Fuerza Coahuila: aumentan las denuncias ciudadanas por allanamiento de morada, uso indebido de la fuerza pública y lesiones

Por: Gerardo Lozano

Durante el año de 2018 se acumuló la mayor cantidad de quejas ciudadanas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que alanzaron un total de 525, de las cuales la mayoría corresponden a organizaciones policiacas y la lista es encabeza por Fuerza Coahuila, que representan cerca de un 15% del total.

Eran las doce de la noche. Eréndira y su hija Jésica de 17 años dormían, cuando de pronto la puerta principal de la pequeña vivienda tronó con un golpe seco que reventó la chapa, luego vino otro golpe que empujó la puerta de forma violenta.

Todavía Eréndira, de 42 años, y su hija no alcanzaban a reaccionar cuando entraron a la vivienda cuatro elementos de Fuerza Coahuila, encapuchados y con toda la parafernalia que forma parte de su atuendo y los rifles a cartucho cortado.

Las dos mujeres, quienes llevaban encima sólo su ropa interior, se quedaron espantadas paradas junto a su cama.

El que llevaba la voz de los cuatro elementos les preguntó dónde se encontraba Rodolfo, el marido, un adicto a las drogas, quien tiene como hábito llegar a la vivienda por la madrugada, ya que se dedica a “puchar” “cristal”, para poder mantener su propia adicción.

Ante la negativa de las mujeres, los agentes comenzaron a realizar un cateo por toda la casa, hasta dejar aquello convertido en un total desorden. Buscaban la droga, pero esta la llevaba consigo Rodolfo, quien la maneja en cantidades relativamente pequeñas, no por seguridad, sino porque su crédito como “puchador” es corto.

Pasado el susto inicial, Jésica, con la imprudencia que le dan sus 17 años, comenzó a gritarles a los agentes algunos insultos, pero de inmediato la madre la cayó, consciente de la condición de total vulnerabilidad en la que se encontraban y consciente también de que su pareja es un adicto que no tiene trabajo fijo y nunca ha explicado de dónde saca el dinero para sobrevivir.

Una vez que terminaron de poner al revés hasta el último mueble, los cuatro agentes se fueron como entraron. No hubo abuso alguno contra las mujeres, ni siquiera verbal, pero sí un allanamiento de morada y un cateo sin que hubiera una orden judicial de por medio; un ilícito delicado, además de algunos daños provocados al mobiliario de la vivienda.

El asunto no terminó ahí. A las dos semanas los elementos de Fuerza Coahuila interceptaron a Rodolfo cuando llegaba a su vivienda, ubicada en el fraccionamiento La Amistad, a un costado de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Lo catearon y solo llevaba consigo tres diminutas bolsitas de plástico conteniendo “cristal”.

Enseguida surgió el propósito por el cual lo buscaban: “Si quieres seguir trabajando cabrón, ahora vas a trabajar para nosotros, sino te vamos a cargar hijo de la chingada”, le advirtió el que llevaba la voz, siempre embozado detrás del pasamontañas.

En ese momento Rodolfo no tenía más alternativa que aceptar trabajar como “puchador” para ellos, pero apenas entrando a su casa se desató todo un conflicto familiar.

Rodolfo, quien tiene apenas 42 años de edad, aparenta por lo menos diez más, consumido por el “cristal”, que le ha hecho perder aproximadamente diez kilos en los últimos meses. No come, duerme muy poco, vive ausente de sus relaciones familiares, perdió el último trabajo que tenía como albañil-yesero y está bajo una constante ansiedad. Su aspecto es por demás deplorable.

Su mujer y su hija le exigieron que dejaba la droga o se iban de la casa, que ella mantiene con su trabajo como empleada doméstica. Le exigieron que se integrara a un centro de rehabilitación, pero debido a que ya está enganchado como “puchador” de la droga, él les confeso que no podía seguir viviendo en Torreón si se retiraba, por lo cual decidieron trasladarse a Ciudad Juárez.

Él entró por unos meses a un centro de rehabilitación, pero volvió a las calles como adicto y como “puchador”, ahora al servicio de una pandilla del crimen organizado. Su mujer y su hija se tuvieron que regresar a Torreón, debido lo peligroso del ambiente en que vivían.

