El gran peligro de militarizar el país

El gran peligro de militarizar el país

Por: Gerardo Lozano

El ejército y la marina mexicana son dos de las instituciones del país que conservan más credibilidad y respeto por parte de los mexicanos, pero esta situación ha estado variando en el transcurso de los últimos años, debido al desgaste que han sufrido las fuerzas armadas en la “guerra contra el narcotráfico”.

Ante la ausencia de cuerpos policiacos bien capacitados, estructurados y sin problemas de corrupción, la alternativa para luchar contra el crimen organizado fue puesta en manos del ejército, algo que no es su función específica y para lo cual no están debidamente capacitados.

Tenemos la imagen de que los soldados mexicanos tienen una alta moral, una rígida disciplina, una estructura sólida y son gente dura, hecha en un sistema de mucho sacrificio. Parte de esta percepción sigue siendo válida, pero hay cambios importantes y algunas características que el común de los mexicanos desconoce.

Habría que diferenciar de inicio la tropa de los mandos del ejército y la marina, especialmente del primero. Los mandos son egresados del Heroico Colegio Militar, lo que significa que fueron capacitados en una escuela militar para ser profesionales del oficio, pero la tropa es otra cosa. En su mayoría se trata de muchachos y muchachas que fueron reclutados en pueblos y rancherías, a quienes se les da una capacitación inicial de tan solo tres meses y se les incorpora como cabos al instituto armado.

Como consecuencia, el nivel de preparación de la mayor parte de la tropa inicialmente es muy bajo y va mejorando con el paso de los años de servicios, tanto en espíritu, lealtad, disciplina y en los aspectos técnicos y tácticos.

Pero hay un grave problema que se fue corrigiendo desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa: una enorme deserción de militares, lo que es un serio problema de tipo social, debido a que se trata de personal capacitado en las armas y en tácticas y estrategias de guerra, que conoce además la institución, y que es pretendida por las organizaciones del crimen organizado, con sueldos y beneficios materiales muchísimo más altos que los que ofrece el instituto armado.

SALINAS Y FOX, UN DESASTRE

En cifras oficiales de la propia SEDENA, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el cual estalla la rebelión zapatista en el estado de Chiapas, fue un desastre para el ejército, el cual tuvo, a lo largo del sexenio, 197’971 deserciones, equivalentes a casi todo el ejército.

En el periodo de Ernesto Zedillo, con el general Enrique Cervantes Aguirre al frente de la SEDENA (1995-2000), se logró disminuir el problema, pero lejos de niveles aceptables. Durante el sexenio desertaron 93,805 militares.

Con Vicente Fox Quezada, quien colocó al general Clemente Vega García como responsable de la SEDENA (2001-2006) se dio una deserción de 101,013 militares, algo más de 15 mil militares por año, pero con un añadido muy delicado: una alta deserción de elementos de las fuerzas especiales (GAFES), militares entrenados en el extranjero para tareas del más alto nivel.

Lo más grave es que esta deserción de fuerzas especiales le da origen al cartel de los Zetas, una organización que hizo escalar el problema del narcotráfico y del crimen en general hasta un nivel considerado como terrorismo, con prácticas de un nivel de violencia nunca antes visto.

Esto fue un grave golpe para la moral del ejército y en general de las fuerzas armadas, pero sobre todo un golpe en la imagen del ejército ante la sociedad civil.

Se desató una tendencia muy grave por la cual los diferentes cárteles comenzaron a reclutar exmilitares, lo que les daba una mayor capacidad de operación y una mayor peligrosidad, al contar con elementos entrenados para la guerra, pero ahora sin ninguna ética ni escrúpulo, lo que les convertía en letales y altamente peligrosos, no solo para los cárteles rivales y para las fuerzas de seguridad del Estado, sino para la sociedad civil, que pagó las consecuencias con sangre.

Felipe Calderón Hinojosa emprendió la llamada “guerra contra el narcotráfico”, designando al general Guillermo Galván Galván como encargado de la SEDENA, lo que marcaría su sexenio, pero fue también quien hizo los cambios al interior del ejército que permitieron terminar con el grave problema de la deserción.

En 2007, año de inicio de este gobierno, se dieron 16,641 deserciones, pero fueron disminuyendo, hasta llegar a tan solo 2,505 en 2012, año en que finaliza el gobierno calderonista.

Al inicio de este periodo, la SEDENA dio a conocer oficialmente que de 1994 al 2008 habían desertado del ejército 1,560 elementos de las Fuerzas Especiales, la mayoría de ellos en el periodo de Vicente Fox y no se tenía información precisa de la ubicación de los mismos, ni de sus actividades.

AMLO: POLÍTICA PELIGROSA

El ejército mexicano ha sido, desde la terminación del periodo revolucionario, disciplinado, austero y se ha mantenido al margen de la política y de tareas que no le son conferidas por la constitución vigente, lo que ha venido cambiando en el transcurso de los últimos gobiernos, al incorporarlos a la lucha contra el crimen organizado, donde realizan funciones de policías, algo para lo que en principio no están capacitados.

Los años han transcurrido y los gobiernos no se han aplicado en el desarrollo de cuerpos policiacos, ni en la integración de instituciones civiles de seguridad, por lo que el ejército y la marina han tenido que seguir cubriendo esas funciones.

El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador está aplicando una política de militarización, que es considerada, por los especialistas y por las organizaciones de la sociedad civil, como muy riesgosa para el país.

