La crisis e ineficiencia del sistema de salud

Por: Marcela Valles

En febrero de 2020 el gobierno mexicano fue alertado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, sobre las proyecciones de avance de la pandemia del coronavirus. A diferencia de los países europeos, México disponía de un valioso tiempo -aproximadamente dos meses- para preparar su sistema de salud y hacerle frente a la pandemia.

Un año antes, en 2019, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, había manifestado que el sistema de salud pública del país, que es el que atiende a la mayoría de la población, tenía problemas de corrupción en la compra de medicamentos y de otros insumos, además de denunciar que se encontraban inconclusos o sin funcionamiento cerca de 100 hospitales públicos.

Realmente el gasto en el sistema de salud pública había venido disminuyendo en los 10 años anteriores y los dos sistemas principales, el IMSS y el ISSSTE, enfrentaban serias carencias de personal médico, de enfermería y técnico. La falta de inversión y la mala administración habían venido deteriorando sensiblemente el servicio.

Como en muchos otros asuntos delicados de la administración pública, el gobierno de López Obrador estableció que todo lo anterior estaba mal; era un modelo neoliberal corrupto, y comenzó a tomar medidas sin haber realizado previamente un diagnóstico de cuál era la situación del IMSS, del ISSSTE y el Seguro Popular, además de los sistemas de salud que dependen directamente de los estados.

Como Secretario de Salud del país, Jorge Alcocer Varela debió ser el principal protagonista, pero lejos de eso le fueron quitadas facultades básicas y quedó, como otros secretarios, en calidad de simple florero en la mesa presidencial, en un área especialmente crítica para el país y ante una pandemia que se venía encima, como un huracán.

La primera decisión fue suspender la compra de medicamentos, “porque había moches y contratos corruptos”, provocando una escasez de medicamentos en todo el sector, incluidos medicamentos de especialidades como cáncer, VIH, entre otros.

Se despidió por lo menos a 10,000 médicos y enfermeras, lo cual fue abiertamente negado por López Obrador, pero desmentido por Joel Ayala, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, quien calificó de aberrante el afirmar que no había tales despidos.

En la práctica se le quitó al IMSS y al ISSSTE la facultad directa de hacer compras de medicamentos, de insumos y de cualquier otro tipo y se concentraron todas las adquisiciones del gobierno federal en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.

Transcurrió todo 2019. De cerca de 10 especialidades, sólo se había resuelto la compra de medicamentos para dos, pero de manera tardía. Especialidades como la de enfermos de VIH se quedaron sin medicamentos por meses, lo mismo que sin análisis, mientras se negociaba la adquisición de medicamentos genéricos más baratos, sin tomar muchas veces en cuenta la opinión de los médicos especialistas en la materia.

Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda partían de que en todo contrato de venta de medicamentos había corrupción y comenzaron a presionar en ese sentido, buscando una disminución de precios inviable para la industria farmacéutica nacional que, presionada por la caída del peso y los incrementos internacionales, no puede bajar más, lo que la relega de los contratos con el sector público. Esto se ha prologado por más de año y medio.

Ahora el gobierno de López Obrador, “solicitó” la autorización de la Cámara de Diputados y senadores para hacer compras masivas de medicamentos en el extranjero, pero sin que exista licitación alguna de por medio, lo que violenta la normatividad y puede crear todo un caos; además, si se concretaran esas compras, una gran parte de la industria farmacéutica nacional iría a la quiebra.

En el caso de enfermos de VIH, para disminuir el gasto, se compraron medicamentos de menor calidad y que no son equivalentes a los que se venía suministrando a los pacientes y habían demostrado una alta eficacia. El criterio es ahorrar, no la idoneidad de lo que se compra.

CON LA PANDEMIA HIZO CRISIS EL SECTOR

Aún con las recomendaciones de la OMS, México no aprovecho los dos meses de que disponía para enfrentar de la mejor manera la pandemia del coronavirus.

Sin protocolos, sin suficiente personal médico y de enfermería, sin capacitación específica, sin suficientes medicamentos y con funcionarios a quienes se les ha quitado la capacidad en la toma de decisiones, la pandemia comenzó a avanzar. Oficialmente, al 25 de agosto, se ha llegado a 568,621 casos y 61,450 fallecimientos, en un conteo que está muy lejos de lo que en realidad está sucediendo en todo el país.

Por la ineficiencia del sistema hospitalario y la falta de medidas adecuadas, como la aplicación de pruebas y el seguimiento de los pacientes, México se ubica, a nivel mundial, como el tercer país con la mayor mortalidad por el virus, que está un poco por encima del 10% de las personas infectadas, el doble o más del doble del índice de mortalidad registrada en la mayoría de los países.

Se afirma que hay camas disponibles en todos los estados del país, pero no se dice que únicamente se interna a pacientes graves y la mitad no sobreviven, en los hospitales privados del país muere el 25%.

