El absurdo reparto del presupuesto de obras en Torreón

Por: Gerardo Lozano

El gobierno municipal de Torreón tiene autorizada por el Congreso del Estado una Ley de Ingresos para 2021 de 3 mil 545 millones 180 mil 120 pesos, los que se podrían modificar si la recaudación sigue aumentando.

Es un buen presupuesto, tomando en cuenta que no existe ningún endeudamiento de importancia, pero el problema es cómo se gastará este dinero y el esfuerzo que están haciendo los contribuyentes en tiempos especialmente difíciles para la economía de las familias, quienes son castigadas, aún con la pandemia encima, con incrementos anuales en el impuesto predial y toda una serie de cobros adicionales que incluyen alumbrado, pavimento, basura, DIF, bomberos y demás.

Desde que inició el primer gobierno de Jorge Zermeño, el portal de transparencia del gobierno municipal, que debería estar actualizado al día, pues para ello existe personal suficiente, se ha ido convirtiendo, cada vez más, en una zona oscura, donde no se actualiza la información y es cada vez más complicado el trabajo periodístico de obtener datos precisos sobre en qué se gasta el dinero municipal.

En teoría cualquier persona puede ingresar a ese portal y, por ley, debería obtener información precisa y actualizada, pero esto no es posible, mientras que los funcionarios municipales encargados de las principales direcciones han utilizado el COVID-19 como un buen pretexto para no dar información a los medios de comunicación, mientras que la mayoría de los 48 millones de pesos que se gastan en comunicación social, que deberían estar destinados a informar, están más bien destinados a tratar de ocultar información y comprar publicidad para silenciar a ciertos medios.

Si se revisa la asignación de recursos al área de obras públicas, se puede apreciar un gran absurdo. Para la Dirección General de Obras Públicas, que maneja Tomás Galván, se están destinando únicamente 240 millones de pesos en inversión para 2021, más 120 de pesos en propuestas que se realizaran al COPLADEM, las cuales pueden ser aprobadas o no.

En contraste, el cabildo ha autorizado 750 millones de pesos para lo que se denomina como Mantenimiento Urbano, una dirección que está a cargo de Antonio Loera, que en teoría depende de la Dirección General de Obras Públicas, pero en la práctica depende directamente de Jorge Zermeño y es donde se da la asignación de contratos a los allegados del alcalde y, en la opinión de los organismos empresariales de la construcción y de prestadores de servicios, tiene una importante injerencia Alfonso Zermeño, el hijo cómodo de Jorge Zermeño.

Antonio Loera, quien es maestro albañil simbrero de oficio y no cursó más allá de los estudios primarios, fue colocado inicialmente como Director General de Servicios Administrativos del gobierno municipal, pero tenía una injerencia indebida en muchas otras áreas y realizaba una gran cantidad de compras de manera directa.

Era evidente que se trataba del hombre de confianza de Jorge Zermeño para hacer negocios desde el gobierno municipal, pero pronto comenzó a enfrentar fuertes críticas por anomalías en muchos asuntos internos de la administración, entre otros la nómina, que se lleva casi la mitad de todo el presupuesto municipal.

Pronto comenzó a ser denominado como el “vicealcalde” por la crítica y llamó demasiado la atención de los medios de comunicación, por lo cual Jorge Zermeño decidió cambiarlo a la Dirección de Desarrollo Urbano, ubicada en lo que fuera el edificio del Banco de México, con lo cual lo alejó de la atención de los medios de comunicación, pero le dio más poder real y muchísimo más presupuesto.

Surgió así una dualidad: por una parte el manejo del presupuesto directo en obras públicas, que controla Tomás Galván, quien sigue los procedimientos que marca la ley para la asignación de obras, aunque la selección de empresas queda a criterio del propio Jorge Zermeño, y por la otra la Dirección de Mantenimiento Urbano, Manejada por Antonio Loera, donde existe una manga anchísima para hacer adquisición de todo tipo de materiales, de contratación de obras y de asignación de trabajos de manera directa.

MULTIPLES ANOMALÍAS

En la presentación del informe del gasto municipal para el último trimestre de 2020, se registraron anomalías tan importantes como la referente al Centro Histórico, que se cobra indebidamente a todos los ciudadanos junto con el impuesto predial.

De 26 millones de pesos presupuestados para 2020, se informó que únicamente fueron gastados 5 millones 289 mil pesos, por lo que se desconoce qué destino se le dio al resto de los 20 millones 733 mil pesos que no fueron ejercidos.

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico tiene establecida una demanda en contra de Jorge Zermeño Infante y quienes resulten responsables, por el desvío de fondos y corrupción en el manejo del presupuesto del Centro Histórico y ahora, como una aparente represalia no se aplica en 2020 casi todo el presupuesto que, por disposición legal, debe ser destinado al cuidado de este sector de la ciudad.

Las anomías abundan. En el año de 2020, en plena pandemia, el área de Desarrollo Social, en su programa alimentario, que consiste en la distribución de despensas, ejerció un presupuesto de 10 millones 200 mil pesos, pero para este año de 2021, que es electoral y el propio Jorge Zermeño estará en campaña por el V Distrito, se han asignado 25 millones de pesos, más del doble, para el reparto de despensas en las colonias populares.

Otra anomalía más de muchas. El gobierno municipal le asignó a la empresa Vértice de La Laguna, S.A de C.V, dos contratos por 35 millones 132 mil pesos para la recolección de basura vegetal, cascajo y escombro en la ciudad. El primer contrato fue asignado el 14 de agosto de 2019 por 10 millones 376 mil 789 pesos, pero finalmente se pagaron más de 13 millones de pesos por trabajos realizados de agosto a diciembre de 2019.

El 23 de marzo de 2020 se asignó un segundo contrato, ahora por 20 millones 793 mil 862 pesos a la misma empresa para recoger escombro en la ciudad de esa fecha a diciembre de 2020.

Los montos de los contratos son completamente anómalos, porque implicarían una cantidad gigantesca de fletes, lo cual se puede consultar con cualquier empresa del ramo de traslado de materiales, pero hay una explicación detrás de todo esto.

El principal socio de la empresa Vértice de La Laguna, S.A de C.V, Vicente Villarreal, es yerno nada menos que de Eduardo Sáenz, Director de Servicios Públicos del ayuntamiento de Torreón, que es la dependencia que debe realizar ese trabajo.

La empresa, según consta en documentos, fue constituida apenas en febrero de 2018, dos meses después de la toma de posesión de Jorge Zermeño, con un capital social de tan solo 50 mil pesos y con un giro de arrendamiento de oficinas, locales comerciales y viviendas, no de algo totalmente diferente como es la recolección de escombros.

La empresa se dio de alta en el padrón de proveedores del ayuntamiento apenas en enero de 2019 para comenzar a realizar negocios.

Para este año de 2021 el propio Eduardo Sáenz ha declarado que se destinarán 36 millones a la recolección de escombros y basura, por lo cual el negocio se volverá aún más grande.

El mismo funcionario afirmó que en 2020 se recogieron 200 mil toneladas de escombro y de basura, lo que implica que en los 10 meses que duró el segundo contrato se recogieron diariamente 727 toneladas, una cantidad absurda, además imposible de demostrar, pero un negocio millonario para el yerno de Eduardo Sáenz, en lo que es todo un delito de tráfico de influencias.

Si tan solo con un servicio como la recolección de escombros se tienen tales anomalías, habrá que deducir lo que está pasando en otras áreas, como obras públicas, mantenimiento urbano y SIMAS, que ha sido tradicionalmente una cueva de trapacerías.