Coahuila: periodismo y corrupción

Por: Álvaro González

Entre premios, publicidad y dádivas, ¿cómo se mantiene el compromiso periodístico?

Cada 7 de junio se celebra en México el día de la libertad de expresión, la cual en el caso de Coahuila se festeja por medio de una ceremonia en la cual el gobierno estatal entrega los premios estatales de periodismo a un grupo de comunicadores, de acuerdo a las bases de un concurso que decide un jurado que se desconoce. Además entrega premios de reconocimiento por la antigüedad en el ejercicio de la profesión periodística por 25, 30, 35, 40 o más años.

Siempre hay un discurso pronunciado por un funcionario público y otro por algún representante de los medios de comunicación, donde se habla de la importancia y el absoluto respeto a la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales de toda sociedad democrática. Se desayuna, se convive un poco y hasta el siguiente año.

Este año, irritado por las críticas a su gobierno y confirmando tendencias de autoritarismo e intolerancia como un gobernante electo en un sistema democrático, Andrés Manuel López Obrador filtró una lista de 36 comunicadores, todos ellos radicados en la ciudad de México, que recibían dinero del gobierno federal a través de contratos.

El encargado de hacer la publicación fue el diario Reforma, propiedad de una empresa regiomontana, que, hasta ese día, había mostrado una posición crítica hacia el gobierno de AMLO, pero que siempre ha estado inconforme con los convenios publicitarios que recibe del gobierno federal, donde tradicionalmente se ha dado preferencia a otros medios, entre los que destaca Televisa y TvAzteca.

Se puso así sobre la mesa un tema tabú: la corrupción dentro de los medios periodísticos, tanto a nivel individual por parte de los comunicadores, como al nivel de las empresas de comunicación.

El tema es complejo y requiere ser visto desde una perspectiva nacional y de cada uno de los estados del país, además es indispensable hacer una separación entre los comunicadores o periodistas en lo individual y las empresas para las cuales éstos trabajan.

LAS EMPRESAS DE COMUNICACIÓN

En 1978 hacía yo un recorrido por los 38 municipios de Coahuila, recopilando información para un suplemento monográfico de un periódico denominado El Coahuilense, hoy ya desparecido.

Para un periodista completamente novel descubrir Coahuila pueblo por pueblo fue una gran experiencia y, también, la definición de una vocación, pues propiamente no me podía considerar como un periodista, ya que no tenía la formación más indispensable para ello y desconocía el oficio de la escritura.

Cuando recorría los municipios del norte del estado, específicamente las cabeceras municipales, me encontraba con una situación particular: los presidentes municipales se escondían o se negaban, cuando era evidente que se encontraban en su oficina.

Intrigado por tal negación, aun cuando era de lo más inusual que los visitara un reportero de la capital del estado, investigué la razón y me llevé una sorpresa: se escondían porque no tenían dinero para entregar una dádiva, “chayote”, “embute”, o como se le quiera decir.

Todos los gobiernos municipales vivían bajo una cuota impuesta por el periódico El Zócalo de Piedras Negras, salvo aquellos que no tenían ni para eso, como era el caso de Hidalgo, por ejemplo, cuyo actual presidente municipal trabaja por temporadas en algunos ranchos cercanos de Texas, lo que da idea de cómo eran las cosas entonces.

El Zócalo había impuesto una política editorial que era con frecuencia terrible, tanto por su amarillismo como por la presión que ejercía para obtener ingresos, en un medio social que era en parte rural y en parte conformado por ciudades muy chicas y pueblos. Piedras Negras mismo tenía bastante menos de 100 mil habitantes y una economía muy modesta.

Para poder fundar el periódico en 1965, la familia Juaristi tuvo que recibir el apoyo económico del gobierno estatal, en ese año a cargo del lagunero Braulio Fernández Aguirre y un fuerte apoyo de parte de los gobernadores siguientes.

Hasta la fecha la dinámica básica de financiamiento no ha cambiado, pero El Zócalo tiene filiales en Piedras Negras, Acuña, Monclova y Saltillo, además de un grupo de radiodifusoras e injerencia en la televisión por cable.

Si una empresa periodística no antepone su función social y establece un código de ética, sino un criterio de máxima utilidad, cae invariablemente en la negociación con los gobiernos para la obtención de los mayores contratos posibles, lo que repercute en la calidad del periodismo que ofrece a la sociedad.

