El poder de la dádiva en la política y los gobiernos

Por: Marcela Valles

En el año de 2012 me tocó presenciar el poder que tiene una dádiva para manipular el comportamiento político de una persona, sin importar el que esa persona no tenga necesidad alguna de esa dádiva.

Una familia vinculada a una política local, comenzó a manejar una campaña de proselitismo en favor del PRI en la colonia Ampliación La Rosita, un sector de clase media que en parte vota por el PAN, pero puede cambiar su voto por otro partido, debido a que en su mayoría se trata de un voto que no está condicionado y no forma parte de ninguna estructura clientelar.

Inició entonces una campaña de dádivas de tinacos de 500 litros, cubetas de pintura y cubetas de impermeabilizantes.

No se tenía un registro reciente de que en la colonia se hicieran este tipo de regalos, pero de inmediato se corrió la voz y se generó una euforia para estar en las listas y poder recibir los tinacos, las cubetas de pintura y de impermeabilizante.

Es difícil calcular qué cantidad se dio de estos artículos, pero eran camiones llenos los que se distribuían y llegó un momento penoso en que había una especie de rapiña por tratar de obtener más botes de pintura, más impermeabilizante y más tinacos.

La pintura era de baja calidad y de colores que son poco comerciales, lo mismo que el impermeabilizante, que era de baja calidad, no así los tinacos.

Nunca se supo si el reparto de estas dádivas modificó, en términos  reales, la tendencia del voto en esa colonia de clase media, pero lo que llamó más la atención fue ese fenómeno por el cual hay una actitud de correr detrás de la dádiva, aunque no se tenga necesidad de ella y se sepa que es algo incorrecto y hasta vergonzoso entre gente que, si bien no es millonaria, sé tiene una forma digna de vida y recursos aceptables, además de una formación educativa y familiar que le permite ser consciente políticamente y estar debidamente informada.

En colonias de bajos recursos y en colonias privilegiadas, desde el nivel municipal hasta los programas federales, desde mochilas hasta becas y pensiones: la dádiva, que nace en despensas y billetes y llega hasta el asistencialismo, parece ser uno de los pilares de la política mexicana en todos sus niveles y en todos los partidos.

LOS SECTORES POPULARES

En sectores de alta densidad de población, de clase media baja o popular, como las colonias Jacarandas y Las Alamedas, existe toda una estructura “territorial” tanto de parte del PRI como de parte del PAN, donde las colonias están divididas por cuadras y existen “lideresas” encargadas, las cuales desde hace décadas reparten todas las dádivas que se hacen llegar a los votantes potenciales.

Se regalan principalmente despensas, tinacos, pintura, impermeabilizante, camisetas, gorras, bolsas, paraguas y hasta dinero en efectivo el día de la elección.

Anteriormente el PAN condenaba estas prácticas, lo mismo que algunos otros partidos de la oposición, pero hoy las han adoptado y las llevan a cabo como cualquier otro.

En estos sectores sociales la dádiva no sólo es aceptada sino que es exigida, condicionando el voto a recibirlas o no recibirlas.

Para los partidos políticos que han hecho de la dádiva un recurso sistemático de proselitismo el problema es que el procedimiento de dádivas, que es una forma de corrupción, a su vez se ha ido corrompiendo y perdiendo su eficacia, debido principalmente a que la “estructura territorial” o cuadros de lideresas, se han ido volviendo cada vez más voraces y se quedan con gran parte de los recursos que se les entregan, tanto en especie como en efectivo.

Está tan corrompido esto de las “estructuras territoriales”, que las “lideresas” juegan con un partido y con otro, tomando a la vez dinero de dos partidos diferentes o hasta de tres, como fue en la elección de junio de 2018.

Si un partido destina a dádivas 100 millones de pesos, por citar una cifra, más de la mitad de esos recursos nunca llega a los votantes; se quedan en la “estructura sectorial o territorial”.

