La 4T y las finanzas de la pandemia: hay riesgo de estallido social

La 4T y las finanzas de la pandemia: hay riesgo de estallido social

Por: Gerardo Lozano

El consenso mundial es unánime: la economía internacional está a punto de entrar a la recesión más importante por lo menos de los últimos 100 años y México, en lo que hay también consenso entre los especialistas, tendrá una caída económica en el segundo trimestre del año de un 6 a un 8 por ciento, lo que se podría replicar en el tercer semestre, de no aplicarse un agresivo plan de apoyo a las empresas de todos los niveles y a la protección directa del empleo.

Unas semanas antes, el 2 de abril, ya en plena contingencia del COVID-19, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una de las frases más ofensivas y oscuras desde que asumió el cargo: “la contingencia del coronavirus nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”.

Además había advertido: “no nos harán cambiar”.

La tragedia sanitaria que costará miles de vidas en México y cientos de miles en el mundo; la caída en una crisis económica sin precedentes que puede devastar la economía de millones de hogares en el país, incrementando, de manera súbita, los índices de desempleo, pobreza y marginación, le “vienen como anillo al dedo para afianzar el propósito de la (cuarta) transformación”.

El fanatismo no alcanza para dar una justificación a todo lo que esta frase significa; se requeriría de locura para justificar que un mandatario de un país vea en el desastre la oportunidad de lograr sus objetivos políticos.

La devastación de la economía como consecuencia de la pandemia, se traduce como la caída del capitalismo, el muy posible surgimiento de masas de población empobrecidas, las condiciones para exacerbar la lucha de clases, la inminente posibilidad de estallidos sociales. Y ahí entra el propósito de la transformación: el surgimiento de un Estado autoritario, la supuesta recuperación del control de la economía por parte del estado y el manejo clientelar de las masas, del pueblo.

Ni el propio Hugo Chávez se hubiera atrevido en su momento a firmar una frase tan cruda y tan despiadada.

No cayó la noche de ese mismo día sin que el coro de los radicales de la izquierda que acompañan a López Obrador gritaran, porque ordinariamente es lo mejor que hacen: gritar, no argumentar, se quejara de que la frase había sido “descontextualizada”.

LA CONFIRMACIÓN DE LOS HECHOS

Ya durante todo el 2019 López Obrador había dejado en claro que no hará absolutamente nada por impulsar a la empresa privada, sin importar que esta es el soporte de toda la economía nacional. Por el contrario, se ha dedicado a generar incertidumbre, falta de certeza jurídica y agresiones directas en contra de la inversión privada.

También dejó en claro que su principal propósito es convertir a PEMEX en lo que alguna vez fue: la fuente de ingresos estatales para impulsar su proyecto de economía nacional y, sin escuchar a los expertos, se ha empeñado con necedad en tirar recursos públicos en una empresa petrolera que es un desastre, pero que la pandemia se ha encargado de dinamitar hasta volverla algo inmanejable.

Tan solo este año le tiene destinados 5 mil millones de dólares, cuando nadie invertirá un peso en el negocio petrolero a nivel mundial.

Lejos de reconocer que no sabe de economía y que su primer año de gobierno fue un fracaso no sólo en economía sino también en renglones tan delicados como seguridad pública, López Obrador ha ratificado que, aun ante la pandemia o más con la pandemia como aliada, no lo van hacer cambiar sino, por el contrario, se ha venido radicalizando cada vez más.

EL ABSURDO RESCATE NACIONAL

Después de que todo el sector empresarial, los gobernadores, la oposición, los medios de comunicación y voceros muy calificados de la sociedad civil le urgieran para la presentación de un plan emergente para el rescate de la economía, ante la tormenta que está al frente, lanzó un decreto de once puntos para el rescate de la economía nacional, “en especial de los más pobres”, que comprenderá del 23 de abril hasta el 31 de diciembre de 2020.

Quedaban algunos optimistas que pensaban que, ante semejante crisis, finalmente López Obrador recapitularía y presentaría algo diferente, pero presentó exactamente lo mismo, con la misma improvisación; la misma falta de precisión en las cifras y la misma falta de fundamentación por parte de un gabinete económico al que, sencillamente, no toma en cuenta.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 23 de abril de 2020, que fue sumamente cuestionado por su redacción tan informal y la grave vaguedad de su contenido, inicia con la afirmación de que no habrá despido de burócratas, pero el salario de los altos funcionarios públicos, desde subdirectores a presidente de la república, se reducirán en un 25% gradualmente, no habrá aguinaldo ni prestaciones de fin de año. Irónicamente se le da un carácter de optativo, porque laboralmente es algo ilegal, va contra la ley federal del trabajo.

Como de costumbre, no se da cifra alguna de cuánto significa este recorte en términos económicos.

