Bailando con el Diablo: La 4T y el crimen organizado

Bailando con el Diablo: La 4T y el crimen organizado

Por: Eduardo Rodríguez

La ausencia de políticas de seguridad pública por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en un país donde operan varias de las organizaciones más peligrosas del crimen organizado a nivel mundial y, como consecuencia, con uno de los índices de violencia más altos en la historia moderna del país, está teniendo repercusiones muy graves, ante la negativa de combatir con la fuerza legítima del Estado al crimen, cada vez más empoderado.

Literalmente, López Obrador ha puesto al Estado mexicano a bailar con el diablo y de ello sólo se pueden desprender problemas y un fortalecimiento de los cárteles del crimen.

El 19 de febrero de 2019, casi iniciado su mandato, realizó una gira de trabajo por Badiraguato, Sinaloa, el municipio donde nació Joaquín “El Chapo” Guzmán, donde promovió el programa “Sembrando vida” y fue recibido de forma muy cálida por los pobladores, la mayoría de los cuales vive de la agricultura y de su relación con el mundo del narcotráfico.

El 17 de octubre de 2019 el ejército y las fuerzas federales llevaron a cabo un operativo conjunto en Culiacán, Sinaloa, para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”.

Este operativo, considerado el fracaso más grande que se tiene registrado en la lucha contra el narcotráfico, concluyó con la vergonzante liberación de Ovidio Guzmán, después de que las fuerzas del cártel del Pacífico tomaran por asalto la ciudad, sitiaran el área habitacional donde viven las familias de los militares de la zona y, con armas de artillería y explosivos, amenazaran con atacar a la población civil.

Oficialmente hubo hasta cinco versiones diferentes de los hechos, todas ellas contradictorias, pero finalmente se atribuyó a una orden presidencial la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de quien fuera el capo más importante dentro de este cártel, por lo menos la cabeza visible.

Esta afrenta hubiera sido totalmente inaceptable para cualquier gobierno mexicano anterior y para las fuerzas del ejército, pero a la fecha el cártel opera con uno de los márgenes más permisivos en toda su larga historia, que se remonta décadas atrás.

“¿QUÉ DICE LA BIBLIA?”

Sólo cinco meses después, López Obrador regresó a Badiraguato, para una nueva gira de trabajo que incluía la supervisión de los trabajos de construcción de una carretera, dentro de la zona que es considera como “El triángulo dorado”, una zona ubicada entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde se ha cultivado mariguana y amapola por lo menos desde hace cinco décadas y semillero de varios de los más importantes narcotraficantes que ha tenido el país.

Para la nueva visita, el 29 de marzo de 2020, que coincidió con el cumpleaños precisamente de Ovidio Guzmán, con tres días de anticipación el pueblo fue adornado con flores y se preparó una concentración de 20 mil pobladores para recibir al presidente.

Transportándose por tierra desde Culiacán, López Obrador llegó hasta el poblado, donde tuvo todo un tumultuoso recibimiento.

Después de supervisar las obras, rodeado de un aparato de seguridad militar, pero sin ninguna medida de revisión con los visitantes que fueron traídos de las rancherías cercanas, López Obrador repitió su discurso ya conocido de no violencia y de la justificación del crimen por la marginación social, que sólo se resuelve ayudando con programas asistenciales a los campesinos, pero en esta ocasión fue mucho más lejos e hizo, sin citar su nombre, referencia directa a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“¿Qué dice la Biblia? Que no hay que hacer juicios temerarios. ¿Y qué otra cosa dice la sabiduría de que no se puede hacer leña del árbol caído?” Expresó ante la multitud, entre la cual la familia Guzmán es la suprema autoridad de Badiraguato.

Y repitió lo que ya ha dicho sobre su visión del crimen organizado: “muchos se vieron obligados a tomar el camino equivocado de las conductas antisociales, porque no tuvieron opciones, porque no tuvieron alternativas… no a la fuerza… no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.

Al término de evento de supervisión de las obras, López Obrador se acercó a saludar personalmente a la madre de “El Chapo”, María Consuelo Loera Pérez, una anciana de 92 años, a quien le expresó que ya había recibido su carta, en referencia a una carta elaborada por los abogados de Guzmán Loera.

El abogado de la familia Guzmán aprovechó para tomar del brazo a López Obrador, ante la impotencia de un miembro de seguridad para retirarlo, y lo acompañó hasta su camioneta en un diálogo que hasta la fecha es desconocido.

El terror del 17 de octubre en Culiacán; los grupos de sicarios circulando en camionetas artilladas y cargadas de explosivos; la amenaza de atentar contra las familias de los militares y provocar una masacre entre la población civil si no se soltaba a Ovidio Guzmán quedaron atrás; Ovidio tuvo esa misma noche un festejo de cumpleaños al son de la tambora y el folclore de Sinaloa.

¿Qué qué dice la Biblia?, ¡que no hay que hacer juicios temerarios y no hay que hacer leña de “el Chapo” caído.

