¿Qué hacer con los Moreira?

Por: Álvaro González

Uno desfalcó a Coahuila y ha enfrentado procesos de juicio internacionales, el otro lo encubrió cuando heredó la gubernatura. Ambos siguen en la vida política y pública del país.

Cuando Braulio Fernández Aguirre, padre, dejó la gubernatura de Coahuila en 1969, se quedó al frente de una camarilla política que tenía una muy fuerte Influencia en La Laguna y, a través de la CTM, en los asuntos laborales del estado. Esta camarilla perduraría por muchos años, pero se fue debilitando poco a poco.

Eulalio Gutiérrez Treviño, quien le sucedió, llevó la fiesta en paz con Braulio Fernández Aguirre y le dejó hacer en La Laguna durante la mayor parte de su sexenio como gobernador, pero en el resto del estado Braulio Fernández no podía meter mano.

Óscar Flores Tapia era de un temperamento mucho más bronco, pero además llegó a la gubernatura después de haber sido corrido, literalmente, por la clase priista dominante de Coahuila, así que actuó sin contemplaciones. De entrada le hizo una auditoria al gobierno de Gutiérrez Treviño y le encontró faltantes en la tesorería, los cuales denunció, pero el tesorero, de nombre Carlos Ayala, era en apariencia un protegido de Mario Ramón Beteta, un muy influyente político de la cúpula priista nacional.

Aun así Gutiérrez Treviño, quien tenía problemas con el alcohol, tomó muy mal las cosas y empeoró su problema, lo que le llevó a una muerte prematura. Su hijo y un sobrino seguirían en la política a un buen nivel pero después de la salida de Oscar Flores Tapia.

En La Laguna, Flores Tapia se pasó por alto el cacicazgo de los Fernández Aguirre y entró en conflicto con ellos hasta el final de su periodo. En apariencia le costó caro, pero no tanto como se pretende hacer parecer, pues al final muchos se adjudicaban la caída de Flores Tapia, quien realmente fue víctima de sus propios errores y no de la acción de algún grupo político regional o  de algún medio de comunicación específico.

José de las Fuentes Rodríguez llegó a la gubernatura en 1981 ya a los 61 años de edad, después de una muy larga carrera pública. Era pragmático, le apasionaba la perfidia e integró uno de los gobiernos más mediocres del último tercio del siglo pasado coahuilense.

Trajo de vuelta a los Fernández Aguirre y les cedió posiciones políticas, comenzando con hacer presidente municipal de Torreón a Braulio Fernández Aguirre, quien, como él, tenía como vicio principal y limitación la adicción al alcohol.

Con algunos florestapistas batalló, no con muchos, y usó la perfidia para deshacerse de ellos, como fue el caso de Óscar Villegas Rico, quien controlaba la UAdeC. También usó la perfidia para quitarle la dirigencia estatal de la CTM a Leobardo Flores Ávila, un personaje a quien Ripley no le ha hecho justicia pues es un record mundial: murió en su cargo como dirigente de la CTM en Torreón a la edad de 102 años, después de más de medio siglo de carrera.

Curiosidades aparte, el asunto es que José de las Fuentes Rodríguez se las arregló para gobernar a base de perfidia y de darles hilo a ciertas camarillas, aunque nunca tanto como el que desearan.

Cuando terminó su periodo se fue y su camarilla se disolvió, lo que le permitió a Eliseo Mendoza Berrueto llegar con tranquilidad a gobernar, pero el gusto le duró poco porque ya a mediados de su periodo tenía encima a Rogelio Montemayor, primero como delegado de la Sedesol y posteriormente como senador de la república, además tuvo al sector empresarial de Saltillo en contra y le tuvo que ceder posiciones a la familia de los López, quienes se tomaron como una empresa más de su propiedad al PAN local.

Rogelio Montemayor Seguy llegó en 1993 con todo el apoyo presidencial de Carlos Salinas de Gortari y Eliseo Mendoza. Es, por carácter, un hombre institucional y cuya camarilla política no tenía mayor peso.

De esta forma Montemayor gobernó con holgura, pues además le había ganado la mano a Enrique Martínez y Martínez, a quien parecía tocarle la gubernatura por trayectoria política.

Rogelio Montemayor, habrá que decirlo, encabezo un gobierno capaz pero muy corrupto, no obstante al mismo tiempo muy cuidadoso de los procedimientos y el dinero público. Todos sus negocios eran paralelos al poder, utilizando a este de manera muy eficiente para el tráfico privado de influencias, de él y de toda su camarilla, muchos de los cuales se volvieron multimillonarios.

Enrique Martínez y Martínez llegó con solvencia al gobierno estatal, pero en medio del ascenso del PAN a nivel nacional y con la salida del PRI de la presidencia de la república en el 2000; tenía mucho oficio y mucho camino andado, así que no tuvo mayores problemas para lidiar con el ascenso del PAN y la llegada de este a varias alcaldías importantes.

