millones 23 mil pesos y al PVEM 3 millones 4 mil pesos, todo ello correspondiente a 2021.

Todo este dinero es debidamente fiscalizado por el INE y es un delito disponer del monto para actividades ajenas a las que son propias de un partido, pero en la realidad el INE, a través de su órgano fiscalizador, constantemente impone multas por la no comprobación de una parte de los recursos que se otorgan.

Morena, cuyo caso se abordará más adelante, tan solo en sus primeros cinco años de existencia se hizo acreedor a multas por 600 millones de pesos por violaciones a la disposición del dinero público, esto sin contar parte de la campaña presidencial de 2018 y los años de 2019 y 2020, ya que fue fundado en enero de 2014.

La Asociación Mexicanos Contra la Corrupción ha calculado que el dinero negro que entra a los partidos políticos es muchísimo más cuantioso que el dinero que reciben para su funcionamiento ordinario, esto durante las campañas electorales, a las que ingresan enormes cantidades de dinero de los mismos gobiernos, de empresarios privados con intereses específicos y, lo que es sumamente preocupante, del crimen organizado, que se está convirtiendo en un aportador cada vez más importante.

Todo el dinero negro que entra a los partidos lo hace en efectivo y se destina, en su mayor parte, al financiamiento de las campañas electorales, donde hay dos tipos de gastos: el gasto legal, que tiene que ser cuidadosamente contabilizado e informado al INE, y el gasto negro que se mueve a través de la estructura del partido. Llega a manos de los dirigentes y va bajando por una pirámide de corrupción hasta llegar a ciertos votantes el día de la elección.

Una idea pintoresca es que la influencia del crimen organizado se da principalmente por medio de la violencia, de las armas, pero la injerencia importante es a través de grandes cantidades de dinero que son inyectadas a las campañas electorales.

El candidato a gobernador que más votación obtuvo de las 15 gubernaturas en juego, fue Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, con un 56.60% del total de los votos emitidos, un porcentaje que no obtuvo ni el propio López Obrador en la presidencial de 2018.

Sinaloa es uno de los narcoestados del país y los grandes capos han sido tratados con guante de terciopelo por el gobierno federal de la 4T. Era imposible ganarle a un candidato con todos los recursos federales, pero además con la enorme estructura y el dinero del crimen organizado trabajando a su favor. 

Esto fue denunciado directamente por Mario Zamora, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, quien obtuvo el 32.5% de la votación, un porcentaje que se puede considerar muy alto para los estándares de un estado como Sinaloa.

En Baja California Norte, el crimen organizado, además de apoyar a la ganadora, Marina del Pilar Ávila, entró directamente a la elección con la candidatura del capo Jorge Hank Rhon, quien se presentó como candidato del PES para bloquear a la alianza PRI-PAN-PRD, e inclusive compró en la recta final a la mayoría de la estructura del PRI para que se le sumara.

En Sonora también resulta inexplicable que un candidato de las características de Alfonso Durazo haya ganado con el 51% de los votos, cuando era un político completamente desarraigado de Sonora y a mediados de la campaña ésta se encontraba cerrada entre el candidato de Morena y la alianza PRI-PAN-PRD, encabezada por Ernesto Gándara, a la que se sumó Movimiento Ciudadano. Hubo un momento en que inclusive Durazo fue llamado a la Ciudad de México porque su candidatura estaba en riesgo y se temía que fuera derrotado. 

La participación ciudadana fue de únicamente el 40.9% del padrón estatal, más de diez puntos por debajo del promedio nacional. ¿Cómo explicar semejante victoria?

En este estado sí se presentó la violencia, la intimidación y el aporte del crimen organizado de forma más abierta.

ESTRUCTURAS CERRADAS Y EN MANOS DE UNOS CUANTOS

Si son los intermediarios entre la voluntad ciudadana y la conformación de gobiernos y el funcionamiento de la república, los partidos políticos deberían ser organizaciones totalmente transparentes, de acceso abierto y con mecanismos internos impecablemente democráticos.

