Por: Rodrigo Tejeda
El mes de junio y los inicios de julio de este año, todavía en plena contingencia por la pandemia del coronavirus, la barbarie de las organizaciones criminales ha sido demencial, ante un gobierno federal que se resiste a implementar una estrategia de seguridad nacional responsable y al uso legítimo de la fuerza, una facultad que solo corresponde al estado.
El 6 de junio, un comando armado y equipado militarmente, ejecutó a 4 estudiantes en un taller mecánico en la ciudad de Celaya, Guanajuato, y a 10 jóvenes más en un centro de rehabilitación.
El 16 de junio, un comando paramilitar ejecutó, en Colima, Colima, al juez federal Uriel Villegas Ortiz, junto con su esposa, logrando escapar sus dos hijos menores y una empleada doméstica.
Es la primera vez que un juez federal, quien había llevado casos importantes, era ejecutado por consigna directa de una organización criminal.
El 18 de junio, en Celaya, Guanajuato, fueron ejecutados seis integrantes de una familia, incluyendo una niña y una mujer embarazada. Como en los casos anteriores, ningún detenido.
El 20 de junio, fueron arrojados 10 cadáveres sobre la carretera internacional, a siete kilómetros de la ciudad de Caborca, Sonora, en lo que se presume como un enfrentamiento entre bandas rivales del crimen organizado. Ningún detenido ni pistas de los responsables.
El 25 de junio, en una zona agreste de difícil acceso, fueron localizados 16 cadáveres, en Tepuche, Sinaloa, como resultado, presuntamente, de la lucha entre las organizaciones criminales de Sinaloa. Ningún detenido ni pista alguna.
El 26 de junio, en pleno Paseo de la Reforma, en la ciudad de México, una organización criminal llevó a cabo el atentado en contra del Jefe de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien fue herido, muriendo dos de sus escoltas, una mujer civil que estaba cerca del lugar y otra más herida.
Nunca antes el crimen organizado se había atrevido a atentar contra un mando policiaco de ese nivel en la capital del país.
El mismo 26 de junio, fueron arrojados 15 cadáveres sobre la carretera Zacatecas-Durango, ejecutados y encobijados, a la altura de Fresnillo, Zacatecas. Al mismo tiempo aparecieron 4 cuerpos más en el poblado Rio Florido y 6 más en Juan Aldama, también Zacatecas. En total 25 personas ejecutadas por la lucha entre las bandas del crimen organizado, con la modalidad de arrojar los cadáveres en plenas autopistas o carreteras de alto tráfico.
Para abrir julio, un comando paramilitar asesino a 24 jóvenes y dejó heridos a otros siete en un centro de rehabilitación en Irapuato, Guanajuato, en lo que es una serie de masacres, que alcanzan un nivel de barbarie que se creía desaparecida.
TORPEZA ABSOLUTA
El 20 de junio, mediante un operativo conjunto del ejército, la Guardia Nacional y las fuerzas estatales, se llevó a cabo un operativo en el sur de Guanajuato, territorio del llamado Cartel de Santa Rosa de Lima, donde fueron detenidas 26 personas, oficialmente pertenecientes a dicho cartel, entre ellas la madre, la hermana y la aparente pareja de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, líder de esta organización dedicada al “guachicoleo”, el secuestro, la extorsión y otro tipo de delitos.
El operativo se convirtió en un verdadero desastre, al tener que ser inicialmente liberados 19 detenidos por falta de pruebas, quedando bajo proceso la mamá de “El Marro” y sus otros dos parientes, pero los abogados de estos, por cierto de bajo perfil, alegaron tortura, faltas al debido proceso y otras anomalías, las que fueron admitidas por la jueza.
Aún así el proceso continuo pero el perito de la fiscalía estatal encargado de la presentación de las pruebas, nunca apareció.
El 28 de junio la madre de “El Marro” y los demás detenidos fueron puestos en libertad, en lo que fue un proceso totalmente anómalo desde su inicio.
En su conferencia de prensa diaria, Andrés Manuel López Obrador culpo de ineficiencia y de corrupción a las autoridades judiciales de Guanajuato, refiriéndose de forma directa al fiscal estatal, quien, dijo, lleva 12 años en el cargo.
El Gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, molesto por tales declaraciones, declaró a los medios que el gobierno federal debió atraer el caso y pidió respecto a la autonomía del estado en materia judicial, al mismo tiempo que hizo una defensa de su fiscal estatal y pidió no utilizar políticamente el problema de la seguridad pública.
Pese a ser un capo local, cuyo territorio se limita a los municipios del sur de Guanajuato, pero es uno de los principales “huachicoleros” del país, no existe una explicación del porqué no ha sido aprehendido José Antonio Yépez, “El Marro”, quien, a través de un video difundido el 21 de junio, amenazó directamente a las autoridades estatales y federales.
En el video se puede apreciar el bajo perfil del capo que es inatrapable tanto para las autoridades estatales y las federales, cuando ha lanzado toda una escalada de violencia en este importante estado, gobernado desde hace más de 20 años por el PAN. Todos sus parientes más cercanos han sido aprehendidos, pero puestos posteriormente en libertad por falta de pruebas o anomalías de carácter judicial.
Ante el evidente problema creciente de la seguridad pública a nivel nacional, López Obrador le paso culpas al gobernador Diego Sinhue, pero el operativo había sido conjunto entre el ejército, las fuerzas federales y estatales y, por lo menos el caso de la madre de “El Marro” y sus parientes sí debió haber sido atraído por el gobierno federal, por ser precisamente delitos de carácter federal, lo que no justifica que el proceso judicial haya completamente anómalo.
Otro operativo que termina en un desastre, pero culmina con una de las peores masacres de civiles de que se tenga memoria en la crónica resiente del crimen en México.
Etiquetas: abrazos no balazos, abrazos oficiales, amlo, crimen organizado, criminalidad, cuarta transformación, lopez obrador, morena
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