Este problema se reflejó de manera cruda en la elección de 2017 para diputados locales en Torreón. De cinco distritos el PRI perdió en los cinco, no importando quién fuera el candidato del otro partido. La llamada “estructura territorial” reventó, primero porque se ha vuelto inoperante y obsoleta y, segundo, porque la promoción del voto y los canales para atraerlo han sufrido un cambio drástico.

Esto no significa que la dádiva pasó a la historia, sino que tiene otros mecanismos que pueden ser más eficaces.

El problema de los partidos tradicionales, como el PRI, el PAN y el PRD, que adoptó los mismos esquemas, es que buena parte de sus cuadros también están corrompidos, lo que propicia que no trabajan si no reciben dinero, y del dinero que reciben le “ordeñan” todo lo que pueden.

LA DÁDIVA DESDE EL ESTADO

Desde que tuvieron acceso a gobiernos locales y estatales, el PRD y la izquierda en general se sumaron a la política de la dádiva, que se vuelve una política clientelar operada desde los gobiernos, a través de los diversos programas de asistencia social o por medio de la capacidad de los gobiernos para otorgar o negar ciertas concesiones, como el servicio de transporte público.

El partido que llega al poder busca mantener y fomentar una base política clientelar, primero en los sectores sociales más pobres y populosos y después entre las clases medias, donde se forma la clientela principalmente a través de la eficiencia en el trabajo de gobierno y el manejo de la imagen pública.

El PRI, que gobernó el país durante casi todo el siglo pasado es el inventor del clientelismo, que comienza con la conformación misma del partido, el cual, desde el periodo cardenista, queda integrado por los sectores obrero, campesino y popular, creando una estructura corporativa sumamente eficiente, invencible en cualquier proceso electoral.

Pero el clientelismo que convierte los programas gubernamentales de asistencia social en instrumentos de dádiva que busca el control político, cobró nuevas formas en el gobierno de Luis Echeverría y en el de José López Portillo, con un derroche enorme de recursos públicos que llevó a una severa crisis económica en 1982 y hecho a la basura el bono petrolero del país.

El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha implementado como principal política de Estado el asistencialismo, que busca el combate a la pobreza, la redistribución de la riqueza del país y la igualdad de oportunidades para los sectores más desfavorecidos, lo que representa el problema más grande a nivel nacional.

Para este propósito se han implementado 12 programas sociales principales, a los cuales se destinaron en 2019 recursos por 205 mil 831 millones de pesos, pero el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020 presentado por la Secretaría de Hacienda al Congreso, destina 282 mil 941 millones de pesos.

Es el gasto en programas sociales más grande que se ha realizado en la historia reciente del país por parte de un gobierno federal, pero este ha sido a costa de reducir el presupuesto de una gran cantidad de organismos, instituciones y gobiernos estatales y municipales.

Varios de estos programas han resultado exitosos a corto plazo, como el del Bienestar de las Personas Adultas Mayores, pero hay otros, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, destinado a becar en las empresas con 3 mil 600 pesos mensuales a jóvenes que están desempleados y están en busca de experiencia laboral, el cual ha resultado un fracaso, pues requiere de una instrumentación mucho más compleja que no ha podido llevar a cabo el nuevo gobierno.

El presupuesto, que era de 40 mil millones de pesos en 2019 no pudo ser aplicado sino en parte. Para el 2020 se ha reducido el presupuesto a 25 mil 614 millones de pesos.

Otro programas, como el denominado Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras, al cual sólo se destinaron en 2018 un presupuesto de 2 mil 41 millones de pesos, ha sido muy criticado, al retirar el subsidio a la madres trabajadoras, que se entregaba a las guarderías, para ser entregado ahora de manera directa a las familias, lo que ha resultado un fracaso, porque en la práctica se eliminó gran parte del subsidio y debido a que el mecanismo no ha funcionado muchas guarderías están cerrando.

En estados industrializados, como Coahuila o en regiones como La Laguna, quitar gran parte del subsidio ha golpeado al sector de las madres trabajadoras.

