El feminicidio en Torreón

Torreón, el municipio coahuilense con más feminicidios y el número 30 a nivel nacional.

Por: Marcela Valles

Durante los últimos 20 meses se han presentado en Coahuila 24 feminicidios, de los cuales cerca de la mitad se registraron en la Comarca Lagunera, casi todos ellos en Torreón, de acuerdo a los registros oficiales; todos ellos cometidos con un nivel de violencia extrema, con una deshumanización apenas concebible, partiendo de que en todos los casos el asesino ha sido la pareja sentimental de la víctima. Ante su municipio siendo el que tiene el mayor número de feminicidios en todo el estado, frente a los medios el alcalde Jorge Zermeño generaliza hablando de homicidios y declara textualmente que es muy difícil que pueda hacer algo. 

En 2019 Coahuila se ubicó en la décima posición entre los estados con más feminicidios, al contabilizar al menos 24 casos al cierre del año, en tanto que él municipio de Torreón se colocó en la posición número 30 a nivel nacional.

Ante un fenómeno tan grave, es delicado que algunos de los principales medios impresos diarios han dedicado a algunos de estos feminicidios, ejecutados con suma crueldad, notas de apenas tres párrafos, en los cuales no mencionan siquiera los datos básicos que deben componer una nota periodística.

Este fue el caso de una mujer asesinada el 21 de diciembre de 2019 en la Colonia Cerro de la Cruz, en callejón Viento Libre y Calle Tercera, quien fue encontrada por vecinos en una casa deshabitada, cuando la mujer, que había sido brutalmente golpeada, alcanzó a pedir auxilio y fue escuchada por un vecino que pasaba por el lugar.

Ella misma pudo dar cuenta de su nombre: Irma “NN”, de aproximados cincuenta años de edad, y que había logrado escapar del secuestro de su pareja.

Fue encontrada un viernes y falleció al día siguiente como consecuencia de los golpes que recibió. Los vecinos afirmaron que no se dieron cuenta de los hechos, lo cual es poco probable debido a los gritos que debió emitir. Se desconoce también cómo es que llegó hasta esa finca si no vivía en ella y hasta la fecha se desconoce oficialmente si el responsable ya fue plenamente identificado y detenido.

Hay otros casos donde la información es aun más escueta y se da cuenta del feminicidio en tan solo dos párrafos. Es el caso sucedido el 19 de noviembre, en las inmediaciones del Estadio Corona, donde fue encontrada una mujer asesinada, después de que unos transeúntes dieran parte a la policía.

Manuel Dante de la Cruz Regalado, sólo 20 años de prisión por el feminicidio de Dulce María Martínez

Todo lo que se comentó en torno a la mujer es que se le apreciaban dos tatuajes, uno de “Dead Pool” y otro de un búho, esa fue toda la información.

Otro caso más sucedió el 12 de septiembre, cuando vecinos de la Colonia Torreón y Anexas dieron aviso a la policía a través del servicio 911 sobre una mujer muerta.

La mujer, de quien tan solo informó la policía que tenía 25 años de edad, se encontraba en una finca aparentemente abandonada, ubicada en la calle Malecón del Río, la cual había recibido ocho impactos de bala calibre 9 milímetros.

No se proporcionó más información y hasta la fecha tampoco se han dado a conocer más detalles, ni si existe algún avance en las investigaciones.

Tanto en la información como en la discusión pública en torno al feminicidio se menciona muy poco a la familia, pero la mayoría de las mujeres asesinadas eran madres y forman parte de una familia directa y parenteral.

En el caso de una mujer asesinada por su pareja el 23 de agosto de 2019, solo se informa que recibió cuatro puñaladas en su casa, ubicada en la colonia Quinta de los Nogales, calle Nuez Fernot 208 y quien salió a pedir auxilio a los vecinos fue su hijo de cinco años. Si se encontraba en la casa, es muy probable que el pequeño haya vivido toda la escena previa al crimen o inclusive no se descarta que haya sido testigo presencial del asesinato de su madre, lo que es sumamente delicado, pero tampoco se informa si tiene otros hermanos.

Salvo en un caso donde el conyugue criminal también golpeó y amordazó a la suegra, nunca se hace referencia a la familia de la mujer asesinada y, al no conocer la información de quienes cometen los feminicidios, las notas son protagonizadas por las víctimas.