Cada expansión ha estado relacionada con el gobierno estatal en turno: la filial de Monclova por el gobierno de Rogelio Montemayor Seguy, la de Saltillo por Humberto Moreira Valdés.

Justo diez años después, en 1975, se funda en Saltillo el periódico Vanguardia, propiedad de Armando Castilla Sánchez, con apoyo gubernamental. Nació así un periódico que marcaría un estilo caracterizado por la corrupción sistemática y el uso de la crítica hacia las instituciones gubernamentales como instrumento de extorsión directa, sin apariencias.

Aquí entra entonces la diferenciación: una cosa es la corrupción de los empresarios de la comunicación y otra la de los periodistas que trabajan para ellos o por su cuenta, que hace décadas eran poquísimos y hoy, por la revolución de la internet, son muchos.

La mayoría de los medios de comunicación, ya sean periódicos, televisoras o radiodifusoras, no son periodistas o editores profesionales, salvo en un porcentaje reducido, sino empresarios de otros ramos que invierten en los medios como un negocio más, al cual tratarán de sacar toda la utilidad posible.

Otros originalmente eran propietarios de televisoras o radiodifusoras, que poco tenían que ver con el medio de la información, y se expandieron para crear empresas multimedia.

Todavía a mediados de los años ochenta, por citar un ejemplo, las radiodifusoras que operaban en la región lagunera no tenían espacios noticiosos, mientras que la única televisora local incursionaba con un noticiero modesto. La información estaba en los periódicos y la gran excepción era Televisa, con el programa “24 Horas”.

Las empresas periodísticas tenían, como hoy, tres fuentes de ingresos: la venta del periódico al público, la publicidad comercial y la publicidad gubernamental. En la Laguna para LA OPINIÓN y El Siglo el ingreso por publicidad gubernamental no era ni el más importante ni el más determinante, lo que me consta de manera personal por haber representado a LA OPINIÓN en Saltillo a mediados de los años ochenta.

En Saltillo, en esos mismos años, también me consta personalmente que la publicidad y el dinero gubernamentales eran indispensables, porque la circulación de los diarios siempre ha sido baja y la publicidad privada poca. Con la expansión de la economía de Saltillo necesariamente fue creciendo la publicidad comercial, pero proporcionalmente sigue siendo poca.

Esa diferencia de los ingresos por circulación y publicidad comercial determinó una relación insana y corrupta de muchos medios con los gobiernos estatales y con el federal: establecer ciertas políticas editoriales progubernamentales a cambio de contratos publicitarios importantes u otro tipo de negocios.

Cuando el medio de comunicación tiene una determinada línea editorial y políticas concretas de censura, el periodista que trabaja para ellas se adapta o se va, así de simple. Lo mismo aplica para columnistas o especialistas que colaboran para esos medios.

Al llegar la alternancia, lo anterior siguió aplicando para medios que tienen compromisos con gobiernos priistas, panistas o de alguna facción de izquierda, como ahora es el caso de Andrés Manuel López Obrador.

Los panistas habían sido los más intolerantes a la crítica y al ejercicio de la libertad de expresión, pero con la llegada de AMLO hay indicios de que la intolerancia puede tener un tono aún más alto.

Si una empresa periodística no antepone su función social y establece un código de ética, sino un criterio de máxima utilidad, cae invariablemente en la negociación con los gobiernos para la obtención de los mayores contratos posibles, lo que repercute en la calidad del periodismo que ofrece a la sociedad.

La gran corrupción está en algunas de las grandes empresas del medio, tanto a nivel estatal como federal, no en otra parte.

Hay casos interesantes de reorientación, como el mencionado diario Vanguardia de Saltillo, que, al cambio de generación, eliminó muchas de las políticas de su fundador y se autorregula para orientarse a su naturaleza de empresa periodística.

Si un medio paga bien a su cuerpo de reporteros y prohíbe, de manera explícita y terminante, el recibir dádivas, éstas se terminan. Un editor y un buen jefe de mesa de redacción saben perfectamente cuando un reportero está manipulando u ocultando información.

