Agua para La Laguna: La corrupción de Conagua

Por: Rodrigo Tejeda

Sin un origen claro y sin haber realizado antes una evaluación integral del problema del agua en la región lagunera, el proyecto denominado Agua Saludable para La Laguna ha iniciado en teoría, pero el proyecto ejecutivo es desconocido para académicos, ejidatarios, organizaciones ambientalistas, miembros de los consejos de cuenca e inclusive los propios gobiernos municipales y estatales, lo que ha despertado un gran escepticismo en torno al mismo.

Para ambientalistas como Gerardo Jiménez, investigador del colectivo Encuentro Ciudadano Lagunero y vocal del Consejo de Cuenca, este proyecto, que implicaría una inversión superior a los 12 mil millones de pesos, no es la solución al problema; mientras no esté acompañado de un proyecto de recuperación del río y de los acuíferos, el problema va a seguir, e inclusive se va a agudizar.

En la opinión de Gerardo Jiménez, el proyecto debería ser integral e incluir la telemetría para tener un control en tiempo real sobre las extracciones de los pozos en el acuífero principal, para poder frenar la sobreexplotación.

Todos los involucrados insisten en que necesitan conocer el proyecto ejecutivo, el cual fue ofrecido por la CONAGUA en el pasado mes de diciembre de 2020, pero fue hasta principio de marzo que la dependencia federal publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), afirmando que no se identifican cambios al funcionamiento del sistema ambiental regional y que los impactos sólo se reflejarán en el área de influencia directa al proyecto, los que “serán prevenidos, controlados y monitoreados  a través de medidas que se manejan mediante programas ambientales”.

La CONAGUA le presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una serie de datos técnicos sobre la obra que pretende la extracción de agua de la presa Francisco Zarco a razón de 6.34 metros cúbicos por segundo, mediante una planta de bombeo, su conducción a lo largo de casi 12 kilómetros utilizando tres tuberías, hasta llegar a una planta potabilizadora, la cual será a base de gas cloro en su proceso.

Sólo unos días después, el propio gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, declaró a los medios que considera muy difícil que pueda concretarse el programa Agua Saludable para La Laguna, debido a que es un proyecto demasiado complejo y tiene muchas aristas que el Gobierno Federal no ha concentrado en los expedientes.

El mandatario estatal añadió que se han realizado algunas reuniones con los propios productores  y empresarios principales de la Comarca Lagunera, así como propietarios de algunas fuentes de abastecimiento, quienes han puesto sobre la mesa una serie de planteamientos para poder sacar adelante el proyecto.

A partir de lo anterior Riquelme Solís especificó que “aún falta muchísimo por contemplar y por hacer, lo que lleva a pensar que a dicho proyecto aún le falta muchísimo tiempo”, por lo que difícilmente se podrá realizar o concretar durante el actual gobierno federal.

Añadió que el gobierno a su cargo tiene toda la disposición de contribuir, pero se observan muchas fallas dentro del proyecto y un gran número de necesidades que se tienen que enfrentar, mucho antes de llegar a un camino real de traer agua de la presa para el consumo humano.

LA REALIDAD DE LOS ORGANISMOS OPERADORES

La realidad de lo que está pasando en las zonas urbanas y rurales de la región lagunera se refleja claramente en Torreón, que concentra cerca de la mitad de toda la población de la comarca.

El año pasado de 2020, la crisis del abasto y de la calidad de agua que se destina al consumo humano empeoró e inclusive hizo crisis en varios sectores de colonias de clase media alta y alta, cuando anteriormente los problemas de abasto se presentaban en las colonias más pobres de la ciudad.

Una colonia tan emblemática como Torreón Jardín se quedó sin agua al secarse los dos pozos privados que la abastecían y hubo necesidad de desviar agua de las colonias aledañas, tanto de tipo residencial como popular.

El deterioro de la calidad del agua tampoco pudo ya ocultarse y se filtró que el problema del arsenicismo afecta ya a varios sectores completos de la ciudad, incluidos sectores de clase media y media alta, así como a zonas urbanas de reciente creación, como Senderos.

El SIMAS Torreón ha recurrido a la mezcla de agua de diferentes pozos para bajar las concentraciones de arsenicismo, pero aun así se están en muchas colonias por encima de la norma permitida.

La norma norteamericana establece un máximo de 10 ppb (partes por billón) en el agua para consumo humano. En Torreón se registran pozos que tienen concentraciones por encima de 20 ppb e inclusive de 30. Lo mismo se repite en pozos destinados a la extracción de agua para consumo humano en los municipios de la periferia, como San Pedro y Matamoros.

Gran parte de la sobredemanda de agua y en consecuencia de la explotación intensiva de pozos en las zonas urbanas de La Laguna está relacionada con dos serios problemas: el desperdicio del líquido por una nula cultura en su consumo y, un problema aun mayor, las fugas en las redes de distribución, debido al mal mantenimiento de los organismos operadores y a la falta de inversión en la renovación de las mismas.