“Bueno, yo que más quisiera; a ver, los temas de homicidio generalmente suceden al interior de las casas, en los negocios, no puedes tener un policía detrás de cada persona, o sea, ¿qué puedes hacer en esto? […] Los homicidios es muy difícil que puedas hacer algo.” -Jorge Zermeño

EXTREMA VIOLENCIA

Además del hecho de que en todos los casos los asesinos han sido parejas o exparejas sentimentales, se da el aspecto coincidente de que al menos un 90 por ciento de estos crímenes se presentan en colonias de bajos recursos económicos y la mitad de las víctimas son mujeres que están entre los 18 y los 26 años de edad, el resto se ubica entre los 35 y los 55 años de edad.

Otro aspecto que llama la atención es que un 60% de los feminicidas matan a su víctima en una finca abandonada o la llevan ya muerta a un terreno abandonado o baldío.

De acuerdo a las investigaciones policiacas realizadas por la Fiscalía General del Estado, los hombres que han asesinado a sus parejas suelen tener un historial conflictivo, pero sólo en uno de los casos una de las víctimas de feminicidio había interpuesto una demanda formal en contra de su pareja por violencia doméstica, lo que tampoco le impidió a su pareja asesinarla.

Es evidente, de acuerdo a las autoridades, que no existe entre la mujer de escasos recursos económicos la cultura de denunciar la violencia que sufre por parte de su pareja, como tampoco se da la denuncia en otros niveles socio-económicos, donde la mujer siente vergüenza por los hechos y calla, lo que sólo propicia que el nivel del maltrato vaya en aumento.

Un factor que no se presenta en ninguno de los casos es el que al matar a su pareja el homicida se suicide, algo que tiene un significado psiquiátrico importante; lo que sí se registra en la región lagunera son algunos casos de jóvenes hombres que llegan al suicidio por conflictos emocionales o el abandono de su pareja.

Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General en Coahuila, declaró a los medios que del total de los feminicidios registrados en el estado se han logrado determinar plenamente los hechos judicialmente en solo 15 casos, pero no especificó si en estos 15 casos se aprehendió al responsable y se le condenó por el hecho. En el resto de los casos sólo existe un expediente abierto que pudiera mantenerse indefinidamente en esa condición.

Existe el caso del feminicida Manuel Dante de la Cruz Regalado, de 26 años, que el 11 de febrero de 2019 en Torreón asesinó a golpes a su pareja Dulce María Martínez, de 24 años de edad. De la Cruz confesó el crimen a las autoridades y 3 días después estaba siendo enjuiciado. Hoy purga una condena de 20 años por el crimen de feminicidio, siendo que al momento del juicio la condena estipulada para este asesinato tipificado era de 40 a 60 años.

El pasado 8 de febrero, abordado por los medios de comunicación, el presidente municipal de Torreón, Jorge Zermeño Infante, lamentó que el municipio se encuentre en la posición 30 a nivel nacional en el índice de feminicidios, pero realizó la siguiente declaración:

“Bueno, yo que más quisiera; a ver, los temas de homicidio generalmente suceden al interior de las casas, en los negocios, no puedes tener un policía detrás de cada persona, o sea, ¿qué puedes hacer en esto? Hemos mejorado en delitos de robo a casa-habitación, de robo con violencia, de robo a negocios, en todos los demás delitos en donde tiene una incidencia del fuero común pues, de vigilancia en las calles, los homicidios es muy difícil que puedas hacer algo si te das cuenta de cuál es el móvil de cada uno de ellos”.

Quitarle al feminicidio su tipificación significa un gravísimo retroceso en años de lucha feminista e implica que este tipo de asesinato deje de ser comprendido como consecuencia de una violencia sistemática.

En la opinión de Jorge Zermeño Infante no existe, literalmente, nada que se pueda hacer en torno al feminicidio en el municipio de Torreón. Más tarde, el 18 de febrero, opinó que las asociaciones y colectividades feministas “tienen razón” al solicitar la alerta de género, pero, además de minimizar el problema feminicida mencionando que se debe atender toda la violencia contra hombres y mujeres en general, enfocó la responsabilidad a un clima nacional y aseguró que en Torreón ya se hace lo pertinente.