Lamentablemente y según consta en los expedientes de procesos judiciales vigentes, en el periodo de Humberto Moreira Valdés se dan prácticas de corrupción que superan inclusive a todo lo conocido anteriormente. Algunos empresarios de la comunicación, pocos afortunadamente, no sólo tienen contratos desmesurados, sino que participan en prácticas de lavado de dinero, algo que no se había dado en Coahuila.

LA TROPA: DEL SACRIFICIO AL “CHAYOTE”

Cuando Andrés Manuel López Obrador filtra la lista de los 36 periodistas de la ciudad de México, en automático se les señala como corruptos, porque el propósito principal era tratar de descalificarlos y quitarles un ingreso económico como “castigo”.

La mayor parte de esa lista son periodistas que trabajan o colaboran para algunos medios grandes de la ciudad de México, quienes aprovechan su posición para fundar empresas pequeñas o portales en la internet, por medio de los cuales facturan a los gobiernos por la prestación de servicios informativos.

Si el periodista en cuestión percibe un sueldo por la prestación de sus servicios en un determinado medio puede, sin que sea ilegal, tener su propio medio electrónico, pero si se aprovecha de su posición en los medios para hacer negocio ya está en una posición discutible.

Si las cantidades que obtiene de los gobiernos no corresponden a los servicios que presta y su negocio sólo es pantalla para facturar, estamos ante una forma de corrupción.

El caso más notorio es el de Joaquín López Dóriga, quien fue el conductor estelar de noticieros de Televisa por muchos años y, a partir de ahí, se ha convertido en un hombre acaudalado, utilizando esa posición para hacer negocios con los gobiernos. Eso no es nuevo, sino algo que se conoce hace varias décadas. Fue la causa de que saliera por muchos años de los medios.

Pero en esa lista se encuentran periodistas como Daniel Moreno Chávez, propietario de la publicación digital Animal Político, fundada en 2010, que hace un periodismo de investigación especializada en temas de política, pero también en otras áreas de alto riesgo, como el narcotráfico y la corrupción.

Animal Político puede tener contratos de publicidad con cualquier gobierno, es algo legítimo y además necesario para su existencia y, por lo publicado, sus ingresos provenientes del gobierno federal están proporcionados, pero es crítico ante el poder y eso incomoda mucho, por lo cual lo ponen en el costal de los 36.

A nivel de un estado como Coahuila, la cantidad de periódicos, televisoras y radiodifusoras son muy pocos, por lo que el número de empleos que ofrecen en el área informativa es también muy reducido y, en la mayoría de los casos, con sueldos bajos, si se toma en cuenta que ahora los periodistas son graduados universitarios.

La cantidad de empleos bien remunerados se reduce a conductores llamados estelares y algunos cargos de tipo directivo, todo lo demás se puede considerar como tropa o reporteros que cubren las diversas fuentes o realizan tareas editoriales o de diseño.

El número de graduados universitarios en comunicación que están desempleados o subempleados es altísimo, si se considera que tan solo en La Laguna la carrera la ofrecen varias universidades públicas y privadas y la oferta laboral de los medios es mínima.

La mayoría de estos graduados universitarios empleados y subempleados son mujeres, dedicadas al hogar o a otros empleos.

Dentro de los periodistas que trabajan para medios, la práctica del llamado “chayote” o “embute”, que consiste en una dádiva mensual que les entregan los gobiernos de todos los niveles, es una práctica viejísima, por lo cual es inútil e innecesario negarla, pero sí admite varias consideraciones.

En gran medida esta práctica se ha mantenido vigente por los bajos salarios, lo que no la justifica pero si la explica, pero también porque es un vicio viejo y arraigadísimo que se transmite de una generación a otra.

Si un medio paga bien a su cuerpo de reportero y prohíbe, de manera explícita y terminante, el recibir dádivas, éstas se terminan. Un editor y un buen jefe de mesa de redacción saben perfectamente cuando un reportero está manipulando u ocultando información, además un reportero tiene que cumplir una orden de información de forma obligatoria.

En el caso de conductores de noticieros y directivos que son empleados en los medios y ganan un salario alto o al menos digno, se puede dar el caso muy común de sentirse “más cotizados” y recibir dádivas gubernamentales que ya no son un “chayote” que completa un sueldo bajo, sino una cantidad considerable de dinero. Esto por supuesto que es corrupción, pero sucede porque la empresa lo permite.