Juan José Gómez, director del SIMAS Torreón, ha reconocido públicamente en varias ocasiones, que tan solo se aprovecha un 43% del agua que se extrae a través de la red de pozos, desperdiciándose el 57%: 27% debido a los malos hábitos de la población en general y un 30% por las fugas que existen en la red.

Es un nivel de incompetencia altísimo, pero desgraciadamente es una constante en una gran cantidad de ciudades del país, la diferencia es que la comarca lagunera se ubica en un desierto.

Además de este desperdicio, Juan José Gómez reconoce que de los 190 mil hogares que tienen registrados en Torreón, solamente entre 60 y 65% tienen medidores de consumo de agua, por lo que en este año de 2021 se instalarán 40 mil nuevos medidores para reducir drásticamente la evasión del pago de agua, lo que es otro gran problema, mucho mayor en ciudades como Matamoros, considerado como el municipio más incompetente y anómalo en el manejo del agua potable.

LA CORRUPCIÓN DE LA CONAGUA

Hace ya más de 30 años que se presentó el problema del arsenicismo en municipios como San Pedro y Francisco I. Madero, inclusive se tuvieron que construir obras para el abasto de agua potable a ciertas comunidades rurales.

Lejos de considerarlo como una señal de alerta y de adoptar políticas para la normación de la explotación de los acuíferos subterráneos, en un periodo en que se estaba a tiempo, la CONAGUA, que es el organismo federal responsable de cuencas centrales del norte, continuó con la corrupción, un problema que es endémico en esta dependencia, sólo que esta corrupción e ineficiencia se tradujeron en una gran irresponsabilidad social, cuyas consecuencias han alcanzado hoy a la población de toda la comarca.

Hace décadas que los ambientalistas y diversos organismos e instituciones han venido insistiendo que se implementen cambios y una nueva normatividad en el uso de agua para fines agrícolas, que absorbe casi la totalidad de la extracción.

Todavía en 2015, la propia CONAGUA publicó un documento denominado “Disponibilidad de Acuíferos”, en el cual da a conocer que la extracción de agua del acuífero principal de La Laguna era de 1,221.8 millones de metros cúbicos por año, mientras que la recarga era de apenas 518.9 millones de metros cúbicos, menos de la mitad.

De esta extracción total, 1,045 millones de metros cúbicos se destinaban a la agricultura, principalmente al cultivo de forrajes, mientras que solo 127.8 millones de metros cúbicos, apenas un 10%, estaba destinada al consumo humano y 23.1 millones de metros cúbicos, el 2%, a la industria.

Ante estas cifras alarmantes, la CONAGUA no hizo nada en concreto, como tampoco lo había hecho en los 25 años anteriores y sólo hay una explicación: corrupción.

Pese a la insistencia de varias organizaciones ambientalistas, nunca se ha conocido el padrón completo de pozos que están explotando el acuífero, de los cuales una mayoría carecen de medidores volumétricos que permitan regular la extracción de agua que realizan.

La explotación del agua subterránea y los derechos del agua rodada que proviene del Río Nazas, se ha convertido en todo un mercado negro, donde los agricultores con más capacidad económica acaparan tanto la explotación como la compra de derechos o la compra indebida del líquido, a través de los encargados de los módulos de riego y los inspectores de la CONAGUA.

Al irse reduciendo gradualmente la siembra del cultivo algodonero, que llegaba a abarcar un promedio de 80 mil hectáreas en la época del llamado “oro blanco”, hoy únicamente se cultivan un máximo de 18 mil hectáreas, en contraste con cultivos forrajeros para el ganado lechero y de engorda.

En 2020 y con base en cifras oficiales, 38,860 hectáreas estaban destinadas a la alfalfa y 17,378 a la avena forrajera, además del cultivo de otros forrajes, como el maíz y el sorgo forrajero.

En el periodo primavera-verano 2020 se sembraron 53,618 hectáreas de maíz forrajero y 14,025 de sorgo forrajero, de un total de 177,000 hectáreas que se cultivan en la región lagunera.

Con una enorme irresponsabilidad, que sólo explica la corrupción, la CONAGUA ha lanzado este proyecto de Agua Saludable para La Laguna, sin antes hacer nada para regular la sobreexplotación del acuífero (la cual sigue, hasta la fecha, intacta), sin eliminar la corrupción del uso de los pozos de extracción de uso agrícola y sin un programa de mejora de la eficiencia en la operación de los organismos administradores del agua en toda la región.

En lugar de ello, pretenden gastar 12 mil millones de pesos en un proyecto complicado, de discutible viabilidad y que no hará sino empeorar la sobre explotación del acuífero, hasta llegar una crisis grave, sin retorno.