Hay programas muy polémicos, tanto por sus características técnicas como por el monto de los recursos que se le están destinando, como el llamado Sembrando Vida, por medio del cual se otorga un ingreso a los campesinos para el cuidado de lo que será la plantación de un millón de árboles maderables y frutales, principalmente en los estados del sur del país.

Este programa recibirá en 2020 un presupuesto de 25 mil 130 millones de pesos, pero su supervisión será sumamente compleja, por lo que puede terminar siendo una dádiva para los campesinos que habitan en zonas boscosas o selváticas, de las cuales quedan ya pocas en el país.

No participa en el programa ninguna organización nacional o internacional de ecologistas y expertos en el tema, con experiencia en intervenciones forestales como la que se pretende.

De no manejarse adecuadamente, el programa se convertirá en una dádiva gubernamental hacia comunidades rurales, casi todas ellas del sur del país.

Otro programa muy cuestionable es el denominado Programa Microcréditos para el Bienestar (tandas); el único que se manejará a través de la Secretaría de Economía, al cual se le redujo inclusive del presupuesto de 3 mil 33 millones de pesos en 2019 a tan solo 2 mil 500 millones de pesos para 2020, cuando el sector de la microempresas es el que más empleos genera en el país.

Oficialmente se han otorgado alrededor de 344 mil créditos, con un promedio de apenas 3 mil pesos por crédito, lo que es algo muy pequeño, porque no se está pensando en microempresas sino en puestos de tacos.

Este programa está copiado del programa Compartamos, que funciona con recursos privados y ya se ha convertido en un banco, en consecuencia con un cobro de intereses, muy altos por cierto.

Todos los programas están centralizados en su manejo y el presidente Andrés Manuel López Obrador los presenta como si los entregara él personalmente, lo que puede tener efectos clientelares muy importantes, asegurándole un voto cautivo que le daría una ventaja enorme sobre cualquier otro partido.

En el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya se mostró que el centralismo y la incompetencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para llevarlo a cabo resultó en un fracaso y un gran desperdicio de recursos públicos, entre otros problemas.

Por motivos principalmente políticos y bajo la consigna de que no puede haber otra instancia más que el gobierno federal, porque de otro modo se presta a corrupción, los gobiernos estatales y los municipales han sido desplazados en la implementación de todos estos programas, generando un centralismo como jamás se había visto anteriormente.

Hay programas asistenciales que son considerados por los especialistas como muy necesarios. Este es el caso de los dos programas de becas para estudiantes de nivel básico y medio superior, lo que estimulará la permanencia escolar y la disminución de los índices de deserción, pero al mismo tiempo se están tomando decisiones que pueden bajar aún más el ya de por si bajo nivel de la educación pública en el país.

Varios de esos 12 programas asistenciales pueden ayudar realmente a los sectores más pobres y marginales del país, pero en la forma de entregarlos puede darse un clientelismo político enorme, muy parecido al que se dio en el periodo de Luis Echeverría y José López Portillo en los años setenta.

Junto al subsidio, que busca el combate a la pobreza, el manejo de la economía es muy deficiente, no solo en la opinión de los sectores productivos del país sino también de las más importantes calificadoras internacionales. Esta deficiencia llevará, de acuerdo al último estimado, a un crecimiento de 0.2% en 2019, casi cero, lo que no había sucedido en el país desde la crisis de inicios de los ochenta que dejó el derroche del populismo, más tomando en cuenta que la economía norteamericana ha tenido un crecimiento bastante importante en sus índices durante los últimos cuatro años.

Generar riqueza sin desarrollo, como estaba sucediendo en varios estados del país, es posible, pero generar desarrollo sin generar riqueza es imposible; eso sí, permite a través de la dádiva que un gobernante tenga muy altos índices de aprobación ciudadana, aunque posteriormente las consecuencias pueden ser carísimas.

Para sostener una política de asistencial social agresiva, se requiere primero tener índices de crecimiento económico semejantes, que se reflejen en un incremento notorio del empleo y los salarios.

Seguir la actual tenencia de nulo crecimiento económico y un gasto público cada vez más alto en programas de asistencia es imposible.