El partido del crimen y la complacencia gubernamental

El partido del crimen y la complacencia gubernamental

Por: Eugenia Rodríguez

¿Necesitan las organizaciones del crimen organizado y los grandes cárteles del narcotráfico imponer a sus propios candidatos en las elecciones del 6 de junio?

Sí y no, dependiendo del estado y del municipio que se trate y de las luchas que libran entre sí los cárteles por el control de ciertos territorios.

Si un candidato está vinculado a una determinada organización criminal, en un territorio que controla, por supuesto que es mucho más cómodo tener en la presidencia municipal a alguien que trabaja para ella, pues la estructura policial del municipio queda al servicio del crimen y le cubre la espalda de los operativos que puedan emprender las fuerzas policiales estatales y federales.

Si un determinado municipio está en disputa entre dos organizaciones del crimen, los candidatos de los diferentes partidos se enfrentan a un serio problema, pues van a ser presionados por ambos bandos y, en caso de inclinarse por uno de ellos, los contrarios le pueden asesinar o tomar represalias. En el mejor de los casos le financian la campaña al que más les convenga para que gane y no verse en la “necesidad” de matar al que más les incomoda.

El problema más fuerte es que los políticos y funcionarios que más riesgo corren son los presidentes municipales de municipios chicos, digamos de entre 100 mil y 150 habitantes, o bien municipios cuya demarcación territorial tiene relación con las rutas del narcotráfico o con la producción de estupefacientes y otras actividades criminales, aunque sean muy pequeños en población.

Si un presidente municipal que dirige un modesto o pequeño gobierno local no desea meterse en problemas o en peligro, sencillamente voltea hacia otro lado y deja que el crimen organizado realice sus actividades.

Puede suceder, como lo ha demostrado el caso de Coahuila, donde el gobierno estatal, en coordinación con las fuerzas federales, proteja todos los municipios que considere necesarios, en cuyo caso el presidente municipal juega un papel discreto y se mantiene en la segunda línea, pues si se atiene a sus propios recursos está totalmente desprotegido.

En los municipios grandes o muy grandes, la fuerza policiaca puede tener los recursos y el tamaño suficientes para enfrentar al crimen organizado, pero muchos presidentes municipales aun así prefieren mantenerse al margen, pasándole la tarea a los gobiernos estatales y a las fuerzas federales, específicamente al ejército y la marina armada.

Esto es lo que ha pasado por ejemplo en el actual gobierno panista de Torreón, que tiene un cuerpo policiaco grande y ha invertido recursos importantes en crear un Centro de Inteligencia, pero el director de seguridad, Primo García Cervantes, es un funcionario medroso y encerrado en un círculo personal casi impenetrable, pero que no está dispuesto a combatir actividades del crimen organizado, sino sólo lo que se denomina como “delitos del fuero común”, por lo cual es el estado y las fuerzas federales los que realizan las tareas delicadas.

Si un gobernador se colude con el crimen organizado, todos los presidentes municipales de esa entidad están en un problema: optar por también coludirse con el crimen, con todos los riesgos que eso implica, o por establecer una política de disimulo y de tolerancia hacia el crimen organizado, para evitar amenazas, extorsiones, peligro a sus familiares y hacia ellos mismos.

LA COMPLACENCIA GUBERNAMENTAL

La nueva secretaria de Seguridad del gabinete federal, Rosa Icela Rodríguez, una funcionaria que no le inspira confianza ni a los mismos gobernadores en temas realmente delicados y frente a todo el poder de los enormes cárteles y sus organizaciones satélites que operan en todo el país, ha manifestado que tienen una estrategia para impedir que opere en el proceso electoral el que han llamado como Partido del Crimen.

Las medidas que propone son ambiguas y poco funcionales para atacar el problema que se enfrenta al nivel de los estados, especialmente aquéllos donde la presencia criminal es mucho más fuerte.

La propia Rosa Icela Rodríguez considera que hay siete estados que enfrentan un mayor problema de posible injerencia del crimen organizado en las elecciones: Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco.

La lista de la secretaria de Seguridad muestra, de entrada, lo que se puede considerar como un mal diagnóstico.

Deja fuera a estados como Tamaulipas, Nayarit, Quintana Roo, Baja California Norte, Zacatecas, Durango, parte de Chihuahua, parte de Sonora, Guanajuato y parte de San Luis Potosí, por citar sólo algunos más.

De acuerdo a los datos oficiales de la propia Secretaría de Salud, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con la acción del crimen organizado en contra de políticos, funcionarios y presidentes municipales, de los cuales 64 han sido homicidios, la casi totalidad de los cuales quedarán irresueltos.

Enrique Vargas, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), ha declarado recientemente que desde 2018 se elaboró un catálogo de seguridad para los presidentes municipales, el cual incluía, entre otras medidas, una línea directa con la Secretaría de Gobernación, para solicitar la acción inmediata de la federación en casos donde los alcaldes enfrentaran problemas con el crimen organizado.

Pero el propio Enrique Vargas denuncia que este catálogo de seguridad fue desechado por el actual gobierno federal, sin sustituirlo por algún otro mecanismo, mientras el crimen organizado controla territorios completos y la situación se vuelve cada vez más delicada.

Una medida realmente eficaz para contener la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales y en general en la política, requeriría de todo un grupo de trabajo, donde participaran los gobiernos estatales de manera directa, las fuerzas de seguridad federal, el ejército, la marina, los organismos de inteligencia federales y la Secretaría de Seguridad, pero en un trabajo serio, permanente, no sólo antes de los procesos electorales.

Hay estados como Sinaloa y Jalisco, por citar sólo un ejemplo, donde los cárteles del narcotráfico distribuyen abiertamente despensas, reparten dinero en efectivo, le imponen cuotas a todas las actividades económicas y controlan políticamente municipios completos. Lo mismo sucede en Michoacán.

Hay regiones donde el jefe del crimen da instrucciones sobre quién debe ser apoyado para ganar las elecciones, guiándose por candidatos, más que por partidos políticos.

Aunque Rosa Icela Rodríguez habla de tomar medidas para frenar al Partido del Crimen, los grandes cárteles y organizaciones criminales parecen estar trabajando más cómodamente que nunca e inclusive es muy probable que la mayoría no tenga ni necesidad de meterse en el proceso electoral, pues al que quede lo compran, lo amenazan o hasta lo matan.

El anterior Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien duró 22 meses en el cargo y dejó un saldo de 63 mil 792 homicidios dolosos y un país donde hay 10 feminicidios diarios, se fue de candidato a gobernador a Sonora, pero se llevó con él una especie de guardia pretoriana compuesta por 75 marinos de las fuerzas especiales, quienes lo custodiaban durante el tiempo que duró como secretario; ahora los llevó hasta Sonora para que lo siguieran protegiendo en su campaña, sólo que el asunto se filtró y le fue retirada dicha guardia.

Alfonso Durazo está amenazado de muerte por una de las bandas criminales que operan en los estados norteños de Sonora y Chihuahua, la cual maneja el argumento de que Durazo “no cumplió con los compromisos que hizo”.

Si esto pasa con el exsecretario de Seguridad como candidato a una gubernatura, habrá que imaginar cómo la pasan los candidatos a presidentes municipales de las regiones controladas por el crimen organizado.

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