El castigo a Coahuila y a los gobiernos no morenistas

Por: Álvaro González

El actual gobierno estatal de Coahuila que encabeza Miguel Riquelme Solís ha estado tratando, con todos los medios a su alcance, de tener la mejor relación posible con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero al momento de la toma de decisiones, la Secretaría de Hacienda y el Congreso, que no se mueven sin que la presidencia les dicte instrucciones precisas, está castigando al estado en la asignación del presupuesto para el próximo año de 2020.

No es Coahuila el único en recibir este trato, pero sí se encuentra entre los estados más productivos del país, lo que significa que genera muchos más impuestos e ingresos a la federación de los que está recibiendo como participaciones.

Esto no es nuevo: tiene décadas sucediendo, debido a una fórmula de distribución fiscal complicada, pero que de fondo no premia la productividad y se maneja con criterios políticos, priorizando siempre el gasto del propio gobierno central y después a los estados que considere la política financiera que determine el presidente en turno.

El caso más extremo de inequidad es el de Nuevo León: el estado más industrializado y productivo del país, pero todos los estados norteños y en general los estados que no son gobernados por Morena están siendo castigados.

Los números no dejan lugar a especulaciones.

Del total del gasto social, que será de 3 billones 471 mil millones de pesos, el 59% fue destinado a los seis estados que gobierna Morena: Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Baja California Norte, Chiapas y Tabasco.

Para los 22 estados que gobiernan el PRI y el PAN se designó apenas un 30.8%.

De los programas presupuestales que se asignan con base en una reglamentación, los estados gobernados por Morena recibirán hasta el 91% del total.

En proyectos de inversión estatal, que tendrá un presupuesto global de 401 mil millones de pesos, los 6 estados morenistas tendrán un 44%; los 12 estados que gobierna el PRI tan solo un 8.6% y los 10 que gobierna el PAN apenas un 4.1%.

El restante 42% será designado al estado de Campeche, que es de gobierno priista, pero para destinarlo al proyecto del llamado Tren Maya; recursos que se manejarán en la práctica por los funcionarios federales y no pasarán por el gobierno estatal.

Los proselitistas del gobierno de López Obrador hablan de la coherencia de un gobierno de izquierda y de la equitativa distribución de los recursos para combatir la pobreza, pero ese es un planteamiento poco consistente y distante de la realidad.

Lo más evidente es que se trata de un manejo de tipo político-electoral, por el cual están privilegiando los estados que son gobernados por el nuevo grupo político en el poder federal y el castigo a todos los demás estados o, en otros términos, se pretende sembrar en 2020 para cosechar electoralmente en 2021.

Durango es un estado norteño, pero es el de más baja productividad y más alta marginación, por lo cual debería haber sido privilegiado en el presupuesto de 2020, pero ha sido castigado. El problema principal es que es gobernado por el PAN, y el PT pretende, por todos los medios, hacerse políticamente de ese estado, socavando la gestión del actual gobierno panista.

Tabasco, además de todos los beneficios adicionales, recibirá la inversión de las obras de la nueva refinadora de Dos Bocas. Es el estado del presidente. Sólo la condonación que hará la CFE a los usuarios de esa entidad será descomunal.

Lo más lamentable es que la manipulación del presupuesto de egresos del 2020 ayudará poco, en términos reales, a la disminución de la pobreza de los estados privilegiados y, en cambio, castigará a los estados más productivos del país, lo que golpea al desarrollo y en consecuencia a la economía nacional.

La gigantesca paraestatal PEMEX muestra como la inversión pública mal orientada puede ser escandalosamente improductiva y no genera riqueza a los estados donde se ubica.

Veracruz, el tercer estado más poblado del país, Tabasco y Campeche no son ningún modelo de desarrollo, pese al petróleo y a todos los enormes recursos naturales de los que disponen, mientras que estados como Coahuila, con recursos naturales mucho más limitados y sin todo el subsidio gubernamental, ha construido una economía mucho más moderna, productiva y conectada a la economía internacional.

Al proyecto del Tren Maya, que tiene la oposición de una gran parte de las mismas comunidades indígenas, de los ecologistas y es considerado como innecesario por el sector turístico, recibirá este año 168 mil millones de pesos, equivalente a cuatro veces el presupuesto total que recibirá Coahuila en 2020. Y este controvertido proyecto, considerado como un capricho presidencial, quien solo se lo consultó a la “madre tierra”, apenas comienza.

La reacción de los 26 estados que no son morenistas ante este manejo de los recursos públicos no puede seguir con reacciones tibias e intentos cordiales que, a la hora de la verdad, no funcionan, porque las consecuencias las pagarán las economías estatales y cuya, libremente conforme a su derecho, por partidos distintos a los de López Obrador.

Lo de la 4T es cada vez más un cuento que nadie entiende bien a bien, pero al mismo tiempo es la distracción para implementar un proyecto que define populista, autocrático y pesuoizquierdista, que tiene a la economía con crecimiento cero.