El caso López Dóriga se replica a nivel nacional pero a escala menor, ahora que las redes sociales permiten, con una inversión relativamente baja, crear publicaciones digitales para facturar a través de ellas o, algo también común, el dar “asesorías”, recibir ingresos a través de terceros, hacer algunos negocios ajenos al periodismo o colocar parientes en la nómina, como hijos, hermanos, etc. Esto es por supuesto también es corrupción.

CHIQUITOS Y PANFLETOS

En la parte baja del medio periodístico se ubican las pequeñas publicaciones, como revistas o periódicos de tipo local, regional o estatal, muchas de ellas fundadas por periodistas que no tienen cabida dentro de los medios grandes de comunicación y desean ejercer la profesión.

Pero habrá que diferenciar entre publicaciones menores y panfletos o “pasquines”, como se les llama despectivamente dentro del medio.

Una publicación menor puede ser un medio especializado en cierto tipo de periodismo que trabaja como una micro o pequeña empresa, en proporción a la escala de los recursos que dispone, pero que está comprometida con el oficio. Los tirajes evidentemente son menores pero pueden estar orientados a un público más específico o más exigente y educado.

El problema de este tipo de medios son los costos de los insumos que han ido aumentando de manera desproporcionada, como el papel, que es en su mayoría producto de importación. Hacer periodismo en esas condiciones es muy difícil, pero posible si no se aspira a volverse rico a partir de la práctica periodística.

La mayoría de las revistas que se han fundado en los últimos 30 años en Coahuila tienen una vida muy corta y lo mismo sucede en la Ciudad de México, con 20 millones de habitantes.

El pasquín es una pequeña publicación que no tiene ni propósito ni contenidos que le justifiquen, es una forma de sobrevivencia para quienes juegan una posición marginal en el mundo ya tan difícil del periodismo, como éste se da en la mayoría de las ciudades del país. Proporcionalmente son muchos pero, como escuché mencionar a un director de comunicación gubernamental, “es más la lata que dan que lo que nos cuestan”.

El dinero gubernamental destinado al pasquín es una cantidad sumamente modesta y, sí, para un funcionario público encargado de comunicación, lo más difícil es lidiar con ellos por el folklor y el tumulto que hacen más que por su costo, algo que personalmente pude experimentar en el único cargo público que he ocupado en mi vida.

Lo nuevo son las redes sociales, donde con un capital mínimo se puede crear un medio digital, algo que es un área de oportunidades extraordinaria, sobre todo para los periodistas jóvenes, pero también es un enorme riesgo.

El acceso a las redes sociales es tan fácil que casi cualquiera puede crear una publicación digital, lo que abre la puerta a la improvisación, la irresponsabilidad, la manipulación y la basura. Un ejemplo son algunas publicaciones dedicadas al amarillismo o a las noticias sobre el crimen en todas sus modalidades, algo que siempre ha vendido bastante bien y más ahora que México es uno de los países más violentos del mundo.

Ahora está la discusión sobre si el gobierno debe gastar en publicidad. De manera razonable no hay ninguna razón para no hacerlo y sí muchas áreas en las que debe orientar a la población en aspectos como salud, educación, cultura, seguridad, ecología, contingencias ambientales, entre otros asuntos.

Las empresas privadas, como Bimbo y todas las refresqueras, gastan permanentemente en enormes campañas para vender productos chatarra que están haciendo un grave daño a la población, sólo por citar un ejemplo de grandes contratos publicitarios que son socialmente perjudiciales.

Lo más importante de fondo es que los gobiernos respeten la libertad de expresión, en beneficio de la consolidación de nuestra incipiente democracia, porque seguridad para el ejercicio del periodismo es algo que no pueden proporcionar, como lo atestiguan los más de cien periodistas asesinados en los últimos años.

Y todo mundo espera que un periodista sea una especie de héroe que trabaja por la verdad, sin importar los riesgos que corra o las condiciones económicas en las que practica su profesión. Hasta ahora todos los asesinatos, atentados y represión sobre el medio periodístico provienen de dos fuentes: las organizaciones del crimen y las instancias gubernamentales.

La censura proviene de tres fuentes: el crimen organizado, los gobiernos y las grandes empresas privadas, que no matan pero sí cancelan contratos publicitarios, al igual que los gobiernos.