El Covid-19 en Coahuila: riesgos y amenazas de la pandemia en el estado con el Wuhan mexicano: Monclova

El Covid-19 en Coahuila: riesgos y amenazas de la pandemia en el estado con el Wuhan mexicano: Monclova

Por: Álvaro González

El viernes 24 de abril, ya dentro de la llamada fase 3 a nivel nacional, Coahuila registró 367 casos de coronavirus, con 33 fallecimientos y una tendencia a la aceleración del número de contagios; sin embargo, la distribución del número de contagios es sumamente desigual en cada una de las regiones y ciudades del estado.

Monclova concentra 194 casos, más de la mitad; Saltillo 44; Torreón 37; Piedras Negras 21; Frontera 21, Castaños 9 y Matamoros 12 casos.

Esto coloca a Coahuila en el sexto estado a nivel nacional con más casos, superado en todo el norte del país sólo por Baja California Norte y Sinaloa, pero esto se debe a un factor atípico y sumamente lamentable: el caso Monclova, una tragedia donde se combinó la negligencia de las autoridades federales y estatales del IMSS y la ineficiencia del personal médico de la clínica No.7 de Monclova, la más grande de la región centro del estado.

Monclova se puede considerar como una tragedia, suscitada por una cadena de errores y de incompetencias, que desnudó al IMSS, el más grande sistema de salud pública del país y la base, en teoría, para el combate a la pandemia que había sido decretada por la OMS desde el 11 de marzo.

La ciudad de Monclova, con una población apenas superior a los 350 mil habitantes, se convirtió en la ciudad con más contagios de coronavirus por habitante a nivel nacional.

EL IMSS Y LA CLINICA No.7

Revista de Coahuila ya ha publicado en su edición anterior la crónica de la tragedia ocurrida en Monclova, pero es importante puntualizar varios aspectos.

El paciente cero, un chofer de tráiler que recientemente había realizado un viaje a Chicago, fue internado el 15 de marzo con un cuadro de neumonía, de acuerdo al reporte médico original, pero realmente con un cuadro de COVID-19.

Cuando el paciente cero es internado en la Clínica No.7 del IMSS, no había equipo de protección contra el COVID-19 de ningún tipo, como caretas, máscaras, trajes, botas, anteojos, gel, guantes, nada.

Tampoco existía ningún tipo de protocolo para la recepción de pacientes infectados y su internamiento.

Lo más delicado: no había pruebas disponibles y ningún especialista o autoridad de la clínica tuvo la iniciativa de practicarle los análisis, que tendrían que haber sido enviados al Hospital de La Raza, en la Ciudad de México.

El 19 de marzo, después de cinco días de estar en el área de urgencias y cuidados intensivos y de convivir con el personal médico, enfermeras y personal de apoyo, el paciente cero tuvo que ser entubado, debido a su gravedad, pero fue hasta el 22 de marzo que se solicitó la prueba a la Jurisdicción Sanitaria No.4 del estado, dando positivo, lo que obligó a trasladarlo a un área de aislamiento el día 23.

El día 24 el personal de la Clínica No.7 se manifestó en protesta, exigiendo el material de protección indispensable para poder atender enfermos de COVID-19 y proteger sus vidas.

El 27 de marzo el paciente cero murió, pero para entonces el número de médicos y enfermeras infectados habían superado los 30 casos y seguirían apareciendo más en los días siguientes.

Ninguna autoridad federal respondió a la emergencia e, informado sobre el caso, Hugo López-Gatell refirió que había una referencia de un contagio por una “consulta externa” de un médico del IMSS, cuando ya se había confirmado que la Clínica No.7 estaba convertida en el más grande foco de infección de COVID-19 en el país. López-Gatell no cambió nunca su versión, no dio siquiera una condolencia pública por el fallecimiento de dos médicos que ocurriría en los días siguientes.

No fue sino hasta el día 29 de marzo que se hizo presente un funcionario federal y hasta el 1 de abril que el delegado estatal del IMSS, Leopoldo Santillán, envió una remesa de equipos de protección para la Clínica No.7, por cierto muy insuficiente.

El día 31 el personal de la clínica había realizado una manifestación de protesta, exigiendo los insumos.

A la fecha, se calcula que al menos 80 casos directos de enfermos de COVID-19 se derivaron del contagio inicial con el paciente cero y de ahí al contagio comunitario. La mitad del personal médico tuvo que ser puesto en aislamiento, lo mismo que parte del personal de enfermería.

Fue el gobierno del estado de Coahuila el que tuvo que suplir la falta de presencia del sector federal, realizando una inversión directa de 80 millones de pesos para la compra de equipos, de un paquete de 6 mil pruebas, de un hospital inflable con 60 camas y de una cantidad similar de equipos de respiración asistida, entre otras cosas.

Fue también el gobierno estatal, con apoyo del municipal, quienes adelantaron las medidas de prevención sanitarias de la llamada fase 2 y ahora lo han hecho con las de la fase 3, denominada de contagio comunitario. La ciudad se encuentra actualmente cerrada; sólo se permite el ingreso de insumos.

