Covid-19, los números reales ante una muestra concreta

Covid-19, los números reales ante una muestra concreta

Por: Álvaro González

Porque así me tocó, tengo una familia política muy extensa repartida en los estados del noroeste: las Bajas Californias, Sonora, y Sinaloa, los que se han visto especialmente afectados por el COVID-19.

Me he dado a la tarea de hacer un recuento de todos los casos registrados en la familia, ciudad por ciudad, para verificar cuántos han sufrido el contagio, cuántos lo han superado, cuántos fallecieron y, de manera especial, cuántos fueron registrados por las autoridades gubernamentales y cuántos no.

Contabilizando cuidadosamente, se han enfermado 20, de los cuales fallecieron 4, de los que sólo fueron registrados 3.

Los otros 16 enfermaron y, por fortuna, todos se recuperaron, pero sólo fueron registrados oficialmente 2, los otros 14 no aparecen en las estadísticas de sus respectivos estados.

Todos ellos se atendieron a través de médicos particulares y siguieron tratamientos ambulatorios y confinamiento en sus hogares, no acudieron a los hospitales públicos, debido en buena medida a lo deficiente de los servicios o a la saturación de los mismos.

Si de 20 casos en total, entre enfermos y fallecimientos, sólo se registraron 5, esto significa que tan solo se registró oficialmente el 25% del total de este grupo, y la muestra vale porque se trata de pacientes ubicados en 6 ciudades diferentes de 4 estados del país.

En mi entorno, aquí en la ciudad de Torreón, se da una situación casi idéntica, aunque no se trate de parientes, pero sí de relaciones de familias conocidas. Sólo un porcentaje muy parecido al 25 por ciento de los casos es registrado oficialmente, todos los demás casos quedan sin registro, al atenderse por su cuenta con médicos particulares y realizarse, cuando lo hacen, las pruebas en laboratorios privados, pero muchas veces no se hace porque el cuadro de COVID-19 es muy evidente y las pruebas tienen un costo que va de los 2,500 hasta los 3,500 pesos en las instituciones privadas y, usualmente, hay que pagar varias pruebas por familia.

Hasta ahora, en lo que es una de las críticas más válidas hacia el actual gobierno federal, es el hecho de no poner a disposición de la población un sistema de aplicación de pruebas amplio y eficiente. Por el contrario, se colocaron trámites y políticas para aplicar la menor cantidad posible de pruebas, con todas las consecuencias que ello implica.

Para que se aplique una prueba oficial el enfermo debe tener varios síntomas y casi una semana del padecimiento, lo que puede complicar las cosas, al no atacar el problema desde su fase inicial. Un enfermo puede tener acceso a una prueba cuando tiene ya por lo menos ocho días de infección y en algunos casos más, por lo cual un porcentaje enferma de gravedad y otro porcentaje alto, de acuerdo a los estándares internacionales, de muerte.

Ya es de dominio público que las cifras oficiales que indican que a nivel nacional hay 74 mil fallecimientos y 680,000 casos, no están apegadas a la realidad, ni lo van a estar en el futuro inmediato, pero el porcentaje entre lo real y lo oficial es demasiado grande, y así se dejará por conveniencia política o por políticas fallidas que no se corrigen desde el inicio para ahorrar gasto público. El criterio principal es mantener camas de hospital despejadas, aunque el paciente muera casi al llegar o bien muera en su casa.

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