La realidad es completamente distinta. Los viejos partidos son estructuras muy cerradas, manejadas por camarillas que controlan sus dirigencias y toda la estructura, incluida la asamblea general.

Si deseara inscribirse a un partido como el PAN, PRI, Morena o PVEM, un ciudadano ordinario tendría muchos problemas, pero serían muchos más si se deseara escalar en la estructura a puestos de tipo directivo.

Para ingresar al PAN hay que pasar todo un proceso, como si se tratara de una corporación exclusiva, por lo cual su membresía es sumamente pequeña en ciudades como Torreón o Saltillo. Si se desea afiliarse al PRI, en apariencia es más simple hacerlo, pero el gran problema es ascender en la estructura, lo cual, si no es a través de las camarillas y grupos que controlan la dirigencia, es prácticamente imposible.

Morena, que se dice el partido del pueblo y tiene tan solo siete años de haber sido constituido, tiene cerca de dos años de haber cerrado la afiliación de militantes, por indicaciones del grupo que lo controla a nivel nacional; una camarilla aprobada directamente por el propio López Obrador.

El colmo es que la mayoría de sus candidatos no son formalmente miembros del partido, sino simpatizantes acomodados.

Entre la militancia existe una gran división de grupos y facciones, inclusive hay confusión sobre la conformación de la estructura formal del partido y sus dirigentes municipales y estatales, los cuales no son siquiera tomados en cuenta en la designación de las candidaturas, por lo menos las de relevancia, sino que se les imponen candidatos que son realmente políticos venidos del PAN, del PRI, del PRD o sencillamente gente externa relacionada con quienes manejan el movimiento a nivel nacional.

La Asociación Mexicanos Contra la Corrupción ha documentado que políticos panistas utilizan los recursos del partido para sus intereses particulares, como Marcelo Torres Cofiño, que siendo presidente nacional interino del PAN ocultó y manipuló el padrón para que el grupo de Ricardo Anaya controlara la estructura nacional del partido.

La mayoría de los partidos pequeños son, literalmente, propiedad de un político o de una familia de políticos, como sucede con el Partido Verde Ecologista de México, PVEM, o, a nivel de Coahuila, con la llamada UDC, Unidad Democrática de Coahuila, por citar dos ejemplos.

DEL PRAGMATISMO A LO GROTESCO

En teoría un partido debe ser una formación con una idiosincrasia definida, una agenda política también bien definida y de conocimiento público y una postura clara por lo menos ante los problemas más importantes del país y los asuntos que son de mayor interés para la sociedad mexicana y, al momento de las campañas y al asumir los gobiernos y los cargos públicos, están obligados a orientarse con base en lo anterior, pues la ciudadanía vota por ellos guiándose en esa idiosincrasia y en esa agenda.

El PRI, para poder permanecer en el poder por casi un siglo, decidió ser sincrético, es decir que, habiendo emergido de una revolución social a principios del siglo XX, tuvo un acierto grandísimo al no haber adoptado el marxismo como doctrina, algo que sí hicieron Rusia y China, con terribles consecuencias.

A cambio, asumió lo que denominó como el “nacionalismo revolucionario”, que en la práctica se traducía como un partido de corte liberal, tomando la herencia del siglo XIX, pero conciliando con la doctrina conservadora y, al mismo tiempo con una influencia de izquierda moderada, todo junto, lo que explica en gran parte su longevidad y su eficacia como gobierno hasta los años setenta, en que la falta de democracia y la corrupción creciente comienza a desbarrancarlo.

El PAN era originalmente una especie de club social, de corte conservador, inscrito en una corriente de centro-derecha, con fuerte influencia católica pero también una vena de liberalismo, pero no opera como una oposición real sino hasta los años setentas, a raíz de la reforma política propuesta por el propio PRI.

Morena, el partido de moda, se ha tomado más la preocupación de decir lo que no quiere ser que lo que en realidad es, atacando, como si estuviéramos en el siglo XIX, a los conservadores, a los neoliberales, a los capitalistas, al desarrollo científico, a la ecología, a la libertad de prensa, a los verdaderos liberales y últimamente al espíritu de progreso y a los católicos. Ya no le falta casi nadie por descalificar.