CONTRADICCIÓN EN LAS ESTADÍSTICAS

Coahuila ha sido uno de los casos a nivel nacional donde el gobierno del estado se ha involucrado a fondo en la lucha contra el COVID-19, para suplir las serias deficiencias en las políticas federales, que, en la opinión de los especialistas ha sido incompetente en tres factores críticos.

El primero de ellos, reconocer que el sistema de salud del país, a diferencia de los países desarrollados donde comenzó la pandemia, tiene un bajo nivel de eficiencia y de equipamiento, además de insuficiente personal médico y de apoyo, por lo que de manera urgente debió implementarse un plan de inversión y un estado general de alerta, con medidas y protocolos específicos, por lo menos desde que había ya información internacional que alertaba sobre la pandemia, aún antes de que la decretara la OMS el 11 de marzo. El primer caso en México se registró desde el 28 de febrero.

Lo segundo ha sido la negativa a la adquisición masiva y la aplicación de pruebas, desde la fase 1, para reducir en todo lo posible la curva de contagios, sobre todo cuando se encontraba en su primera etapa y estaba perfectamente focalizado su origen en viajantes o visitantes de ciertos países.

La tercera, no menor, es que el gobierno federal debió establecer un liderazgo confiable, con medias sensatas, oportunas y con un mensaje uniforme de orientación hacia la población. Por el contrario, en la etapa inicial, que era clave, todavía el día 23 de marzo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, estaba mandando un mensaje desde un restaurante de la ciudad de Oaxaca para que las personas siguieran asistiendo a restaurantes y fondas.

Al mismo tiempo, la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estaba anunciando que se ordenaba el cierre de restaurantes, bares, antros y se prohibían las concentraciones masivas.

Lejos del mensaje sensato y responsable de un jefe de Estado, López Obrador jugó frívolamente con el tema, presentando estampas religiosas, objetos de superstición y hasta un billete de dólar como protectores contra el COVID-19, en un país donde una gran parte de la población tiende a un pensamiento mágico, supersticioso y pseudorreligioso.

La iniciativa y las acciones de los gobernadores han hecho la diferencia en muchos de los estados. Coahuila llega así a la fase 3 con bajos índices del contagio en sus centros urbanos más importantes, pero con una situación crítica en la región centro del estado.

Llega también con un alto índice de cooperación con los estados vecinos de Nuevo León y Tamaulipas, Durango y Michoacán.

Por dos semanas Durango estuvo reportando sólo 16 casos a nivel estatal, con 4 fallecimientos, lo que significaría un índice de letalidad del 25%, que sería altísimo; más del 250 % por encima de la tasa nacional que se tiene registrada hasta el momento. En los últimos reportes fue moviendo la cifra de casos 40, con 6 fallecimientos. La estadística comenzó a ser más coherente y más realista.

Mientras en la mayoría de los estados no hay correlación entre el número de enfermos y el índice de letalidad, hay muchos estados donde estas cifras no coinciden, como Nuevo León, que reporta 202 casos pero sólo 5 fallecimientos o Sonora, donde ocurre lo contrario: reporta solo 117 casos con un índice de 45 fallecimientos. Tamaulipas registra sólo 5 fallecimientos con 134 casos confirmados, no es tan baja su tasa de letalidad reportada, pero sigue siendo baja, con respecto a la nacional, todo esto con la información de la tercera semana de abril, pero estas cifras se han estado modificando, manteniendo ese comportamiento que no permite establecer tendencias.

Y este es uno de los problemas más serios que tiene México: al no aplicarse masivamente las pruebas, se desconoce realmente un aproximado confiable del número de contagios, por lo que Hugo López-Gatell, para justificar la negativa de aplicación de pruebas, e incluso una política absurda por la cual bloquearon a estados como Jalisco para adquirir 20 mil pruebas en el extranjero, ha inventado lo que él llama el “modelo centinela”, por el cual afirma que el número de contagios se debe multiplicar por 8.8 para tener un estimado real, lo cual es sumamente cuestionable.

Estadísticamente hay una gran diferencia entre los 32 estados, pero lo que tienen más casos confirmados, con excepción de la ciudad de México, coinciden en el índice de letalidad; éste es el caso de Baja California Norte, Sinaloa, Tabasco y Coahuila.

El índice de letalidad se reporta entre el 8.5% y el 9.5%, pero no hay una tendencia común; la mayoría de los estados tienen correlaciones distintas, lo que no permite un análisis del comportamiento del COVID-19 en México; esto resulta desconcertante porque plantea el dilema si esto se debe a registros deficientes o a que realmente hay diferencias tan notorias. Aguascalientes reportaba 80 casos y tan solo 2 fallecimientos, lo que es algo por completo inusual.

Si el Modelo Sentinela que difunde Hugo López-Gatell es cierto, tendría que confirmarse en la fase 3 que inició en la tercera semana de abril. Todo mundo espera que tal proyección sea un error más y la curva de contagios se aplaste, pero los gobernadores se quejan en su mayoría que después de la semana santa y más específicamente en la semana de pascua, hubo un relajamiento en la movilidad social, mientras que una parte de la población comienza a mostrarse reacia a seguir guardando el confinamiento, en tanto que otra no lo ha podido hacer por motivos de sobrevivencia.

