Apapachar al ejército

Por: Eugenia Rodríguez

La actual política de seguridad del gobierno federal ha puesto en una posición sumamente incómoda al ejército mexicano y a la marina armada.

Durante 2019 se dieron varios acontecimientos muy importantes en los cuales el crimen organizado agredió a fuerzas militares, sin que éstas pudieran hacer uso de la fuerza legítima, faltando al respeto a la institución castrense, que es una de las pocas instituciones públicas que gozan de respeto por parte de la sociedad civil, aun después de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los cuales implementaron políticas de seguridad fallidas o muy costosas en términos de vidas humanas.

A cambio de este gran costo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ido mucho más allá que Felipe Calderón en los beneficios y facultades extra militares otorgadas al ejército, que no a la marina, la cual no tiene todas las preferencias presidenciales, no obstante ser la institución que ha mostrado más eficacia en el combate al crimen organizado y cuenta con las fuerzas especiales más calificadas.

La primera decisión fue encargar al ejército la contratación de choferes para la operación de una enorme flotilla de camiones especializados en la transportación de gasolinas, en medio de la crisis del “guachicoleo”.

Enseguida vino el conferirle al ejército la construcción del aeropuerto de Santa Lucia, una de las tres megaobras que piensa realizar este gobierno. El argumento es que “los ingenieros militares están más que calificados para llevar a cabo la construcción del nuevo aeropuerto”.

Las obras van apenas en su primera etapa y ya han surgido toda una serie de problemas técnicos, operativos y financieros, estos últimos debido a la falta de cumplimiento de la normatividad, al no concursarse las obras y manejarse de forma discrecional, aunque la obra deberá tener un costo que, tan solo en cálculos iniciales, superará los 13.3 mil millones de dólares.

El siguiente paso ha sido el más controvertido de todos: la creación de la llamada Guardia Nacional.

Contra lo que se esperaba de un gobierno de izquierda y después de toda la crítica que se había externado en contra del gobierno panista de Felipe Calderón, López Obrador decidió la creación de la Guardia Nacional, al mismo tiempo que la desaparición de la Policía Federal, en lo que ha sido una enorme improvisación.

Se dividió al país teóricamente en 200 regiones y se reclutaron ex miembros y activos del ejército y la marina, con mandos militares de ambas fuerzas y el propósito de llegar al reclutamiento de hasta 50 mil elementos.

Dentro del mismo partido de Morena hubo voces de oposición a lo que se considera como una militarización formal del país al mediano plazo, ya que se espera que la Guardia Nacional esté funcionando cabalmente en el 2021.

Diputados morenistas, como Tatiana Clouthier, quien fue coordinadora de la campaña de López Obrador, se pronunció públicamente en contra de la militarización de la nueva guardia, pero fueron voces aisladas que no fueron tomadas en cuenta, lo mismo que organismos de la sociedad civil, a quienes tampoco se les escuchó.

Hasta ahora los resultados y la conformación de esta Guardia Nacional han sido muy pobres, se desconoce si en parte debido al temor de López Obrador de hacer uso de la fuerza legítima del estado en contra del crimen organizado, lo que se refleja en el crecimiento de los índices delictivos del 2019.

MÁS BENEFICIOS

Contraviniendo la propia ley que regula ahora los sueldos de los servidores públicos, el ejército y la marina, a quienes Felipe Calderón había mejorado sensiblemente sus sueldos, prestaciones laborales y condiciones de trabajo, no fue tocada en los sueldos de los mandos superiores, específicamente de generales y coroneles.

De acuerdo a la última información para 2019 publicada por El Financiero, un general de división gana 186 mil 992 pesos más prestaciones; un general de brigada 166 mil 344 pesos más prestaciones; un general brigadier 126 mil 991 pesos más prestaciones y un coronel 97 mil 190 pesos más prestaciones, las cuales suman cerca de 25, entre las cuales destaca apoyo para vivienda, becas para estudios del personal castrense y sus hijos, premios por desempeño, entre muchos otros.

Lo último ha sido el anuncio de que será el ejército el encargado de la construcción de 2 mil 700 sucursales del llamado Banco del Bienestar, para lo cual ya se tienen presupuestados para 2020 cinco mil millones de pesos y la inversión total alcanzará los 10 mil millones de pesos.

La construcción de estas 2,700 sucursales del Banco del Bienestar ha sido cuestionada como una inversión innecesaria, ya que dichas sucursales tienen como propósito el entregar a la población las ayudas proporcionadas por los programas sociales del propio gobierno.

Además de que el ejército no es una institución que tenga como finalidad la construcción de obra pública, ni el personal calificado para llevarla a cabo, el país tiene todo un sistema bancario que puede dar este servicio de entrega de beneficios asistenciales por medio de la llamada “tarjeta para el bienestar”, por lo que la inversión de 10 mil millones de pesos no parece estar justificada, pero es un beneficio más al ejército.

En su gobierno, Felipe Calderón buscó beneficiar al ejército y a la marina por razones obvias, al declarar lo que se apodó como “guerra contra el narcotráfico”, pero López Obrador ha llevado mucho más lejos los beneficios a la institución castrense y la militarización del país, aunque contradictoriamente ha puesto en evidencia a la propia institución por una serie de decisiones muy desacertadas. Es evidente que se está tratando de asegurar la fidelidad y el apoyo incondicional del ejército.