Por su parte, la Red de Mujeres de La Laguna, a través de su vocera Ariadne Lamont, han centrado la denuncia pública sobre la conservación de la tipificación penal del feminicidio, después de que el fiscal general de la nación, Alejandro Gertz Manero, propusiera cambios en la materia, para perseguir los femicidios como homicidios con agravantes, los que tienen penalizaciones que van de los 40 a los 70 años de prisión. Quitarle al feminicidio su tipificación significa un gravísimo retroceso en años de lucha feminista e implica que este tipo de asesinato deje de ser comprendido como consecuencia de (además de las condiciones particulares de cada caso) una violencia sistemática sobre la cual los gobiernos tienen gran responsabilidad y a la que deben enfocar en gran medida sus políticas sociales. La propuesta de Gertz Manero implica también que el político y quienes apoyen sus intenciones en la materia no han comprendido la magnitud de la problemática ni sus causas, la gran necesidad de gobernar con perspectiva de género, ni la urgencia de garantizar la vida libre de discriminación y violencia a las mujeres y niñas mexicanas.

A la par de buscar conservar la denominación de feminicidio y de exigir que se declare la alerta de género en la región, la labor de la Red  de Mujeres de la Laguna incluye la constante interpelación por una mayor eficiencia de las autoridades judiciales para perseguir este delito, así como el cese a la negligencia y la impunidad.

Es trascendental que exista investigación criminalística, sociológica y psicológica en torno al feminicidio, a partir de toda la información concreta que se desprende de los mismos hechos; pero en la gran mayoría de los casos, las autoridades municipales, estatales y nacionales carecen de la más mínima capacidad para siquiera dar con los asesinos. Si desapareciese la tipificación del feminicidio, esta desatención podría ser incluso mayor.

Afirmar que no se puede hacer nada, como lo hizo Jorge Zermeño Infante, es irresponsable por parte de un gobierno, que tiene organismos como el DIF, los cuales deberían tener programas eficaces de prevención sobre la violencia de género y estudios sobre por qué dentro de las parejas se están presentando índices de violencia crecientes, en la casi totalidad de los cuales el hombre violenta no sólo a la mujer sino a la familia en general.

El feminicidio es el extremo de esa violencia intrafamiliar, que acaba con el crimen de odio, ordinariamente con todas las características de un homicidio con agravantes, por existir los elementos de premeditación, alevosía y ventaja, habiendo además un historial de violencia de género.

Los gobiernos de los tres niveles pueden trabajar en programas de prevención de la violencia intrafamiliar y de pareja, en coordinación con la sociedad civil, no sólo con los organismos feministas, porque el problema es mucho más generalizado.

Jorge Zermeño Infante es el ejemplo de un gobernante que trata de justificarse ante el problema, porque su visión no es la de quien pretende solucionar de raíz cualquier problemática municipal, porque considera que los feminicidios perjudican la imagen de su administración y busca irresponsablemente desmarcarse, cuando su gobierno no ofrece tan siquiera un análisis de los hechos sucedidos que explique las causas y oriente a la búsqueda de soluciones.

Que el feminicidio permanezca tipificado es de suma importancia para el manejo penal y político de la violencia de género. Sin embargo, si las mejoras gubernamentales se centran sólo en la cantidad de años de prisión a los que sea sentenciado el bajo porcentaje de feminicidas que sí reciban condena, las medidas parecen sumamente insuficientes para erradicar el problema y realmente reparar el alarmante clima de violencia de género de este país.

En el caso de la región lagunera el dato es contundente: el asesino era la pareja o expareja sentimental de la víctima. ¿Qué lleva al hombre a ese nivel de brutalidad en contra de su propia pareja?

Ya que los gobiernos anteriores han fallado en la labor, la administración de Zermeño, así como las que le sigan, tiene serio trabajo pendiente hasta que no sepa responder con veracidad a lo siguiente y no esté poniendo eficazmente toda su capacidad gubernamental en la reparación de esta dolorosa problemática social: ¿cuáles son los verdaderos índices de violencia de pareja y de género en Torreón y qué condiciones los causan? ¿Por qué son tan amplias la ineptitud y el desinterés de las autoridades correspondientes en la resolución de estos crímenes? ¿Por qué tantas denuncias de violencia misógina, las de aquellas víctimas que deciden llevar a cabo el desgastante trámite, son archivadas y carecen de seguimiento? ¿Comprende realmente Jorge Zermeño el problema y, en dado caso, le interesa resolverlo más allá de su imagen política?

Algo muy delicado está sucediendo y no hay una explicación al respecto de un gobierno municipal y un edil que prefieren lavarse pública y sistemáticamente las manos ante una responsabilidad que es tan evidente.