La 4T: gobernadores y alcaldes, ¿corderos al matadero?

Por: Álvaro González

 ¿Hacia dónde va la autodenominada “cuarta transformación”? Desde la campaña electoral, el presidente López Obrador auguró que su gobierno sería el cuarto parteaguas en la historia del México poscolombino, luego de la Independencia, la Reforma y la Revolución (hasta el cardenismo), todos levantamientos violentos contra los grupos en el poder y derivados en periodos de abundantes vicios gubernamentales y populares. ¿Qué políticas sociales y económicas abraza la 4T? ¿Dónde están puestos los ojos de quienes ahora gobiernan y pretenden llevar al país a una siguiente etapa?, o mejor dicho, ¿a qué periodo histórico quisieran regresarlo?  

De los 32 gobernadores del país, 27 no son de MORENA, igual que cerca de 2000 alcaldes también electos constitucionalmente, pero en la opinión del nuevo gobierno federal y de muchos analistas políticos, no son un contrapeso al centralismo y se encuentran indefensos ante el poder central, sometidos por el control del dinero y el control de la presidencia de la república de las Cámara de Diputados y del Senado.

Aunque MORENA controla todo el aparato federal, sólo tiene cuatro gobernadores de manera directa y uno por medio de su alianza con el PES. Este año busca por todos los medios, sucios y limpios, hacerse de la gubernatura de Puebla, un importante estado que da acceso al sur del país y que irá a elecciones extraordinarias por la desgracia ya bien conocida de la muerte de su gobernadora electa, de extracción panista.

Dentro de un esquema constitucional es absurdo plantear que 27 de 32 gobernadores no tengan un peso en las decisiones del poder central, a menos que se esté renunciando totalmente al federalismo para entrar de nueva cuenta en un centralismo a ultranza, con una presidencia imperial de vuelta.

Aunque hayan perdido gran parte de su presencia en las cámaras, el PRI gobierna en 13 estados; el PAN en 10; MORENA sólo en 4; el PRD en 2; Movimiento Ciudadano en uno; el Partido Encuentro Social en uno, y un estado más, Nuevo León, tiene gobernador independiente.

Desde el sexenio de Vicente Fox se integró la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, como una agrupación para el intercambio de puntos de vista y experiencia en torno a políticas públicas y problemas comunes que afrontan los gobernadores.

No tiene facultades de carácter legal para negociar formalmente, aunque tenga un presidente que se va turnando, mucho menos un marco de carácter constitucional, pero sí puede tener un importante peso político si hubiera la decisión por parte de sus integrantes y el acuerdo de los mismos.

La CONAGO puede dejar a un lado su condición de asociación ligera, para tornarse un foro de discusión en torno a los problemas de los estados y del país en general; nada se lo impide.

Puede también montar una estrategia para que las opiniones comunes de los gobernadores tengan foro en todos los medios.

La idea de que los estados y municipios pueden ser “castigados” presupuestalmente, que era el temor principal, ya sucedió. Al inicio del primer trimestre de 2019 los recursos destinados a los estados descendieron un 52.8%, de acuerdo a los propios datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué más puede suceder? Que los recortes se vuelvan más drásticos al pasar de la “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana”, como lo anunció con cierta sorna Alfonso Romo en marzo.

Cuando las cuentas del nuevo gobierno de López Obrador no salgan, y no van a salir, pueden venir más recortes, hasta casi limitar las participaciones al llamado ramo 28, que no puede ser tocado porque es la base del pacto federal, pero los ramos 23 y el 33 pueden ser casi desaparecidos.

LOS SUPERDELEGADOS, INCONSTITUCIONALES

No hay dinero por la ya conocida y sencilla razón de que todos los recursos disponibles se desean destinar a los programas clientelares anunciados en la campaña y a las obras que ha decidido personalmente el propio AMLO, sin proyectos ejecutivos, contra la opinión de los expertos y con presupuestos sólo estimados que no concuerdan con la realidad.

Ya la Secretaría de Hacienda está manejando la idea de que hay que restablecer el impuesto de la tenencia de automóviles, además de la recomendación directa a los municipios de que subieran el impuesto predial, lo cual en Torreón sí hizo Jorge Zermeño.

Las dependencias federales, como CONAGUA y CFE están intratables y han montado un asedio sobre los municipios.

No habrá dinero pero sí la manifiesta intención de ir políticamente tras las gubernaturas y las alcaldías que están en manos de la oposición.

La creación de los llamados “superdelgados”, que no tiene ningún sustento de carácter constitucional e inclusive a la fecha no están claras sus funciones y atribuciones institucionales, se han convertido en figuras políticas y en generadoras de desorden en el manejo de las 52 delegaciones federales que operan en Coahuila y las que operan en Durango, que son menos.

Hay desorden y confusión institucional y los meses corren. Se crearon esas figuras sin tener un proyecto concreto de restructuración de la administración pública federal. Improvisación pura, como en casi todas las cosas.

