El abuso de las licencias de funcionamiento y otros cobros municipales

Por: Eugenia Rodríguez

El sujeto, de estatura más bien baja, regordete, sudoroso, entra al negocio acompañado de una mujer también sudorosa y de estatura baja. El hombre lleva en sus manos una carpeta y muestra un gafete que lleva colgando del cuello. Afirma que es inspector municipal e indica que está verificando la vigencia de la llamada Licencia de Funcionamiento, un impreso que debe estar enmarcado y colgado a la vista en todo establecimiento comercial del municipio.

En este caso, debido a la pandemia, el negocio ha estado cerrado algunos meses y la renovación de tal licencia se acaba de hacer, por lo que no se encuentra colgada a la vista, lo que motiva de inmediato que el inspector municipal amenace con una multa “de más de siete mil pesos”.

Se le indica que ya está renovada la licencia pero no ha habido tiempo de colgarla en la pared, a lo que este reclama que es una disposición oficial que debe estar a la vista, por lo cual se está cometiendo una falta, cuando él ya se preparaba para insistir en lo de la multa “de más de siete mil pesos”. El sujeto, quien no es modelo de educación y mucho menos de amabilidad, termina por retirarse.

Coahuila, de acuerdo al último censo del INEGI, tiene registrados sólo en el sector comercio un total de 83,639 establecimientos, de los cuales el 27.1% se ubican en Torreón, lo que representa alrededor de 22,600 establecimientos, los que tienen que pagar de 4 a 7 UMAS por la renovación de la licencia cada año, esto es: de 356 a 623 pesos.

Si suponemos un promedio de 450 pesos por establecimiento, el gobierno municipal ingresa por este concepto al menos 10 millones de pesos anuales, sin contar todas las multas que se aplican por no hacer la renovación a tiempo.

Pero antes de tener una licencia de funcionamiento, un negocio debe pasar por la inspección de los departamentos de protección civil, de medio ambiente y de salud, lo que implica hacer pagos de 352, 412 y 343 pesos respectivamente, pero ése no es el problema sino la posible corrupción de los inspectores de cada área.

En teoría todo establecimiento que se desea abrir debe tener la autorización de protección civil, de medio ambiente y de salud, pero muchas veces no se reúnen los requisitos establecidos para obtener la aprobación, lo que se presta a que los inspectores pidan un “moche” para otorgarla, lo que no está generalizado pero sí es muy frecuente.

Hay giros, como el de venta de alimentos o de ciertos productos, que requieren exigencias muy precisas de salud en sus instalaciones, u otros que requieren de medidas de seguridad o de no emisión de contaminantes, por lo que deben cubrir ciertos requisitos precisos, y muchos lo hacen, pero un alto porcentaje prefiere un “arreglo” con los inspectores.

El cobro anual debería financiar la inspección de establecimientos que deben tener una higiene y medidas ambientales muy rigurosas, por el bien de la salud de la población, pero, por citar sólo un ejemplo, el estado de higiene de las cocinas de la mayoría de los restaurantes espantaría a sus clientes, pero nunca son revisados por los inspectores de salud municipal.

El cuestionamiento obligado: ¿qué da a cambio el gobierno municipal por el cobro anual de la llamada licencia de funcionamiento? Y lo cuestionable es que no da absolutamente nada, simplemente es un cobro que se han inventado para incrementar la recaudación, como son muchas otras licencias y trámites que cobra el sector gubernamental en sus tres niveles.

Con frecuencia se menciona que en México la recaudación de impuestos es baja, pero en la realidad es que el ciudadano paga una cada cantidad cada vez más grande por licencias, permisos, derechos, trámites y servicios, muchos de ellos absurdos sin ningún fundamento y que se prestan con mucha frecuencia a la corrupción de los funcionarios municipales.

Otro aspecto que no parece justo es que un micronegocio que tiene de 1 a 10 empleados paga por refrendo de Licencia de Funcionamiento 4 UMAS (356 pesos), en tanto que un establecimiento mediano, que tiene de 51 a 250 empleados, paga únicamente 6 UMAS (534 pesos) y una empresa grande, de 251 a 1,000 empleados paga solamente 7 UMAS (623 pesos).

La gran mayoría de los establecimientos comerciales del municipio caen dentro de la categoría de 1 a 10 empleados, por lo que existe un evidente propósito recaudatorio, ya que proporcionalmente se les cobra mucho más porque representan la mayoría.

No existe una disposición legal que dé un fundamento serio al cobro anual de una cuota por la Licencia de Funcionamiento de un negocio o comercio, cuando éste paga sus impuestos a Hacienda y además hace toda una serie de pagos por los más diversos conceptos.

Sólo para hacer una referencia, cada usuario de energía eléctrica en la Comarca Lagunera tiene que pagar el equivalente al 5% del consumo total por concepto de Derecho de Alumbrado Público. A un comercio que paga un recibo bimestral de 818 pesos se le cargan 189 pesos por el DAP, cuando su pago, ya considerando el llamado cargo fijo, la energía consumida y el 16% del IVA, es de 629.46 pesos bimestrales, así que el cargo del DAP no es del 5% sino, por lo menos en este caso documentado, del 30%. Es el caso de un local comercial de 80 metros cuadrados.

De acuerdo al último censo del INEGI (2016), el municipio de Torreón tiene 195,940 casas, sin contar todos los establecimientos que tienen diversos giros económicos. En total la zona conurbada, sumando Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros, tiene 376,314 casas habitación.

¿Cuánto se está pagando realmente por el Derecho de Alumbrado Público? Si en Torreón se cobrara a cada domicilio privado 100 pesos bimestrales, lo cual es un estimado muy bajo, se estarían recaudando 20 millones de pesos. Si se suma el sector comercial, con los 22,600 establecimientos registrados, y si el gasto bimestral de luz fuera de un estimado muy conservador de mil pesos, se están recaudando de esta fuente cerca de 5 millones de pesos. En ambos casos los cálculos son sumamente conservadores, pues en la temporada de calor, que abarca desde el mes de mayo hasta septiembre, por lo menos, el consumo de energía eléctrica se incrementa notoriamente.

Estamos así llenos de cobros municipales cuya rendición de cuentas nunca se da, y cuyos números reales no están en los portales de transparencia de los gobiernos municipales, para no verse fiscalizados.

Revise cuidadosamente sus recibos de cobro de predial, de agua, de luz, de casi todos los trámites que realiza con un gobierno municipal y se llevará muchas sorpresas desagradables.