Los regidores: sueldos de lujo y trabajo de zánganos

Por: Gerardo Lozano

Son las diez de la mañana y la mayoría de los 17 regidores que conformen el cabildo de Torreón aún no se presentan en sus oficinas. Es la primera semana de febrero y todavía no hay contingencia alguna por el COVID-19.

Realmente es un hábito de trabajo: llegar un poco después de las 10 de la mañana y retirarse a más tardar a las dos si no hay sesión de alguna comisión a la que pertenezcan, las cuales tampoco suelen ser muy largas, mucho menos agotadoras.

Sólo ocasionalmente algunos de estos regidores trabajan no más de dos horas por las tardes, pero todos, puntualmente, reciben en el cabildo de Torreón 56 mil pesos mensuales netos de sueldo, más mil pesos para gasolina, más un excelente aguinaldo que puede ser el equivalente a 40 días, más otros beneficios que no aparecen en la nómina ni en el gasto oficial.

El cabildo, considerando a los dos síndicos más los 17 regidores, le cuesta anualmente, en números oficiales, 22 millones 800 mil pesos al gobierno municipal de Torreón. Un gasto absurdo, considerando su productividad y el servicio real que prestan a la ciudad.

Pero en otros municipios del área conurbada, donde las ciudades son mucho más chicas, los sueldos de los integrantes del cabildo son de escándalo.

En Gómez Palacio el sueldo mensual es de 40 mil pesos, pero se les dan 30 mil pesos mensuales para “gestión” social, lo que se traduce como un ingreso real de 70 mil pesos mensuales.

En Lerdo, un municipio que apenas sobrepasa los 100 mil habitantes, un regidor gana 55 mil pesos, más otros 15 mil por “gastos de representación”, mientras las finanzas se encuentran en muy mal estado y no alcanzan ni a cubrir los servicios más básicos del municipio.

Matamoros, el municipio más pobre y menos poblado, es un absurdo. Paga a sus 18 regidores 61 mil pesos mensuales, cuando las finanzas municipales son un desastre.

Tanto Matamoros como Gómez Palacio son gobernados por Morena, el partido oficial, que pregona austeridad republicana.

FAVORES, COMPADRAZGOS, PARIENTES

La gran mayoría de los actuales regidores de Torreón han llegado al cargo por favores, canonjías y hasta nepotismo, no por méritos personales y profesionales. Salvo excepciones, son gente desconocida para la ciudadanía y esto les brinda una posición más cómoda, ya que al no conocerlos nadie les señala nada, mucho menos les exige.

Doce de los integrantes del cabildo son del PAN, 4 del PRI y 3 de Morena. Revirtiendo la composición de gobiernos anteriores, desde el 2018 el PAN tiene una mayoría abrumadora, por lo que saca adelante cualquier iniciativa o acuerdo, sin importar si toda la oposición vota en contra, pero además ello contribuye a que los regidores panistas sean más pasivos y anodinos, ya que su principal tarea es levantar la mano.

Quien decide qué haga o deje de hacer esta amplia mayoría panista es el presidente municipal, pero el instrumentador es el primer regidor, Ignacio García Castillo, quien es además presidente del Comité Municipal del PAN en Torreón, lo que le da doble autoridad.

Son contados quienes se dedican a estudiar, a trabajar en forma y a esforzarse por servir a la ciudad; la gran mayoría son verdaderos zánganos.

El problema es de origen. En la elección por la presidencia municipal se conforma una planilla de quienes se proponen para integrar el cabildo, pero sus nombres y sus currículums no aparecen en ningún lado y al votar por un partido se les vota en automático.

La integración de la planilla que acompañará al candidato a la presidencia municipal es algo obsceno por la forma en que se decide.

De la lista de los 12 integrantes panistas del cabildo, al menos tres de ellos fueron decididos por Luis Fernando Salazar Fernández, quien actualmente es diputado federal pero se ha pasado a Morena, de tal manera que esos tres regidores, entre los que se encuentran gentes como Alberto José Rosales Arcaute (3er Regidor) y Esteban Antonio Soto Durán (5to Regidor) se deben a este político, pero cobran como regidores panistas.

