La mezquindad política: el caso del Metrobús en Torreón

Por: La redacción

Torreón es una ciudad de tamaño medio, pero con un serio problema de movilidad, debido al gran atraso y a la grave ineficiencia del servicio de transporte colectivo, lo que representa un muy alto costo para los sectores de menores ingresos de la población, ya que el costo de un pasaje en autobús público cuesta 13 pesos, una de las tarifas más altas a nivel nacional, si se le compara incluso con la Ciudad de México.

En 2014, el gobierno municipal, presidido en ese año por Miguel Riquelme Solís, inició las obras de lo que se ha denominado como el Metrobús, un sistema de transporte colectivo moderno que vendrá a sustituir el viejo, obsoleto y caro servicio que se presta actualmente.

La obra es considerada como la solución a una de las necesidades más básicas de la ciudad, pero seis años después no ha podido ser concluida y puesta en funcionamiento, debido a varios contratiempos financieros que se han presentado.

En los primeros años del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, la Zona Metropolitana de La Laguna, conformada por las ciudades de Torreón-Gómez Palacio-Lerdo-Matamoros, estaba recibiendo un poco más de 600 millones de pesos anuales para obras de infraestructura y proyectos urbanos, a través del llamado Fondo Metropolitano.

Con este esquema se dio inicio a las obras del Metrobús, que avanzaron con normalidad en sus primeras etapas, haciendo una mezcla de recursos públicos, pero principalmente con los ingresos que proveían de esos fondos federales. Sin embargo, éstos comenzaron a disminuir drásticamente durante 2017 y 2018, que fueron el cierre del gobierno de Peña Nieto.

En 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador casi desapareció el Fondo Metropolitano y otras partidas presupuestales destinadas a los estados y municipios, pero ya para 2020 el Fondo Metropolitano fue desaparecido, junto con otros 108 fideicomisos, por el gobierno de la llamada 4T.

Para 2021, el gobierno de López Obrador castigó severamente al estado de Coahuila en su participación, con un porcentaje muy superior al recorte que se aplicó a la mayoría de los 32 estados del país, siguiendo un criterio político que está más inspirado en la mezquindad que en la real falta de recursos federales, como efecto de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.

Desde el 2018 el gobierno municipal pasó del PRI al PAN, con Jorge Zermeño Infante como presidente municipal de Torreón.

El nuevo gobierno inició sin una deuda significativa, en consecuencia con finanzas que le permitían destinar un buen presupuesto a obra pública. La prioridad más importante era el problema del agua potable y el drenaje, pero éstos correspondían a la empresa municipal SIMAS.

Debido a años especialmente lluviosos, el estado del pavimento en casi toda la ciudad era malo, por lo que se estableció un programa conjunto entre el estado y el municipio, denominado “Vamos a Michas”, para atender el problema, que ha sido resuelto es un cierto porcentaje.

La siguiente prioridad era la terminación del Metrobús, pero el gobierno de Jorge Zermeño decidió tratar a esa obra como parte del gobierno de Miguel Riquelme Solís, con quien comenzó a mostrar una actitud de rispidez y un trato difícil, manejando una especie de pugna político-territorial, por la cual él era el presidente municipal de Torreón, su territorio, y bajo ese criterio manejó la planeación del gasto en obras públicas.

Con esa misma mezquindad, Zermeño Infante trata la obra del Metrobús no como si ésta formara parte de la infraestructura esencial de la ciudad, sino como una obra ajena, sumándose inclusive a los críticos que señalan, con razón, pero sin ahondar en argumentos, la tardanza que ésta ha tenido.

Al comenzar este año, ya en precampaña por una diputación federal por el V Distrito de Torreón, Zermeño ha lanzado nuevamente una crítica en contra de las obras del Metrobús, argumentando inclusive que están causando problemas a las instalaciones de servicios básicos en la colonia Britania, en lo que es una manifiesta animosidad de abrir polémica con propósitos político-electorales.

El planteamiento no podía ser más penoso: que el gobierno estatal tiene una obra inconclusa que lleva ya seis años, mientras que el municipio ha transformado la fisonomía de Torreón con cientos de obras públicas.

Lo correcto políticamente es que el gobierno municipal debió participar, con parte de sus recursos de obra pública, para la terminación de esa obra, al retirarse drásticamente el apoyo del gobierno federal, el cual por cierto le es más contrario al PAN que al mismo PRI.

Se trata en principio de una obra básica para la ciudad de Torreón, pero contrario a ello, el gobierno de Zermeño Infante le concedió al gremio de los transportistas un incremento a 13 pesos, al mismo tiempo que le otorgó un incremento al servicio de taxis. En ninguno de los dos casos se dio una negociación en la cual los transportistas se comprometieran a una mejora del servicio y de las unidades, siguiendo nuevamente un criterio político-electoral por encima de los intereses de la ciudad.

A un mes de que se retire del cargo para buscar, por tercera vez, una diputación federal, Jorge Zermeño ha destinado, durante tres años, el presupuesto de obras públicas del municipio a rehabilitar y hermosear plazas y jardines, a gastar una cantidad enorme de recursos en lo que se denomina como mantenimiento urbano, con una gran opacidad en la asignación de contratos, a través de un pool de empresas foráneas o propiedad de allegados a su familia.

¿Qué obra de infraestructura básica le agregan los dos gobiernos de Jorge Zermeño a la ciudad de Torreón y al municipio en general? Ninguna, por lo menos ninguna que sea de importancia. Aún en la infraestructura de agua potable y drenaje, que fue uno de los compromisos básicos de campaña, estos dos gobiernos quedarán a deber.

Es incuestionable que la alternancia de partidos en los gobiernos es muy buena para una sociedad que busca ser democrática, pero la contraparte es que se presta a posturas facciosas, donde el gobierno entrante quiere no sólo no continuar, sino demeritar o inclusive abandonar la obra realizada por el gobierno anterior, lo que es una política errónea y mezquina que van en contra del sentido común y de la planificación del desarrollo de la ciudad, algo que no sucede en ningún país desarrollado del mundo.