Es muy riesgosa la militarización de México

Por: Álvaro González

La expresidenta de Chile y Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, cuestiona abiertamente el que México no se está ajustando a las normas internacionales en materia de seguridad y asegura que se debe revisar la militarización del país que está llevando a cabo el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al otorgarle al ejército funciones y facultades que no corresponden a las fuerzas castrenses de un país, sino a personal de carácter civil.

También exministra de defensa del gobierno chileno, Bachelet pone en cuestionamiento la creación de la llamada “Guardia Nacional”, que es realmente una policía nacional de carácter militar, lo mismo que los graves problemas de México con la expansión del crimen organizado, el aumento del tráfico ilícito de drogas y la alta incidencia de asesinatos de activistas, periodistas y mujeres.

En sus declaraciones, emitidas en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemoran el 10 de diciembre, la Alta Comisionada hizo también referencia al hecho delicado de que en los once meses de 2020 se han registrado 20 asesinatos de periodistas, al igual que las agresiones y el acoso en contra de otros 224 comunicadores, lo que es totalmente inaceptable.

Mientas los periodistas son asesinados o acosados, en sus conferencias “mañaneras” el presidente López Obrador ataca sistemáticamente a casi todos los medios informativos del país que le cuestionan, los acusa de corrupción, de “conservadores” y crea, en general, un ambiente de animadversión en contra de los comunicadores en México. Inclusive ha tratado de descalificar a medios extranjeros de prestigio internacional por exhibir algunas decisiones y políticas de su gobierno.

La agresividad entre usuarios de la Internet se ha incrementado, muy notoriamente, en contra de los medios de comunicación que sostienen políticas editoriales independientes y críticas hacia el actual gobierno, sobre el cual hay la presunción de estar utilizando “bots” para desacreditar informaciones y comunicadores que no sostienen una línea oficialista.

Refiriendo su experiencia en asuntos de defensa nacional, la ex presidenta chilena comentó que la expansión militar que se está llevando a cabo repercute en la protección de los derechos humanos, aunque también reconoció que la labor del ejercito suele ser muy útil en campañas de salud, como la vacunación, y en la asistencia en casos de desastres, pero en México está teniendo una injerencia en áreas que no le son propias, además de reiterar que los mandos militares siempre deben estar bajo un mando civil.

ABRUMADORA PRESENCIA MILITAR

La referencia de la Alta Comisionada a la expansión del crimen organizado en México, el aumento de la actividad de los cárteles de la droga y los muy altos índices de criminalidad en el país contrastan con una muy fuerte presencia militar en muchas de las entidades federativas, lo que resulta del todo contradictorio.

En los años que van del presente gobierno se han roto los récords de homicidios, al superar las cifras de los peores años de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, en el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En el año de 2019 se alcanzó un récord de 37 mil 315 homicidios, pero este récord fue superado en las estimaciones del presente año de 2020, pese a la pandemia y la reducción de la movilidad.

En su segundo informe de gobierno el propio Andrés Manuel López Obrador estima en 40 mil 863 homicidios la cifra para 2020, pese a la creación de la Guardia Nacional y su despliegue en gran parte del territorio nacional.

Sobre la Guardia Nacional, un cuerpo militar con funciones de carácter policiaco que es operado por los mandos militares y, administrativamente, por la Secretaría de Seguridad Pública, cuya creación implicó modificar 13 artículos de la Constitución, hay una fuerte controversia por parte de organismos defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales, y serias reservas sobre su eficacia que, hasta ahora, se ha mostrado como muy pobre en el combate a la criminalidad.

La organización internacional Human Rights Watch, a través de un comunicado emitido desde el anuncio de la creación de la Guardia Nacional, conformada por militares en su gran mayoría y con un régimen operativo también militar, lanzó fuertes críticas sobre la expansión del ejército en México para funciones de seguridad.

En dicho comunicado, difundido en enero de 2019, expone:

“Las fuerzas armadas del país están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad.