Guillermo Anaya Llamas colocó a personas como Thalía Peñaloza Vallejo (4ta. Regidora) y a otras como Diana Valeria Hernández Morón (10ma Regidora), hija  de un importante funcionario judicial.

Otra parte la distribuyen entre los grupos que integran el partido para que se sumen a la campaña y, una parte más, son amigos o personas a quienes desea hacer el favor el candidato a presidente municipal, en este caso Jorge Zermeño Infante, para beneficiarlos económicamente, porque un sueldo de 56 mil pesos mensuales modifica la economía de una familia.

GOBERNAR SIN OPOSICIÓN

El PRI alcanzó apenas 3 regidores y la síndica de vigilancia. De esos cuatro, Isis Cepeda Villarreal, la 15ta Regidora, llegó por ser hija de Mario Cepeda, un líder “popular” del PRI cuya época hace muchísimos años que pasó, inclusive en la práctica ya está retirado de la política, pero ahora se ha dedicado a colocar a los hijos.

El otro es Alfredo Mafud Kaim, el 14to Regidor, quien se había metido a la política desde una supuesta representación empresarial. Fue delegado de la Secretaría de la Defensa del Consumidor, cargo en el que duró todo el tiempo en que le hicieron el favor, pero ahora pasa a regidor, donde se dedica, como dicen los argentinos, a “canchear”; esto es a hacer como que hace y en la práctica no hace su trabajo como opositor. Tiene indudablemente buen trato, pero un nulo compromiso con la ciudadanía y hasta con el partido por el que llegó al cargo.

José Antonio Gutiérrez Jardón llegó como 13ro Regidor porque fue el candidato del PRI a presidente municipal y por ley se les otorga el cargo, en una disposición que no parece tener sentido, debido a que se supone que son dos cargos de nivel muy distinto, así como de perfil diferente. Era evidente que no estaba cómodo en el cargo, aunque tampoco se esforzaba mucho en ello, así que recientemente ha sido designado para un cargo regional dentro del gobierno estatal.

Dulce María Pereda Esquerra, la síndica de vigilancia, es la única representante del PRI que hace la tarea, y la hace bien. Es de las poquísimas voces bien documentadas y autorizadas, sobre todo en los delicados de temas de las finanzas municipales, donde se están dando serias anomalías. El propósito de los panistas ha sido bloquearla al interior del cabildo y en los medios de comunicación, utilizando para ello los propios recursos municipales.

Morena por su parte tiene tres regidores, pero de los tres el único que aparece es Ignacio Corona. Sin embargo, al igual que sucede con Dulce María Pereda, la maniobra del aparato panista es tratar de descalificarlo por ser precisamente un político cuya trayectoria transcurrió toda en el PAN y en 2018 se presentó como candidato a la presidencia municipal por Morena.

María Elena Morales y Leonor Jacob, ni tan siquiera aparecen en medios y su posición dentro del cabildo es marginal, aunque todos, como se dijo, tienen un sueldo mensual de 56 mil pesos, más mil pesos de gasolina, más prestaciones y es gente que tiene un modo de vida al margen de la política, por lo cual este ingreso, que es el de un alto ejecutivo en una empresa privada, llega como un extra sumamente atractivo a cualquier persona o familia.

El cabildo, integrado por sus 20 miembros, incluyendo al presidente municipal, es dominado por la mayoría del partido ganador en la elección, lo que repite un modelo que se ha vuelto vicioso, porque siempre se da el “mayoriteo” y quien controla el cabildo es el propio presidente municipal, ordinariamente a través del primer regidor.

En estados como Nayarit, los regidores se eligen por distrito, de tal manera que tienen un compromiso concreto con su comunidad, pero además puede suceder que un presidente municipal, aunque gane la elección, no tenga mayoría en el cabildo, teniendo que negociar con una verdadera oposición.

Lamentablemente en nuestro caso no es así y la mayor parte del cabildo es un cuerpo parasitario, aunque sea el órgano máximo de autoridad del municipio.