¿Pero cuál es entonces su pensamiento? El estatismo, el populismo, la autocracia, la vuelta del viejo nacionalismo revolucionario de hace un siglo, pero, principalmente, lo que se le vaya ocurriendo a Andrés Manuel López Obrador.

En la práctica se entiende que es un partido de izquierda, que no se atreve públicamente a asumirse como tal, y que de la democracia toma lo que le resulta conveniente, pero principalmente es el partido y el gobierno de un hombre, lo que hace que no sea un partido en el sentido estricto del término y explica, de paso, por qué no hay interés en estructurar una verdadera organización política democrática.

Ni siquiera la lucha en contra de la corrupción, que es uno de sus dos grandes motores, está siendo abordada de una manera rigurosa, institucional, sino como un instrumento político.

LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

Para el mundo desarrollado, la democracia mexicana es un caso exótico. Tiene una de las instituciones electorales (el INE) más modernas y eficientes del mundo, con una participación cívico-electoral también ejemplar. Realiza todos los procesos electorales propios de una democracia desarrollada, pero sobreviven viejas prácticas viciosas en los sectores pobres, tanto urbanos como rurales, que son un escándalo a los ojos de los analistas y observadores nacionales y extranjeros.

Es como si se dieran dos elecciones al mismo tiempo: una para las clases medias y altas y otra para los medios populares, que son mucho más grandes que las dos primeras y, al final, deciden quién será el ganador y el perdedor. 

Las campañas electorales formales van dirigidas a toda la sociedad y ordinariamente se basan en eslóganes y manejo de imagen más que en un discurso concreto, pero cada vez se ha venido imponiendo la realización de debates, aunque los mismos tampoco se caracterizan por hacer los planteamientos concretos que se deberían, sino más en una dinámica de descalificación mutua, pero sí se dan posturas que permiten a la sociedad, por lo menos a las clases medias, tratar de orientarse sobre quiénes son los candidatos.

El problema es que hay otra campaña que se da en todos los medios populares y rurales, en los cuales los partidos operan toda una estructura territorial a través de sus comités seccionales, o como se le quiera llamar a una estructura que hace todo un trabajo de campo por medio del cual cuadriculan los barrios, colonias y ejidos por manzanas, designando a un promotor por cada sección o cuadro; esta persona representante tiene un liderazgo y se encarga de hacer una larga campaña, que inicia hasta con años de anticipación o es permanente.

El líder o la, generalmente, lideresa regala despensas, materiales para la construcción, vales, camisetas, cachuchas, paraguas, mochilas, entre muchas otras cosas. Al tiempo que se dan los regalos, hacen proselitismo y van comprometiendo el voto de cada ciudadano, usando también copias de censos de programas sociales de asistencia gubernamental.

Todo converge el día de la elección, cuando cada lideresa recorre su sección o sector para verificar que los beneficiados acudan a votar y se da entonces lo más delicado: la entrega de dinero en efectivo por cada voto, inclusive con la promoción de uno más uno y de uno más dos, lo que significa que se paga el voto de la persona, pero se da otra cantidad por llevara a votar a otra persona o a dos más.

Se paga por anticipado, pero principalmente se paga al mostrar la fotografía de las boletas cruzadas en el teléfono celular.

Se gastan cantidades enormes de dinero negro, que nunca se sabe de dónde sale.

Se pensaba, ingenuamente, que con la llegada de Morena al poder federal esto iba a desaparecer, pero fue todo lo contrario: empeoró, porque a las dádivas tradicionales se ha sumado el uso de los llamados “Censos del Bienestar” para presionar el voto, bajo la intimidación de que si no se vota por el partido oficial se retiran dichos beneficios.

Y esto empeoró y empeorará aún más, porque a diferencia de otros partidos, Morena ha ido reduciendo aceleradamente sus simpatizantes entre las clases medias, que, ésas sí, votan de forma espontánea y por convicción, pero el ciudadano más pobre se ha ido enviciando cada vez más a vender su voto, en lo que es el problema más grave de corrupción de la democracia mexicana y de la operación de los partidos políticos.