En lo que es una medida que paralizará a casi todo el aparato gubernamental, ordena una disminución del 75% en los presupuestos de servicios generales, materiales y suministros de todas las secretarías y dependencias públicas, exceptuando a la Secretaría de Salud Pública, la marina y la defensa nacional; éstas dos últimas siempre intocables, consciente de que, aunque no las use contra el crimen, las necesita siempre de su lado.

En una de muchas joyas del absurdo y la improvisación, se ordena la desaparición de 10 subsecretarías de estado, “pero sin despido de trabajadores y sin cambiar las condiciones de trabajo”, pero no dice cuáles, ni por qué y tampoco qué se ahorra con esto si conservarán a todos los trabajadores.

La burocracia federal, salvo quienes tienen funciones de atención directa al público o son esenciales, tendrán suspensión de labores con goce íntegro de sueldo hasta el 1 de agosto.

Otra joya: se reubicarán servidores públicos, para dejar de ocupar edificios rentados, vehículos, bodegas y otros gastos, como si esto se pudiera hacer de inmediato y no requiriera de una reingeniería del aparato gubernamental.

Pero lo fuerte viene en el punto cinco de los once, donde hace un listado completo de todos los programas asistenciales y clientelares que ha implementado, los cuales no se tocan junto con la Guardia Nacional, la producción petrolera, las 6 refinerías y la CFE, tampoco se les quita un solo peso, lo mismo que sus tres obras emblemáticas: el Aeropuerto de Santa Lucia, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Aclara que la Secretaría de Hacienda garantizará los recursos para las participaciones a los estados, nóminas, pensiones, deuda pública y otros fondos, los cuales, por ley, no puede tocar, porque de hacerlo se rompería el pacto federal, que por cierto ya ha comenzado a crujir por la inconformidad de muchos de los estados más productivos, debido a la disminución de las participaciones y el trato preferente que se da a los estados gobernados por Morena.

Para hacer el gran cierre de su decreto de rescate de la economía del país, finalmente traduce en cifras los resultados increíbles que este tendrá: “Con eficiencia, honestidad y austeridad aumentarán el presupuesto público en 622,556 millones de pesos”.

Con este dinero se otorgarán 3 millones de créditos a las clases más pobres y a la clase media. No lo dice pero se trata de 25 mil pesos de crédito con intereses para micro y pequeñas empresas.

Esto generará, de aquí a diciembre, nada menos que 2 millones de empleos, lo que beneficiará al 60% de las familias, que él cuantifica en 25 millones de hogares, sin aumentar el costo de los combustibles, sin aumentar los impuestos y sin adquirir más deuda pública.

LAS CUENTAS NO SALEN, SÓLO EL POPULISMO IRRESPONSABLE

Ante el pasmo de todos, López Obrador se confirma como el hombre que no escucha a nadie, que muestra un rostro cada vez más autoritario y que está dispuesto a desbarrancar al país antes de poner a un lado sus intereses ideológicos y políticos. A 17 meses de haber asumido el poder ha llegado a su punto de quiebre, que la mayoría pensaba se daría en diciembre de 2020 y de un modo menos abrupto y menos peligroso para el país.

La pandemia del COVID-19 ha venido a acelerarlo todo y ha creado un estado de emergencia, que exige de respuestas rápidas y drástica, de un cambio de timón para todas las economías del mundo.

López Obrador no lo ve así, tampoco el ala radical de su movimiento, quienes ven en la pandemia una segunda oportunidad histórica para la caída del capitalismo, algo que inclusive Rusia y China han mandado al cajón de las antigüedades históricas.

Con un hombre que se ha dedicado, sistemáticamente, a polarizar el país; que inventa cada día a un enemigo del “pueblo”; que pensó poder regresar el régimen político al periodo echeverrista de los años setenta del siglo pasado o a los sesenta del antepasado, el riesgo de inestabilidad social es inminente.

Si hubiera responsabilidad y un manejo económico real, López Obrador tendría que considerar los siguientes factores: el precio del petróleo se derrumbó hasta menos cero, por lo que no habrá ingresos petroleros, ni teniendo compradores; la deuda de PEMEX, que es de 105 mil millones de dólares y sus enormes pérdidas del año pasado, ya mandaron a bonos basura dicha deuda; el monto de las cuberturas por variación de precios le dará tan solo 150 mil millones de pesos, con lo que no cubre ni tan siquiera una parte de las pérdidas que tendrá; los ingresos fiscales de este año tendrán una caída sumamente drástica, tanto que impedirán el financiar todo el gasto que está realizando en programas asistenciales y en sus obras magnas.