El porcentaje de contagio del personal médico, de enfermería y de servicio es uno de los más altos del mundo, debido a la falta de material y equipo adecuado, así como al mal manejo de los protocolos por parte de los directivos hospitalarios.

Hay camas, pero muchas veces no hay el personal médico y de enfermería necesario, por la gran cantidad de incapacidades del personal que se registran, lo que lleva a la improvisación y el empleo de personal que no está debidamente calificado, propiciando una baja calidad en la atención, muchas veces con graves consecuencias.

A casi seis meses de la llegada de la pandemia, sigue habiendo actos de protesta por parte del personal médico y de enfermería por falta de materiales de trabajo y condiciones de saturación en muchos hospitales públicos.

Como lo hizo desde el principio, el gobierno federal se resiste a la compra y aplicación masiva de pruebas, y sigue habiendo actos tan elementales como la negativa del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell y del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a la simple utilización del cubrebocas, una medidas sencilla y muy efectiva de protección.

Las fuertes limitaciones para la atención del COVID-19 esta impidiendo la debida atención de otro tipo de padecimientos que son considerados graves, al posponer la atención de pacientes en áreas como terapia intensiva y procedimientos de cirugía.

Debido a las deficiencias en los sistemas de sanitización de los hospitales públicos, un alto porcentaje de pacientes opta por no acudir a sus citas, chequeos médicos o necesidad de consulta originada por diversos padecimientos distintos al COVID-19.

ELIMINACIÓN DEL SEGURO POPULAR

Debido a que sólo una parte de la población gozaba de un servicio médico público, el expresidente Vicente Fox creó el llamado Seguro Popular, para darle acceso al servicio a los sectores más desprotegidos de la población. Fue uno de los grandes aciertos de ese gobierno.

López Obrador, quien mantiene un encono obsesivo a nivel personal con los expresidentes panistas, canceló de golpe el Seguro Popular y creó el llamado Insabi, el cual fue aprobado sin las correspondientes leyes secundarias, por lo que no tiene reglas de operación, ajustes de normatividad, ni siquiera un plan de implementación, tampoco se han concretados los convenios con la mayoría de los estados.

El argumento para cancelar el Seguro Popular es que había corrupción, lo cual, en la opinión de los expertos, es posible que se diera en una cierta escala, pero lo más destacable era el descuido en que fue incurriendo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, si hubiera corrupción de algún tipo esta se corrige, no se elimina la institución, que sería como eliminar el IMSS y el ISSSTE porque se encontró corrupción y deterioro en algunas de sus áreas.

Fue tal la improvisación, producto de una decisión presidencial marcada por la ideología y el partidismo, que las nuevas cuotas de recuperación para el Insabi, anunciadas por la Secretaría de Hacienda el pasado 30 de diciembre de 2019, tuvieron que ser modificadas unos cuantos días después.

La lucha contra la corrupción que maneja el nuevo gobierno en el sector salud se ha convertido en una devastación sin sentido, un espíritu destructivo motivado en buena medida por las decisiones personales de López Obrador, que no miden las consecuencias que pueden tener y se adoptan de forma inmediata e irresponsable por un equipo de colaboradores, sin decisión ni opinión propia, como es el caso del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, un funcionario literalmente desaparecido para los medios de comunicación.

La opinión de las voces más autorizadas en materia de salud considera que debió realizarse un diagnóstico bien detallado sobre el sector, lo que pudo hacerse a lo largo de 2019, y, a partir de él, implementar un plan de inversión y de mejoras de las instituciones de salud a nivel nacional, sobre todo inversión y modernización del sistema.

SE REQUIERE INVERSIÓN EN SALUD

A 2015, México gasta apenas el 3% de su Producto Interno Bruto, PIB, en salud, mientras que países ricos como Alemania, gasta hasta un 9.47%, lo que representa un gasto anual de 296,807 millones de euros, que convertido a pesos suman un poco más de 7 billones, dos más que todo el presupuesto de egresos de México.

Y este dinero se gasta bien. Alemania ha dado el ejemplo de cómo manejar la pandemia del COVID-19, aun a nivel de Europa.

Con una población de 83 millones, a la fecha Alemania sólo registra un total de 219,859 casos de COVID-19 y apenas 9,213 fallecimientos, menos del 5% si se le compara con México, donde el índice de mortalidad es más del doble, con la diferencia de que Alemania maneja oficialmente números reales, mientras que en México los datos oficiales sólo representan una parte de los casos de enfermos y de fallecimientos, que son en la realidad muchísimo más altos.

López Obrador no tiene contemplado al sector salud como una de las prioridades de gasto, por el contrario, se está buscando reducir el gasto en varios de sus renglones. Su manejo de la pandemia ya es criticado a nivel internacional y estamos todavía muy lejos de una curva sostenida de descenso, por lo que se seguirán acomodando casos y fallecimientos, al menos la mitad de los cuales se podrían haber evitado si tuviéramos un aceptable sistema de salud pública.