FUERZA COAHUILA, LAS QUEJAS CIUDADANAS

Durante el año de 2018 se acumuló la mayor cantidad de quejas ciudadanas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que alanzaron un total de 525, de las cuales la mayoría corresponden a organizaciones policiacas y la lista es encabeza por Fuerza Coahuila, que representan cerca de un 15% del total.

Al mes de mayo de 2019, el número total de quejas va en 340 en la oficina de la dependencia ubicada en la ciudad de Torreón, por lo que se prevé que la tendencia es mayor para este año.

Las quejas más frecuentes son las de allanamiento de morada, ejercicio indebido de la fuerza pública y lesiones.

Aunque todas las quejas provienen de civiles, es importante considerar que una parte considerables de las anomalías denunciadas, se dan en las detenciones y en la tareas de trabajo policiaco que realiza esta corporación, que fue diseñada desde el gobierno estatal pasado bajo la denominación de GATES como una fuerza especializada de reacción dura en contra del crimen.

Fuerza Coahuila, junto con el ejército, la armada y las fuerzas federales tienen la tarea de combatir al crimen organizado en todo el estado y, de siete años a la fecha, se ha logrado una disminución muy notoria de los índices criminales a nivel estatal, en especial de los crímenes de alto impacto, como homicidios, secuestros, robos a mano armada, robos a establecimientos y delitos de narcotráfico, pero desde el año pasado se está presentando un incremento del narcomenudeo en la región.

“Fuerza Coahuila está luchando contra delincuentes, que pueden ser criminales de alta peligrosidad o pueden ser gente que ellos utilizan para cometer los delitos. […] Un criminal es un sujeto muy peligroso, de antemano dispuesto a todo; para él no existen límites de ningún tipo y nosotros tenemos que actuar dentro de la ley. ¿A ti te parece que está fácil?”

Revista de Coahuila buscó la versión de un mando operativo de Fuerza Coahuila sobre el porqué de las demandas de los ciudadanos en contra de la corporación.

Inicialmente renuente, el oficial, quien por razones obvias pidió omitir su nombre, accede a comentar.

RdC: ¿Por qué existen tantas quejas sobre allanamiento de morada, uso indebido de la fuerza pública y lesiones?

FC: Hay que separar las cosas, Fuerza Coahuila está luchando contra delincuentes, que pueden ser criminales de alta peligrosidad o pueden ser gente que ellos utilizan para cometer los delitos. Por ejemplo en el caso de allanamiento de morada, en una persecución o en un operativo el criminal se da a la fuga y busca meterse a alguno de sus refugios o inclusive meterse en una propiedad ajena para ocultarse, lo que provoca que en algunas ocasiones se entre a la finca por ellos para evitar que se escapen. Reconozco que eso llega a suceder, pero si el delincuente llega a esconderse ya lo perdimos o en el caso de los “puchaderos” y “tienditas”, sacan la droga, se brincan a otras fincas y también ya los perdiste.

RdC: Pero no se puede entrar a una propiedad o a una vivienda sin una orden judicial.

FC: Es correcto y así lo establece la ley, cuando se ha presentado el problema los encargados de la cuestión legal lo atienden y acuden a Derechos Humanos, pero te echaría mentiras si te digo que no hay situaciones en donde las cosas son muy difíciles, por ejemplo criminales de alta peligrosidad que atacan o hasta hieren a un compañero y se resguardan en una finca. ¿Cómo le haces? ¿Los dejas que se escapen sabiendo que inclusive se van a ir del estado? ¿Cómo haces a esa hora para conseguir una orden de cateo?

RdC: ¿Qué pasa en el uso indebido de la fuerza pública y lesiones?

FC: Es también algo muy difícil en los hechos. Nosotros tenemos enfrentamientos con los criminales, su intención es dañarte, incluso matarte, cuando los detienes y los sometes por supuesto que el criminal es agresivo y lo sometes a la fuerza; está fácil hacer un peritaje después de los hechos y decir que tienen algunas lesiones, como golpes contusos o de otro tipo, pero pueden ser parte del sometimiento de un individuo que muchas veces está bajo los efectos de drogas y no mide lo que hace. Hay otros casos, que son los que llegan más a Derechos Humanos, en que los familiares del delincuente consideran que el hijo o el marido fueron indebidamente golpeados, pueden tener razón en algunos casos y los abogados buscan llegar a un acuerdo con el afectado, pero en otros por supuesto que los parientes nunca van a reconocer que el hijo o el marido son criminales y son violentos y es están bajo el efecto de una droga, para ellos son sus parientes.