De inicio, creó, al vapor, la llamada Guardia Nacional, para sustituir a la Policía Judicial Federal, integrándola en su mayor parte con militares y exmilitares, bajo un mando militar. En términos prácticos es una policía militar nacional, sin la debida preparación, sin haber diseñado primero la estructura, las funciones específicas e inclusive sin tener siquiera diseñados uniformes, emblemas y demás.

La Guardia Nacional se convirtió así en una amalgama mal hecha de militares, exmilitares, algunos expolicías federales, todos bajo un mando militar. Siguiendo lo que se muestra como una tendencia de este gobierno, todo fue improvisado, pero finalmente el país tiene una policía militar con un nombre de policía civil.

Enseguida ha venido una serie de encomiendas y canonjías al ejercito y a la marina que son funciones que corresponden a las secretarías de Estado y a organismos también del propio Estado manejados por civiles.

Para comenzar, comisionó al ejército la adquisición de 500 pipas para traslado de gasolinas, en lo que suponía era el combate al llamado “guachicoleo”, además de la contratación del personal para el manejo de los vehículos, los cuales fueron adquiridos sin licitación alguna.

Enseguida les entregó la construcción y operación del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, una controvertida obra, para la cual se requieren especialistas de los cuales carece el ejército, además de que no está calificado para realizar obras de esa naturaleza.

Hasta ahora el manejo de las obras de Santa Lucía han sido realizadas con una gran opacidad y sin aplicar licitaciones y rendición de cuentas.

Posteriormente le entregó al ejercito la tarea de construir las 2 mil sucursales del llamado “Banco del Bienestar”, otra obra que no encuentra una justificación razonable, y donde vuelve a otorgarle la función de construcción al ejército, sin que exista una explicación de por qué lo hace.

Lo último ha sido el entregarle al ejército y a la marina el control de todos los puertos y aduanas del país, bajo el argumento de que sólo ellos pueden limpiar toda la corrupción que existe en los mismos.

Mientras se realiza esta militarización, este gobierno ha eludido la lucha en contra del crimen organizado y se ha negado a fijar un proyecto nacional de seguridad pública.

Otorgarles funciones que no les corresponden y poner al ejército y a la marina en áreas donde se da la corrupción es muy riesgoso, pero es una política bastante clara del gobierno de López Obrador el acercar tanto como pueda al ejército; “maicearlo”, para usar uno de los términos que el suele emplear.

Recientemente, en una de sus conferencias “mañaneras”, volvió a agredir y hacer sarcasmo del periodista Carlos Loret de Mola, pero en esta ocasión utilizó un recurso que es sumamente inquietante y que la prensa nacional no debe pasar por alto: pidió al general que dirige la Guardia Nacional que lo ayudara en su diatriba y el general, solícito, le llevó una Tablet donde aparecía una vieja entrevista realizada por Loret de Mola.

¿Cuál es el mensaje de pedirle al director de la Guardia Nacional información sobre un periodista que ha sido especialmente crítico con su gobierno y que se ha vuelto muy incómodo? Es obvio el mensaje: tiene una marcación y vigilancia especial por parte del ejército, mensaje que va dirigido a todos sus críticos, que son muchos, por cierto. Es el uso de un mando militar para ir en contra de un civil que hace su trabajo, pero le es incómodo a su gobierno.

UN EJÉRCITO INCONDICIONAL

Al ir más allá en su relación institucional como jefe supremo de las fuerzas armadas del país, el propósito aparente de López Obrador es buscar que el ejército se vuelva parte de eso que él llama la Cuarta Transformación o, en otros términos, que el ejército sea parte de su proyecto político que no piensa en un gobierno de seis años, sino en un grupo político que aspira a varios sexenios y él, en el centro, como el gran “líder moral”.

Ya Felipe Calderón, del cual López Obrador se ha burlado intencionalmente denominándolo como el “comandante Borolas”, para que lo repitan todos sus medios, hizo los cambios necesarios para que el ejercito y en general las fuerzas armadas tengan condiciones laborales y de trabajo mucho más dignas, además de un paquete de prestaciones atractivo.

No haber tocado el sueldo de los generales y coroneles, ni el presupuesto de la SEDENA, había sido un caso especial, cuando está tratando a pan y agua a toda la burocracia federal. Los generales mexicanos, que por cierto son demasiados para los estándares internacionales, tienen un sueldo mucho más alto que el del presidente de la república.

La tropa, que ya está razonablemente bien pagada, son gente que proviene de medios rurales y de pueblos en su mayoría, por lo cual la puede involucrar en su discurso ideológico clasista, como “el ejército del pueblo”, en el momento en que así lo decida, lo cual sería sumamente delicado.

Contra lo que siempre sostuvo la izquierda, López Obrador, intencionalmente, está caminando hacia un proceso de militarización, al otorgarle al ejército funciones que no le corresponden, lo que ha sido considerado como peligroso no sólo por sus críticos, sino por parte de su círculo más cercano.

El otorgar a las fuerzas armadas el control de los puertos y aduanas del país provocó la crítica y la renuncia de Javier Jiménez Espriú, quien lo había secundado en decisiones muy controvertidas, como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, pero no estaba conforme con el manejo que se está dando al proyecto de Santa Lucía. Molesto y cansado, el Secretario de Comunicaciones y Transportes finalmente renunció.

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