¿Es tanta la ingenuidad presidencial? No es creíble. López Obrador se tiene a sí mismo como un sujeto astuto, más que un hombre reflexivo y analítico, esto es parte de sus grandes problemas en el ejercicio gubernamental.

Lo que dijo en Badiraguato suena ingenuo, ni siquiera propio de un beato, es todo un mensaje que parece bastante obvio y bastante preocupante para la sociedad mexicana, incluida la sociedad sinaolense, que mostró un gran asombro ante las noticias del día siguiente.

Si siquiera Jesucristo, en sus 40 días de penitencia en el desierto, se permitió bailar con el diablo, pero este desconcertante mesías tropical parece estar persuadido de que sí puede hacerlo.

EL CHAPO “ORDENÓ” PROTEGERLO

Sólo tres días después, entrevistado por Azucena Uresti en su programa del Grupo Radio Fórmula, el abogado de la familia Guzmán, José Luis González Meza, declaró que “Sinaloa es la tierra de El Chapo” y “él ordenó no dañar al presidente, cuantas veces vaya a Sinaloa, el presidente va a estar protegido”, lo que es una de las declaraciones más desmesuradas que jamás haya expresado un representante de una familia del narcotráfico a un presidente de la república, a quien calificó de tener una “actitud humanitaria y cristiana”.

Externó también lo que ya se conocía: la pretensión de los abogados de El Chapo de revertir la extradición a los Estados Unidos, donde ya fue juzgado y condenado a cadena perpetua, además de internado, de por vida, en la cárcel de máxima seguridad del vecino país, ubicada en Florence, Colorado, y denominada “El alcatraz de las montañas rocosas”, donde está en aislamiento total, sin la más mínima posibilidad de conectar con sus relaciones externas y su enorme fortuna, la cual por cierto sigue siendo un misterio para la sociedad mexicana y norteamericana.

Es también ingenuo pensar que los abogados de la familia Guzmán crean que su petición es posible, pero se permiten ufanarse de que Sinaloa es su territorio y de tener una muy buena relación con el presidente de la república, quien no los combatirá con la fuerza legítima del Estado y menos con fuego. ¿Qué más pueden pedir? Todo lo demás es teatro.

LOS GOBERNADORES Y LAS FUERZAS ARMADAS

Del discurso presidencial y de las declaraciones de los voceros del cártel del Pacífico, se desprenden varias lecturas muy preocupantes para todo el país, en el tema de seguridad y combate al crimen organizado.

La más importante de ellas es que el gobierno de López Obrador, aún en circunstancias graves, no está dispuesto a hacer uso de la fuerza legítima del Estado, lo que le abre el espacio a los cárteles del crimen organizado de afianzarse y pelear por estados y territorios completos del país, los que consideran como suyo, “Sinaloa es la tierra de El Chapo”.

Lo mismo pueden decir los demás cárteles en sus respectivos estados y zonas de operación, como los cárteles de Tamaulipas, que han causado tan graves problemas en Coahuila y están permanentemente asechando. Hasta ahora la postura enérgica del anterior y del actual gobierno estatal les han impedido volver a invadir el estado, pero el discurso presidencial no ayuda en nada a ello.

Estos cárteles se han puesto a repartir pública y masivamente despensas en zonas de alta marginalidad de ciudades como Victoria y Matamoros, Tamaulipas, para seguir el juego de convertirse en benefactores sociales, siguiendo también el discurso presidencial que asocia crimen organizado con pobreza y falta de oportunidades laborales, lo cual es desmentido por las propias estadísticas del INEGI y las investigaciones de especialistas sobre la composición de las diferentes organizaciones criminales.

Estados como Guanajuato, uno de los estados más estables y prósperos del país hasta el sexenio pasado de Peña Nieto, está siendo víctima de una venganza política de López Obrador (es el único estado del país que lo rechazó masivamente en las urnas). Un cártel local, que se denomina de Santa Rosa de Lima, liderado por “El Marro”, Antonio Yépez Ortiz, llamado “El rey del guachicol”, se disputa el sur del estado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialmente el área de Salamanca, donde se ubica una refinería de Pemex; inexplicablemente no ha podido ser detenido, pese a que se mueve dentro de un territorio muy chico.

Las fuerzas federales de seguridad, el ejercito y la Marina se han mostrado incompetentes para apoyar a las fuerzas del estado, lo cual no tiene nada de casual.

Como consecuencia todo el sur del estado de Guanajuato sufre una ola de violencia, donde se dan continuamente ejecuciones y hay un estado generalizado de inseguridad y de temor entre la población, con repercusiones graves para la economía regional y estatal.

No es sino una consecuencia obligada que el 2019 está considerado, por las propias estadísticas oficiales, como el año más violento en la historia del país, desde el movimiento revolucionario del siglo pasado.

A la violencia del crimen organizado, se puede sumar en este año la criminalidad que genere el desempleo y la pérdida de ingreso de millones de familias como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

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