En el recorte presupuestal a los 32 estados, los únicos que recibieron sensiblemente más recursos para 2019 fueron Guanajuato y Jalisco. En el caso de Guanajuato se trata del único estado que rechazó mayoritariamente la candidatura del AMLO a la presidencia y es un bastión el PAN, mientras que Enrique Alfaro, por cierto presidente de la CONAGO, asumió de manera personal una posición abiertamente crítica frente a López Obrador y ha logrado un incremento muy importante en su presupuesto para Jalisco.

En contraste, al Estado de México, el más poblado del país, le bajaron hasta en un 75 por ciento las participaciones extraordinarias.

La última ocurrencia de la “mañanera” es que los estados contribuirían proporcionalmente al pago de la nueva Guardia Nacional, cuando ya existen muchos estados, como Coahuila, que tienen su propia fuerza policiaca estatal (Fuerza Coahuila) y los municipios pagan sus policías, incluso con el recorte que se ha dado en el subsidio para la seguridad pública.

Mientras se quitan recursos a los municipios, en el presupuesto para 2019 estaba contemplado el incremento de 12 mil 648 millones de pesos al ejército mexicano, para el financiamiento de lo que será la Guardia Nacional, que al final no será sino una policía militar en todo el territorio nacional sin importar, como en muchos otros asuntos, los términos constitucionales.

Parece sensato el que los diferentes partidos de oposición estén dejando transcurrir los acontecimientos y el manejo del nuevo gobierno de López Obrador, porque esto implicará necesariamente un desgaste muy importante, pero es un tiempo que deberían dedicar a realizar una redefinición a conciencia tanto de su estructura orgánica como de sus propuestas ideológicas y políticas.

La elección del 2018 mostró que existe una muy profunda crisis al interior de los partidos tradicionales, además de un costo enorme para el PRI después del gobierno de Peña Nieto.

La obtención de semejante concentración de poder por parte de López Obrador no es sino consecuencia de la ineficiencia y la crisis de los demás partidos, incapaces de proponer tanto candidatos como campañas electorales competitivas y exitosas, especialmente de parte del PAN, porque el PRI estaba, ¿y está?, atrapado por la camarilla política de Atlacomulco, que manejaba el país en el periodo de Peña Nieto.

Ante el nuevo escenario se requiere de un rediseño a fondo, pero todo indica que existen fuertes resistencias internas que, de no resolverse, abrirán el paso a la formación de nuevos partidos y movimientos políticos surgidos de la sociedad civil.

El PAN, por volver al partido que tiene más posibilidad de reposicionamiento, tiene una mediocre dirigencia nacional y no está representando ni a sus clientelas tradicionales.

El PRI pareciera estar paralizado, sumido en una tensión sórdida de donde no pueden surgir nuevos liderazgos y los viejos caciques tampoco parecer tener una alternativa ante el gobierno de López Obrador, con el cual transaron muchos de ellos.

Es manifiesto el acuerdo de la camarilla priista que manejaba el gobierno de Peña Nieto con López Obrador, que no es sino un trueque por el cual ningún integrante de esta camarilla será tocado, a cambio de la alineación del PRI con las principales políticas y proyectos de López Obrador, como se ha podido observar en la Cámara de Diputados y el Senado.

Los viejos capos del partido, como Emilio Gamboa o Manlio Fabio Beltrones, están desaparecidos desde antes de la campaña electoral por la presidencia.

Alfredo del Mazo, gobernador del estado de México, que tiene la posición política más importante que conserva el PRI, ha bajado el perfil aunque, como se mencionó anteriormente, le redujeron hasta un 75% las participaciones federales extraordinarias, confirmando esa parálisis y la sordidez en la que se manejan la mayoría de los cuadros viejos del priismo, todos ellos vulnerables a cualquier investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública.

Pero de una u otra forma el principal activo de los partidos, ante su pobre presencia en la Cámara de Diputados y la de Senadores, son las gubernaturas y alcaldías que siguen manteniendo.

Sólo los gobernadores y los alcaldes pueden hacer desde sus posiciones un trabajo de recomposición de los cuadros y las clientelas de sus partidos.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador panista de Guanajuato, mostró un empuje y movilidad bastante notoria ante el problema de desabasto de gasolinas, lo que obligó al gobierno de López Obrador a tomar medidas, aunque el apoyo en materia de seguridad pública ha sido desastroso, ante la enorme corrupción del gobierno de Peña Nieto sobre el “huachicoleo” y la ineficiencia del nuevo gobierno para desintegrar a una organización criminal que tiene asolado el sur de ese estado.

Diego Sinhue tiene sólo 38 años de edad y es parte de una nueva generación de panistas que pueden renovar este partido, para convertido en una alternativa mucho más atractiva de centro-derecha.

Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, se ha desempeñado como gobernador de Jalisco con mano dura y representa también una generación que puede impulsar nuevos movimientos políticos desde el gobierno de estados que son estratégicos en el país.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, es también un cuadro interesante y tiene potencial de liderazgo, lo que ahora es muy escaso.