RdC: ¿Se les proporciona a los agentes una capacitación en Derechos Humanos?

FC: Por supuesto, todos la recibimos y tratamos de cuidar mucho ese problema, pero Fuerza Coahuila es, como el nombre te lo dice, una fuerza de tarea especial en la lucha contra el crimen  y a eso nos enfrentamos, un criminal es un sujeto muy peligroso, de antemano dispuesto a todo, para el no existen límites de ningún tipo y nosotros tenemos que actuar dentro de la ley ¿A ti te parece que está fácil?

EL ASECHO DEL CRIMEN ORGANIZADO

Durante el sexenio estatal anterior, que fue del 2012 al 2017, el ejército, la marina armada, los organismos norteamericanos como la DEA y lo que hoy es Fuerza Coahuila, realizaron una tarea conjunta muy agresiva en contra de la más violenta de las organizaciones del crimen organizado en el país, la cual se había posicionado en todo Coahuila, bajo los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López.

De ser uno de los estados con índices más violentos de todo el país, en especial la región lagunera, que llegó a estar entre las cinco zonas más inseguras de todo México, la tarea de recuperar el orden y controlar la actividad del crimen organizado aparecía como algo sumamente complicado y se temía, como sucede con estados como Tamaulipas, Sinaloa o Guerrero, que la delincuencia se arraigara para quedarse.

Al inicio del nuevo gobierno estatal, en 2018, Coahuila había salido ya de la lista roja sobre los estados más violentos del país, pero no por ello había desparecido la presencia de varias células criminales que siguieron operando con un más bajo perfil.

Para el gobierno de Miguel Riquelme Solís, lo más complicado es que, debido a la enorme expansión de las organizaciones del crimen en el territorio nacional, no existe vacío que no trate de ser ocupado por la expansión de una nueva organización criminal, que puede ser inclusive más grande, más poderosa y más violenta.

Siete agentes de Fuerza Coahuila golpeando a un manifestante en Monclova el 5 de enero de 2017, durante las protestas por el aumento al precio de la gasolina. Fotografía: Fidencio Alonso / Zócalo de Monclova

Desde el año pasado, algunas organizaciones del crimen, que ya no pueden denominarse sencillamente como carteles de la droga, han tratado de penetrar Coahuila, aprovechando el retiro de quienes anteriormente habían hecho de las diferentes regiones del estado “su territorio”.

En lo que va del presente año la tensión ha aumentado y con ella los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las células criminales que buscan instalarse en el estado, lo que genera enfrentamientos en los cuales hasta ahora han muerto una cantidad ya considerable de delincuentes, pero el asedio continua, lo que obliga al actual gobierno a seguir manteniendo una política de mano muy dura en seguridad pública.

El huso legítimo de la fuerza pública tendrá que dejar, lamentablemente, un costo de sangre para impedir el reposicionamiento del crimen.

En estos años en que el crimen organizado tuvo que ceder terreno, uno de los riesgos es que corporaciones de fuerzas especiales, como Fuerza Coahuila, tienen que estar bajo una férrea supervisión, lo mismo que los mandos, pues se puede presentar que algunos miembros de la corporación comiencen a “administrar” a ciertos grupos de delincuentes para su beneficio, ya sea por iniciativa propia o porque el mando los induce a ello.

La “administración” del narcomenudeo es uno de los negocios más tentadores para corporaciones como Fuerza Coahuila, como lo evidencia lo que está sucediendo en algunos medios populares de la región lagunera de Coahuila.

Otro problema, este menos frecuente, es que algunos mandos de la corporación pretendan imponer “cuotas de protección” a empresarios de cierto nivel, sobre todo a aquellos dedicados a actividades relacionadas con la diversión, el consumo de alcohol o sus nexos con el llamado “lavado de dinero”.

Un riesgo real al que deben estar sumamente atentos los funcionarios estatales responsables del área de seguridad pública.