El punto de quiebre

EDITORIAL ABRIL 2020

La crisis provocada por el coronavirus se ha convertido en lo que parece el punto de quiebre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual se esperaba para finales de este 2020, pero el COVID-19 en apariencia ha adelantado las cosas.

Y es un punto de quiebre porque el proyecto de la llamada cuarta transformación, cualesquiera que fuera el contenido de la misma, pues nunca se le ha definido en términos concretos, se derrumbó, al derrumbarse las finanzas gubernamentales hasta niveles impensados, y al entrar el país en una crisis sin precedentes.

Políticamente la aceptación y popularidad presidencial, que parecía intocable, ha tenido un pronunciado descenso, aunque lo peor podría estar por venir si la pandemia golpea al país más de lo esperado y la crisis que deje detrás de sí es más devastadora.

Políticamente el nuevo gobierno ha mostrado un autoritarismo que ha retirado el apoyo y la neutralidad de actores claves, como el empresariado, los medios de comunicación, los gobernadores de oposición, muchas de las organizaciones de la sociedad civil y, para efectos electorales, ha retirado el apoyo de sectores que votaron por una formación política que imaginaban progresista y de una línea de izquierda moderna, coherente.

En medio de la contingencia se han cometido errores graves y falta de capacidad para atender las consecuencias de la misma, aferrándose a un proyecto presidencial personal, no a un proyecto de país y menos a una crisis sin precedentes.

En Coahuila el gobierno estatal parece haber llegado a la conclusión de que no tienen más alternativa que valerse por sus propios medios, de actuar con prontitud ante la crisis y de cambiar el discurso de la concertación por uno de exigencia de lo que les corresponde; de sacar la bandera del federalismo para resistirse a un centralismo que avanza sin ninguna contemplación.

Los principales medios de comunicación, directamente agredidos y cuestionados “históricamente” por la intolerancia, que pretende desacreditarlos ante la sociedad civil, parecen haber comprendido que el llamado beneficio de la duda está terminado, frente a un gobierno que agrede a todo aquel que le cuestiona legítimamente.

El empresariado parece también haber llegado a la conclusión de lo evidente: son indeseados, no recibirán apoyo alguno y deben actuar empleando sus propios recursos; la concertación ha resultado una pérdida de tiempo por más de un año.