Los agoreros del nuevo gobierno de inmediato corrieron en las redes la idea de que los habían “maiceado” para que no hicieran mucho ruido político, pero estos gobernadores son parte de una nueva generación y tienen que cuidar su carrera política.

Dejados a su suerte, varios gobernadores priistas están dirigiendo sus gobiernos del mejor modo que pueden, con un criterio independiente, pero esto tiene muchos inconvenientes y los coloca en una posición muy vulnerable.

Si los partidos y en particular los gobernadores y alcaldes de partidos opositores no asumen su postura y actúan en consecuencia, primero pasarán hambre presupuestal y deterioro político, y después irán siendo desplazados gradualmente por el aparato político de la presidencia de la república, para abrirle paso a MORENA.

Corderos al matadero en cada próxima elección sin haber siquiera dado la contienda política a la que están obligados.

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN O EL PROYECTO TRANSEXENAL

¿Qué es la cuarta transformación? En principio es una fantasía que se trata de revestir de una interpretación superficial y sesgada de la historia de México.

Según manejaba desde su campaña López Obrador, la primera transformación fue la guerra de Independencia, la segunda la Reforma emprendida por Juárez y la tercera la Revolución mexicana, con más hincapié en la lucha de Francisco I. Madero por el sufragio efectivo y concretándose con Lázaro Cárdenas y el nacionalismo revolucionario.

Así, con tal simpleza y manipulación, estaríamos en la cuarta, la cual lucharía como Hidalgo, contra el sometimiento político y económico; como Juárez, contra los “conservadores”, y como Madero, contra una dictadura (ahora la “neoliberal” o “neoporfirista”), resucitando también el cardenismo de los años treinta o el nacionalismo revolucionario.

Todo esto es muy difuso y superficial, pero se trata de vender un slogan bajo el que se califica a los “enemigos del pueblo y de la nación”.

Los conservadores del siglo XIX ya no existen. López Obrador no se asume como un liberal, a diferencia de Juárez, su caudillo de base. Él asume que los últimos gobiernos, de Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto son “neoliberales” y, lo que sí es mucho más concreto, está tratando de imitar las políticas del periodo cardenista: el nacionalismo, el estado como rector de la economía, el capital privado como un factor secundario de la economía, la eliminación del libre mercado internacional y la globalización (en consecuencia, la sustitución de las importaciones), la recuperación y administración de “los bienes de la nación”, como el petróleo, que está de salida, la electricidad, el agua, la tierra, etc.

Para muchos ha pasado convenientemente desapercibido que López Obrador no toca, ni con un pétalo, a los gobiernos de Luis Echeverría, aún vivo, y de José López Portillo, quienes, en la opinión de los expertos, fueron los que descarrilaron el llamado “desarrollo estabilizador” del país.

Ambos fueron los gobiernos más corruptos, despilfarradores, demagógicos e irresponsables del siglo pasado, pero López Obrador se hizo a la vida política en el gobierno de Luis Echeverría y cree en muchas de sus políticas, lo que es muy delicado.

Habría que hacer un largo recorrido ideológico, histórico y político para mostrar lo superficial y demagógico de algunos conceptos que maneja López Obrador en sus “clases de historia” que imparte en sus conferencias matutinas, pero lo que es políticamente concreto es que la denominación de “cuarta transformación” implica, esencialmente, la idea de un proyecto político transexenal.

López Obrador cree firmemente que encabeza un proyecto político que estará vigente por varios gobiernos y él es el fundador. ¿Cuántos gobiernos?, los que estimen necesarios o los que puedan.

Se trata de una nueva etapa de la “revolución” que podría abarcar décadas, aunque los hechos históricos muestran que ninguna de las tres anteriores “transformaciones” duró, como formación política, mucho tiempo, a pesar de que algunas de sus políticas públicas sí sobrevivan algunas hasta nuestros días, muy pocas por sus virtudes y la mayoría por convertirse en parte del sistema político mexicano, como las desastrosas políticas petrolera y agraria.

Hay que borrar pues de la faz de México a los “conservadores” y a los “neoliberales”, a la prensa “fifí”, más todos aquellos que se opongan a la “cuarta transformación”, quienes han sustituido a la gran bestia negra llamada “la mafia del poder”. Ahora ellos son las nuevas bestias negras y, como “la mafia del poder” no tiene rostro ni nombre, a menos que sea estrictamente necesario, como es el caso del diario Reforma, que ha logrado ya volverse incómodo para el poder y exhibirlo en varios asuntos delicados.

Incluso varios de quienes fueron firmes proselitistas de López Obrador en su campaña, hoy están denunciando que éste coquetea de forma ya abierta con el autoritarismo y está adoptando decisiones que apuntan en ese sentido.

Si los gobernadores y los alcaldes de oposición se dejan arrasar, dentro de seis años tendríamos un nuevo partido hegemónico; un nacionalismo revolucionario recargado, absolutista, autoritario y populista.