“[El ejército y armada en general] tampoco han conseguido reducir la violencia en México y es posible que, de hecho, hayan sido un factor clave que contribuyó al drástico aumento en la cantidad de homicidios en estos años [los periodos de Felipe Calderón y Enrique Peña nieto]”.

Sobre la violencia en contra de las mujeres, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registra, tan solo en el año de 2019, un total de 1,012 feminicidios, la mayoría de los cuales no son resueltos por las autoridades judiciales, lo que ha propiciado la radicalización de algunos movimientos feministas en el país, los cuales exigen justicia y tomar medidas eficaces y enérgicas sobre este problema, pero el gobierno de López Obrador se ha negado al diálogo con este tipo de movimientos.

La criminalidad en los dos primeros años del actual gobierno federal, supera ya todas las cifras de los dos gobiernos anteriores, en particular el de Felipe Calderón, que es fuertemente criticado por el nuevo grupo en el poder, precisamente por los índices de criminalidad que tuvo.

Pese a los indicadores tan negativos en materia de seguridad, el gobierno de López Obrador le otorga cada vez más funciones a las fuerzas militares, funciones que deberían estar dirigidas y supervisadas por mandos civiles.

En el presupuesto de egresos para 2021, se eliminó el llamado FORTASEG, un fideicomiso destinado al fortalecimiento de las policías municipales y estatales de todo el país, mientras que el gasto del ejército ha sido incrementado, pese a la grave crisis económica que ha propiciado la pandemia del coronavirus.

La militarización del país ha despertado ya la preocupación de organismos internacional del máximo nivel, como lo muestran las declaraciones de la Alta Comisionada Michelle Bachelet.

Ya en diciembre de este año, López Obrador le ordenó a su bancada legislativa, la reforma a la Ley de Seguridad Pública, por la cual se prohíbe a los funcionarios municipales y estatales establecer relaciones con agentes internacionales de seguridad, sin el permiso del gobierno federal; además estarán obligados a informar todo lo que hayan tratado.

Esto criminaliza el contacto de los gobiernos estatales y municipales con “agentes extranjeros”, si no informan por escrito y en un máximo de 72 horas después de la reunión, el tipo de encuentro y el intercambio de información que sostuvieron.

Esta reforma, en la opinión de varios especialistas, violenta inclusive la propia Constitución y atenta contra el espíritu de la federación y la libertad de los estados.

Una segunda reforma pone en vigencia una supervisión del cumplimiento por parte de “agentes extranjeros” de las nuevas disposiciones, que los obliga a revelar sus identidades encubiertas al gobierno mexicano y a que mensualmente reporten a la Secretaría de Relaciones Exteriores las actividades que hayan realizado, y compartan la información que recopilaron.

Estas reformas, aprobadas únicamente por los legisladores del partido oficial y sus aliados, tienen una dedicatoria directa en contra de la DEA norteamericana, y su origen se atribuye al ejército mexicano, molesto con la detención del general Salvador Cienfuegos, pero principalmente es un enorme regalo al crimen organizado y a los cárteles de la droga mexicanos, que se quitarán de encima al que es, en la práctica, uno de sus más eficaces y temibles enemigos, por su trabajo de inteligencia.

López Obrador ordenó estas reformas sin tomar en cuenta los acuerdos de cooperación con los Estados Unidos, por lo que habrá que esperar la reacción del gobierno norteamericano una vez que el nuevo presidente, Joseph Biden, se instale en la Casa Blanca. Es seguro que habrá una reacción y ésta puede ser muy enérgica.

El empoderamiento que se le ha dado al ejército ya está teniendo consecuencias prácticas en materia de seguridad y estas consecuencias no parecen nada buenas. Sin una cooperación estrecha con el gobierno norteamericano, el crimen organizado en México puede escalar hasta niveles realmente alarmantes, más aún de los que actualmente tiene.