En Coahuila el comportamiento de la pandemia ha sido muy moderado en La Laguna, la región sureste, la carbonífera y parte del norte. De mantener estas tendencias el número máximo de contagios al alcanzar la punta en la fase 3, sería moderado, lo que sería una muy buena noticia, ya que estas regiones concentran la mayor parte de la población del estado.

EL IMPACTO ECONÓMICO

Monclova es caso aparte, pero se están tomando medidas drásticas para disminuir la movilidad social y la aplicación efectiva de las medidas de prevención de contagios. El problema más fuerte es que la economía del centro del estado, que depende del consorcio AHMSA, pasa por un mal momento e inclusive ya antes del COVID-19 había amenazas de despidos masivos, mientras que la producción había sido reducida entre un 30 y 35%.

En la región carbonífera y norte se estaba dando el problema de la negativa de la compra de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo que estaba repercutiendo en los productores, sobre todo los más pequeños, que concentran la mayor cantidad del empleo.

Una suspensión de las actividades industrial y minera pueden tener consecuencias mucho más drásticas que en el resto del estado.

Coahuila, a diferencia de estados del país como los del sureste, es principalmente industrial, pero además tiene índices de pobreza notoriamente más bajos, lo que le deja en parte fuera de las políticas asistencialistas del gobierno de López Obrador, al mismo tiempo que le golpea de forma severa la negativa de implementar un plan de apoyo al empleo industrial de las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, que son la base de su economía.

Otro factor es que regiones como la sureste, donde opera el principal centro de la industria automotriz del país, depende de cadenas de producción y de mercados internacionales mucho más complejas, supeditadas al mercado norteamericano e internacional. Su nivel de salarios es más alto que la media nacional, pero hasta ahora había una total negativa del gobierno federal de implementar un proyecto para la protección y compensación del salario de los trabajadores, además de ineficiencia para coordinarse en la toma de decisiones de industrias claves como la automotriz y la aeronáutica.

Lo mismo ocurre con la llamada industria maquiladora, la cual depende por completo del comportamiento de los mercados internacionales, da empleo masivo pero con menores salarios y puede tener una alta volatilidad. Ante una recesión internacional, con una contracción prolongada de los mercados, es un sector que puede recurrir al cierre y al despido masivo de trabajadores, lo que tampoco está contemplando el gobierno federal.

El modelo asistencialista del gobierno de López Obrador está pensado para economías mucho menos modernas y para sostener clientelas políticas masivas, no para la protección del empleo y el apoyo a los estados más industrializados y productivos del país, entre los cuales se encuentran los del norte.

Visto desde el día de hoy, si la población en general atiende a las medidas de protección indicadas, el impacto del COVID-19 puede ser moderado en la mayor parte de Coahuila, con excepción de Monclova, pero el daño económico al corto y mediano plazo puede ser fuerte y, en una buena medida, depende de la reactivación de la economía estadunidense, cuando el país del norte está alcanzando apenas la punta de la fase 3 y se ha convertido en el mayor centro de contagio mundial del COVID-19.

A nivel sanitario, la pandemia ha desnudado algo que la población ya conoce y viene sufriendo desde hace tiempo: el serio deterioro del IMSS como un sistema hospitalario confiable, equipado y con niveles de eficiencia aceptables.

El propio Zoé Robledo, director general del IMSS, quien finalmente visitó Monclova el 25 de abril pasado, reconoció que ante la aparición del COVID-19 “…hubo dilaciones, hubo errores, hubo descuidos que se tenían que corregir”, al mismo tiempo que reconoció que hubo acciones, decisiones y buena coordinación con las autoridades estatales y municipales, anunciando que en 15 días podrá estar lista toda una integración de los servicios de salud, hecho que nunca se ha realizado en ninguna parte del país.

La Laguna es una región mucho más grande con un número menor de casos, pero con una gran falta de coordinación entre los alcaldes de la región, no sólo en la zona metropolitana sino en la región en general.

El panista Jorge Zermeño insiste en anteponer diferencias de carácter político y personal por encima del combate a la pandemia, así como la muy cuestionable utilización de la asistencia social con objetivos político-electorales, inclusive la entrega de material sanitario de protección.

Su primera acción masiva, sugerida por su dirigencia municipal del PAN, fue la entrega de una despensa a los cinco mil taxistas que trabajan en el municipio, donde Ignacio García, el primer regidor con licencia, dirigente municipal del PAN y aspirante a una diputación local, quien es un concesionario muy importante de taxis, está tratando de atraer a gran parte del gremio para apoyar las campañas electorales, que serían el 7 de junio pero fueron aplazadas por la contingencia.

Esto contrasta notoriamente con el fuerte compromiso que han asumido alcaldes como el de Monclova, Alfredo Paredes López, también panista, ante la grave situación de la pandemia en su municipio, logrando una fuerte coordinación con el gobierno estatal, que asumió el liderazgo ante los problemas que reconoció el director nacional del IMSS por el desastre ocurrido en la clínica No.7.

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