Ordenado y muy cuidadoso con el dinero público, hizo un gobierno solvente y sin mayores contratiempos. El grueso de su gabinete estaba conformado por gente nueva de La Laguna, pero él mandaba, además la política le dio muy pronto una gran satisfacción: la estrepitosa caída de Rogelio Montemayor y toda su camarilla política, lo que le evitó entrar en conflicto con ellos y le dejó el camino despejado.

Con un buen cierre de gobierno, las cosas quedaban muy a modo para el PRI, aunque el PAN tuviera la presidencia de la república, pero entonces vino el error político de su vida: designar a Humberto Moreira Valdés como candidato a la gubernatura.

EL SURGIMIENTO DE LOS MOREIRA

Joven, carismático, desenfadado, el profesor Humberto Moreira había realizado un papel aceptable como alcalde de Saltillo, pero bajo la tutela de Enrique Martínez y Martínez. Sin embargo su inicio en la política había sido marcado por un escándalo que le costó la salida del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Era 2005. Con una victoria aplastante en la urnas y ya instalado como gobernador, Humberto Moreira comenzó a mostrar ciertos rasgos preocupantes: sumamente disipado en el manejo de la administración pública (especialmente en lo referente al dinero), populista y dado al nepotismo, le cedió buena parte del manejo político a su hermano Rubén, a través de la dirigencia del PRI en el estado.

Para la segunda parte de su sexenio se comienza a involucrar cada vez más en la política nacional, con el propósito de regresar el PRI a la presidencia de la república y, al mismo tiempo, comienza a contraer enormes créditos con diferentes instituciones bancarias, los cuales no aparecen en los informes anuales que presenta ante el Congreso del Estado.

En tan solo dos años (2009 y 2010) se contrajo deuda por más de 10 mil millones de pesos sin que se supiera nada públicamente de la misma y sin la autorización del Congreso del Estado.

El primer gobierno moreirista terminó en 2011 con una deuda de 37 mil millones de pesos; una grave descomposición social al permitir el apoderamiento en todo el estado de la más violenta y brutal de las organizaciones del crimen organizado.

Ese mismo año Humberto Moreira ocupa transitoriamente la dirigencia nacional del PRI, justo en el periodo en que se decide la designación de Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia de la república, pero tiene que renunciar por el escándalo desatado en Coahuila.

Todo lo demás es conocido: su salida a España, el proceso que se le finca por diversos delitos, su exoneración por falta de aportación de pruebas de las autoridades mexicanas y su regreso a Coahuila, donde tiene el cinismo de formar un nuevo partido político y es expulsado del PRI.

ENTRE HERMANOS

Desde el inicio, Humberto Moreira había operado políticamente a través de sus hermanos, pero principalmente de Rubén, el mayor de ellos, quien le sucede en la gubernatura.

Al ganar la elección por la gubernatura, Rubén Moreira entra en un conflicto personal con  Humberto, pero no por ello aclara ante la opinión pública el asunto de la deuda de los 37 mil millones de pesos, los que comprometen las finanzas del gobierno estatal por cerca de 30 años, con un pago de intereses que alcanza alrededor de 4 mil millones de pesos cada año y que golpea severamente la obra pública en todo el estado y otros gastos de inversión.

Con un gobierno federal priista, comprometido con los Moreira, de alguna manera se podían obtener recursos adicionales para poder sacar adelante la administración estatal y la inversión pública directa, la cual comenzó a descender durante el periodo de Rubén Moreira.

El conflicto entre hermanos se había dado a raíz del asesinato del hijo mayor de Humberto, en un acto de venganza, a manos de la organización criminal que había capturado al estado como su territorio durante el periodo de este.

Como todos los pleitos familiares, estaba cargado de vísceras, pero finalmente no repercutió mayor cosa en la actividad política ni se tradujo como medidas concretas, por el contrario: Rubén cubrió a Humberto en sus malos manejos financieros.

Con el apoyo de Enrique Peña Nieto, Rubén logra la erradicación de las principales organizaciones criminales que operaban en el estado y en general la disminución drástica de los crímenes de alto impacto, pero tendría problemas durante todo su sexenio para obtener recursos suficientes para inversión. Al final deja una deuda a proveedores, entre documentada y no documentada, de casi 4 mil millones de pesos, además de la deuda de los 37 mil millones de pesos.

Aun con el enorme desprestigio generado por Humberto hacia el PRI, el gobierno de Rubén Moreira obtiene suficientes resultados para que el PRI retenga la gubernatura en 2017, no sin un larguísimo conflicto legal emprendido por el PAN en todas las instancias posibles a nivel estatal y federal.

Las relaciones le alcanzan a Rubén Moreira para convertirse en diputado federal en el 2018, en lo que fue algo inesperado y ahora, en 2019, su esposa, Carolina Viggiano Austria, se coloca como nueva secretaria nacional del PRI, con aspiraciones para ocupar la gubernatura de su estado natal, Hidalgo.