Y éstos son sólo algunos factores, pero existen muchos otros, como la caída drástica del ingreso turístico; la caída drástica de las exportaciones en tanto se recupera la economía norteamericana; la caída de los ingresos por remesas de los migrantes, que son uno de los principales factores de estabilidad social del país; el peligro del incremento de la inflación de precios y, el más importante y peligroso de todos, la pérdida de millones de empleos de forma repentina.

La idea de que va a obtener 622,555 millones de pesos de los recortes que propone es algo absurdo, sin fundamento alguno.

La creación de 2 millones de empleos con las medidas anunciadas no sólo es algo sin fundamento, sino una afirmación irresponsable, porque es una mentira.

El que le va a resolver su microeconomía al 60% de las familias del país o a 25 millones de hogares es otra mentira.

En el supuesto de que realmente una pequeña empresa que tiene 10 empleados reciba un crédito de 25 mil pesos ¿qué resuelve si tan solo su nómina mensual debe estar sobre 60 mil o 70 mil pesos?

La renta de un local comercial para un negocio de comida está entre los 5 mil y los 7 mil pesos. Si el negocio cierra por tres meses, tan solo de renta tiene que seguir pagando 21 mil pesos.

No hay garantía alguna de que la persona que diga tener un “changarro” y reciba los 25 mil pesos los destine siquiera a sus empleados, la mayoría de los cuales están siendo despedidos.

No han mecanismos de control ni organismos eficientes para la asistencia social, lo que puede prestarse a la aparición de la arraigadísima subcultura de la corrupción y del clientelismo político, como ha sido con varios de los programas asistenciales vigentes, donde “AMLO manda dinero a la gente”, no el gobierno otorga una prestación o un apoyo institucional.

EN RIESGO LA ESTABILIDAD SOCIAL

Pero la realidad nada tiene que ver con el mundo fantástico de la oficina presidencial.

En Torreón, una gran parte de los médicos especialistas, que cobran de consulta 500, 700 y hasta 900 pesos los más cotizados, mandaron a cuarentena a sus asistentes sin goce de sueldo o con solo un 50% del mismo, cuando son uno de los sectores que más ingresos brutos tiene y que menos impuestos paga.

Una gran parte de las empleadas domésticas fueron enviadas a sus casas sin goce de sueldo y así estarán por uno, dos o tal vez tres meses. Una empleada doméstica gana en Torreón un sueldo promedio de 200 pesos diarios, 1’200 pesos a la semana; 4’800 pesos al mes. Cuatro veces lo que se da a un adulto mayor.

Una gran parte de los restaurantes, bares y antros enviaron a cuarentena a sus empleados sin goce de sueldo, lo que ha dejado, tan solo en este sector a una cantidad muy grande pero no cuantificada de hogares sin ingreso, que no están dentro de ningún programa asistencial del gobierno federal. Habría que agregar a los músicos, que trabajan como independientes.

Lo mismo sucede con peluquerías, estéticas y una buena parte del sector de servicios.

El sector hotelero, en ciudades donde el turismo básicamente es de negocios, han mandado a cuarentena al menos a la mitad de sus empleados con el cincuenta por ciento de su sueldo, o los han despedido. La mayoría de las agencias de venta de autos han retirado temporalmente a la mitad de sus empleados, sin goce de sueldo.

En la economía informal fueron cerrados todos los tianguis, lo que deja sin ingresos a más de mil familias.

El cierre y la inminente mortandad de empresas de todos los niveles y sectores ha comenzado a dejar sin ingreso a cientos de miles de familias, pero esto comenzó a suceder desde el mes de abril, lo que acumulará una tensión social que se puede volver inmanejable, explosiva.

En los países desarrollados, sus gobiernos están recurriendo al otorgamiento de apoyos directos a los desempleados para poder librar los meses de encierro, mientras que están inyectando dinero a sus economías para su reactivación; recursos inyectados al sistema financiero para la disposición de créditos de bajo interés accesibles a los empresarios, lo mismo que beneficios fiscales, con el fin de hacer posible la reactivación de las cadenas productivas.

La tendencia general en el mundo desarrollado es inyectar dinero a sus economías, para proteger y reactivar su planta productiva.

El gran problema de fondo es que ante la crisis que se ha venido encima, el gobierno federal no tiene un plan de reactivación de la economía, no hizo una modificación radical del gasto público y no está considerando ni a los empleadores ni a los empleados que están perdiendo sus salarios, porque esto es “lo que hacían los neoliberales”.

Los únicos que conservan su empleo y su sueldo son los burócratas federales y en general el sector gubernamental, que vive de los impuestos que genera la economía real del país.

El propósito es afianzar la cuarta transformación; sacar adelante los objetivos políticos e ideológicos, por encima de los intereses reales del país, aun a costa de echar más fuego a un incendio que ya es de proporciones gigantescas y que existe el inminente riesgo de romper la estabilidad social.

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