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El crimen organizado controla el 35% del país

Análisis Político y Social / Opinión / 6 abril, 2021

Por: La Redacción/Agencias

De acuerdo a las declaraciones emitidas el pasado 17 de marzo por el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el crimen organizado controla entre el 30% y el 35% del territorio de México, lo que fue rechazado al día siguiente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la información del militar norteamericano se apega a una realidad que es inclusive de dominio público, y, algo muy grave, la tendencias de las organizaciones criminales es hacia la expansión, ante una política de seguridad pública fallida.

En una conferencia de prensa en el Departamento de Defensa estadounidense, el general aseguró que muchos de los problemas que enfrenta la frontera sur de ese país, como la migración, son impulsados por desastres naturales, la pandemia de COVID-19 y las organizaciones criminales.

“Narcotráfico, migración, tráfico humano, todos son síntomas de las organizaciones criminales transnacionales que operan con regularidad en áreas sin gobierno, del 30% al 35% de México, y es lo que está creando algunas de las cosas que enfrentamos en la frontera”, afirmó el militar.

VanHerck comparó “la ingobernabilidad” que generan esos grupos de crimen organizado con lo que sucede en naciones como Rusia o China. “Crean vulnerabilidades potenciales y oportunidades para actores alrededor del mundo, lo mismo ocurre en áreas sin gobierno e inestables con fallas potenciales de gobierno que China, Rusia y otras naciones aprovechan para explotar. Esto ocurre aquí en nuestro propio vecindario, en nuestro hemisferio”, afirmó.

Recientemente, en un informe, la Administración de Control de Drogas​ (DEA) identificó a los cárteles mexicanos como “la mayor amenaza” del narcotráfico para Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Beltrán Leyva, el Cártel del Noreste, Los Zetas, Guerreros Unidos, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, La Línea, La Familia Michoacana y Los Rojos.

“Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas son la mayor amenaza del narcotráfico para Estados Unidos; controlan la mayor parte del mercado de drogas de EU y han establecido rutas de transporte variadas, tienen capacidades de comunicación avanzadas y tienen fuertes afiliaciones con grupos criminales y pandillas en los Estados Unidos”, advierte el informe.

Al ser cuestionado al respecto, el presidente López Obrador rechazó que una tercera parte del territorio sea controlada por organizaciones del crimen organizado. “No es cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos; nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con Estados Unidos”, aseguró.

El mandatario federal insistió en que con el gobierno de Joe Biden existe una buena relación, en la que el político demócrata respeta a su administración y, por su parte, México aplica los principios de política exterior de no intervención. “Él es muy respetuoso con nosotros y no nos metemos. El respeto al derecho ajeno es la paz”, sostuvo.

LA CRUDA REALIDAD

Aunque López Obrador prometió en su campaña electoral el combate frontal a la delincuencia organizada y la disminución de la delincuencia en el país, tan solo el año pasado de 2020 se registraron en México 34,000 asesinatos, aun con el confinamiento establecido por la pandemia del COVID-19 y las medidas que bajaron la movilidad social.

Las mismas fuentes de la DEA, que en teoría ha sido limitada para operar en México y debe reportar al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, todas sus operaciones, extendiendo dicha obligación a todas las autoridades mexicanas que tengan algún tipo de contacto con la DEA, propició que en el mes de enero 40 de los 50 agentes que operaban en México salieras del país, pero esto coincidió con el término del gobierno de Donald Trump.

Hoy la DEA está reclutando especialistas para investigación y análisis de datos para operar en territorio mexicano, aunque el gobierno de Joe Biden no ha dado a conocer todavía cuales serán sus políticas de trabajo en México, después de que en el mismo mes de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara fuertemente la labor de la DEA por la detención del general Salvador Cienfuegos Cepeda, acusado de estar coludido con una organización del crimen organizado para la introducción de drogas a gran escala a los Estados Unidos.

La mayoría de los especialistas en el tema de seguridad en México, coinciden en que las afirmaciones del general Glen VanHerck no están distanciadas de la realidad, por más que las autoridades federales se esfuercen en negarlo.

La organizaciones del crimen organizado, a través de los grandes cárteles y todas las agrupaciones satélites que manejan, controlan grandes territorios de estados como Tamaulipas, parte de Chihuahua, parte de Sonora, Sinaloa, parte de Baja California Note y Sur, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Nayarit, parte de Veracruz, parte de Quintana Roo, parte de Guanajuato, de San Luis Potosí, gran parte de Zacatecas y de Durango e, inclusive, tienen una fuerte presencia territorial en varias delegaciones de la propia Ciudad de México y varios municipios del Estado de México.

Los asesinatos de candidatos a diversos puestos de representación popular para las elecciones del próximo 6 de junio se han multiplicado, sin que el estado tenga la capacidad de protegerlos.

Si los asesinatos se han incrementado notoriamente, las amenazas y los chantajes en contra de candidatos de diversos partidos en una gran cantidad de municipios, es otro problema muy grave que se está presentando.

Aunque lo refirió en forma eufemística y de sátira, el propio presidente López Obrador de ha referido a lo que denominó como “El Partido de la Delincuencia Organizada”, refiriéndose a las prácticas electorales viciosas utilizada en el pasado, pero el gran problema es que aunque no exista como tal un Partido de la Delincuencia Organizada, las organizaciones del crimen están tratando de influir con mucho mayor agresividad en los procesos electorales de los estados donde controlan territorios y tienen un poder que rebasa, con mucho, a las autoridades locales.

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