¿QUÉ HACER CON LOS MOREIRA?

El PRI Coahuila renovó en este mes de noviembre su dirigencia estatal, ratificando a Rodrigo Fuentes, quien se hará cargo del proceso de 2020, donde el viejo partido tendrá que luchar por mantener una presencia en el Congreso del Estado al menos similar a la que tiene hora, frente a Morena, que quiere ocupar todos los espacios y al PAN, que desea alcanzar la mayoría.

Para el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís la elección de diputados locales es crítica, pues de alcanzar la oposición la mayoría en el Congreso Estatal le complicaría todavía más el ejercicio gubernamental, que tiene que cargar con la deuda, pero además con todas las medidas de restricción financiera que ha impuesto el nuevo gobierno federal.

El principal problema de imagen del PRI en Coahuila es la marca Moreira, la que le costó perder todas las alcaldías en la región lagunera, el centro del estado y Piedras Negras en 2018.

Mientras que en la mayor parte del estado la referencia a los Moreira es el principal problema de imagen del PRI, en la capital del estado, Saltillo, uno de los hermanos Moreira, Álvaro, sigue siendo un importante operador del partido, mientras que Rubén pretendía seguir ejerciendo influencia en la política estatal.

La aparición de un político joven como Manolo Jiménez, el alcalde de Saltillo, quien proviene de una familia política distinta, ha permitido algo inesperado: fortalecer al PRI en la capital del estado, hoy convertida ya en la ciudad más importante y, en consecuencia con un padrón electoral casi equivalente al de toda la región lagunera.

Consciente del muy complicado escenario político en que gobierna, Riquelme Solís ha sido cuidadoso en no cometer errores, pero también en evitar la confrontación; tiene que avanzar en el control político, deshaciendo el coto de poder que formaron por largos doce años Humberto y Rubén Moreira, quienes integraron un clan familiar que lo controlaba todo, algo inédito en la política estatal.

El problema son los escándalos que no deja de dar Humberto Moreira y la inminente  circunstancia de que Rubén Moreira quiera seguir metiendo mano en la política estatal, ahora que Carolina Viggiano ocupa la Secretaría General del PRI nacional. Sin embargo, con la salida del PRI de la presidencia, cada uno de los gobernadores se convierte, de facto, en el jefe político del partido en su estado; aun así las presiones se van a dar.

Humberto está fundido políticamente, está fuera del PRI y su futuro se puede volver muy incierto si se diera, finalmente, un poco de justicia poética.

El retorno de personajes como Jericó Abramo Masso, ex alcalde de Saltillo (2010-2013), quien tenía un conflicto personal con Rubén Moreira, y el gobierno de Manolo Jiménez deben tener la capacidad para neutralizar la presencia de los hermanos Moreira en los medios populares de Saltillo y algunas otras pocas ciudades del estado.

Consciente del escenario político en que tomó la gubernatura, donde todo le parecía ser adverso, Riquelme Solís ha adoptado en sus primeros dos años por una política de conciliación, evitando confrontaciones al interior de su partido y con las oposiciones, tanto los alcaldes de extracción panista como los políticos de Morena que operan en el estado y a nivel federal.

Es uno de los pocos gobiernos estatales que ha logrado un buen acercamiento con Andrés Manuel López Obrador, pero el problema es traducir las buenas relaciones en un mejor trato presupuestal para el 2020, un año que se proyecta como muy difícil para los gobiernos municipales y estatales del país, por lo menos para la mayoría.

El PRI nacional ha quedado a la deriva, aun con el cambio de su dirigencia. Cada gobernador está a su suerte y tiene que operar por su cuenta frente al poder federal y al interior de su estado. Esto es un gran problema, pero también la oportunidad de construir su jefatura política si se aplica en ello.

Para el próximo año de 2020, Miguel Riquelme Solís llegará a su tercer año de gobierno y a una elección de diputados locales que es estratégica para su mandato. Antes de la misma tendrá que tener bajo control a la familia Moreira, sin excepción de ninguno de ellos.

Los dos ex gobernadores deberán desaparecer de la opinión pública, aunque Rubén siga siendo diputado federal.

Los panistas han estado insistiendo mucho sobre la megadeuda, pero es más el intento de exprimir el tema políticamente todo lo posible, pues desde el punto de vista financiero y legal la realidad es que no se puede hacer nada. El gobierno de AMLO ni siquiera ha considerado apoyar a los estados o poner en movimiento su aparato judicial para ver qué se puede hacer en contra de los responsables.

La única posibilidad de un poco de justicia radica en el distrito judicial del sur de Texas, ahora que tienen ya en prisión al ex gobernador interino Jorge Torres López. De lo que negocie para el acortamiento de su condena depende la expansión del caso judicial de Coahuila 2006-2012.

Pase lo que pase, los Moreira deben desaparecer del escenario político, a menos que el PRI quiera seguir pagando los costos con el activo ya mermado que sigue conservando.