Fiasco: la lucha contra la corrupción

Fiasco: la lucha contra la corrupción

Por: Gerardo Lozano

Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la república por dos razones principales: el hartazgo de la sociedad mexicana ante la corrupción del sistema político y la grave inseguridad que se padece en casi todos los estados del país de doce años a la fecha.

Quienes fueron a votar por el tabasqueño y también quienes lo hicieron por otros partidos políticos esperaban medidas espectaculares en contra de la corrupción, pero desde la misma campaña el propio AMLO planteó que no emprendería una “cacería de brujas”, que “no perdería su tiempo en perseguir la corrupción del pasado”, por lo que iniciaría una nueva era donde no se permitiría la más mínima corrupción, lo que abría la puerta de la impunidad a los gobiernos anteriores, de forma particular al de Enrique Peña Nieto.

Aun con tales afirmaciones, la expectativa general era que en campaña no podía hacerse de tantos enemigos, pero asumido el poder habría un combate frontal a la corrupción o, al menos, se llevarían a cabo algunos juicios, a manera de advertencia y como un mensaje de que la lucha en contra de la corrupción iba en serio.

En Brasil, Lula Da Silva, el presidente más popular de las últimas décadas y cuyo gobierno sacó de la pobreza a cerca de 25 millones de habitantes, está hoy en la cárcel por una corrupción que, comparada a muchos de nuestros casos, podría considerar como pequeña, pero su sentencia es nada menos que de 12 años y 11 meses.

Dada la edad del político brasileño, de cumplir completa tal condena, moriría en la cárcel. No se le permitió salir al reciente funeral de su hermano, lo que da una idea de la dureza con que está siendo tratado.

El también expresidente Michel Temer, quien manejó todo el proceso en contra de Lula Da Silva, también ha sido aprehendido y pesan sobre él 10 procesos judiciales, una parte de los cuales los podrá enfrentar en libertad condicional, pero muy probablemente vuelva a la cárcel.

En este último caso los procesos judiciales giran en torno al caso Lava Jato y Electronuclear, sobre contratos fraudulentos firmados con el Estado brasileño. Temer tiene ya 78 años de edad; de recibir una condena mayor de 5 años, también muy probablemente moriría en prisión.

En Perú el poderoso expresidente Alberto Fujimori, tiene ya muchos años en prisión y una muy larga condena qué cumplir por diversos delitos, que van de la corrupción al uso indebido de la fuerza policial del Estado. Enfermo y ya octogenario, los jueces no han cedido y tendrá que cumplir su condena. Todo indica que morirá en prisión.

Junto con Fujimori, cumple una condena prácticamente de por vida Vladimiro Montecinos, un siniestro personaje que era su brazo derecho en asuntos de inteligencia y del manejo de la política interna de Perú. También morirá en la cárcel.

Tanto los peruanos como los brasileños han entendido que la impunidad ya no es una alternativa en caso de cometer corrupción, por lo que los índices de delitos cometidos por parte de gobernantes y funcionarios públicos han descendido notoriamente.

En España, la familia real, que se pensaba intocable, pasó a manos de la justicia. Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI, fue condenado por el Tribunal Supremo a cinco años y 10 meses de cárcel y al pago de más de 500 mil euros, por los delitos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales, al desviar 20 millones de euros del erario público a la Fundación Nóos, una asociación privada con aparentes fines de filantropía.

Su esposa, Cristina de Borbón, hermana del rey, salvó por muy poco la cárcel, pero tuvo que pagar una multa de 265 mil euros.

Ambos fueron despojados por Felipe VI de su título nobiliario como duques de palma en 2015.

Si la familia real no es impune, nadie puede ser impune en España. El mensaje está bastante claro.

EN MÉXICO, SÓLO PALABRAS Y NINGÚN PROCESO CONCRETO

Contra estos hechos tan contundentes, en México, literalmente, no pasa nada en el nuevo gobierno de esa fantasía indefinible llamada la “Cuarta Transformación”. No existe un solo funcionario público, siquiera de segundo nivel, del gobierno anterior procesado judicialmente en firme y, mucho menos, detenido.

Desde la misma campaña electoral se volvió evidente para los observadores más atentos, que entre Andrés Manuel López Obrador y el gobierno saliente había una especie de pacto no escrito, por el cual al asumir el nuevo gobierno no se abriría ninguna investigación y menos un proceso judicial en contra de ninguno de los protagonistas de la camarilla peñista.

¿Después de todo el escándalo del “huachicoleo”, por qué no hay ni un solo funcionario de Pemex bajo proceso? Hubo miles de gasolineras vendiendo “huachicol” y tampoco existe un solo empresario bajo una investigación judicial formal.

En las conferencias matutinas de AMLO ya se ha vuelto una constante descalificar moralmente a sus adversarios, ridiculizarlos o hacer afirmaciones de “posibles” o “presumibles” actos de corrupción, pero todo queda en eso: presunciones y descalificaciones que pretenden un daño político, pero no acto de gobierno formal en contra de la corrupción.

La muestra más reciente es la del pasado 8 de abril, que pinta de cuerpo entero la ligereza y la incompetencia con que se está manejando el problema de la corrupción. López Obrador envió un oficio a la Secretaría de Hacienda para que se vete a tres empresas farmacéuticas, ya sean en concursos de licitación o en asignaciones directas, “hasta que sepamos si hubo en éstas operaciones de corrupción y tráfico de influencias”.

Las empresas Grupo Fármacos Especializados, S.A., Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. y Maypo, acapararon en el sexenio anterior el 62.4% de las ventas totales de medicamentos al sector público, con un monto de 34 mil 280 millones de pesos.

El presidente de la república no puede vetar a un grupo de proveedores de semejante magnitud, “hasta que sepamos si hubo operaciones de corrupción y tráfico de influencias”, no es serio.

Él puede solicitar a la Fiscalía General de la República, que se supone es autónoma, que se investiguen todas las operaciones realizadas en el sexenio anterior por dichas empresas, poniendo a disposición de la fiscalía toda la información y los medios pertinentes.

Después del trabajo de investigación de la fiscalía se puede proceder en consecuencia, lo mismo si se descubrió corrupción o tráfico de influencias o no.

Una empresa proveedora no puede ser vetada de un concurso de licitación por presunciones de cualquier naturaleza. Incluso el argumento de prácticas monopolíticas en la proveeduría es muy discutible desde el punto de vista legal.

Llegamos así al punto lamentable de lo que está sucediendo: afirmaciones informales de “posible” corrupción de funcionarios, de empresas, de políticos, de líderes sindicales, de los partidos políticos, de empresas públicas, de empleados públicos, de realización de contratos, pero sin que exista nada legal en concreto que llegue a la apertura de un juicio y a deslindar culpabilidades.

¿Después de todo el escándalo del “huachicoleo” por qué no hay ni un solo funcionario de Pemex bajo proceso? Hubo miles de gasolineras vendiendo “huachicol” y tampoco existe un solo empresario bajo una investigación judicial formal. Después de que el crimen organizado que manejaba todo el “huachicoleo” dejó sembrados casi 120 cadáveres calcinados, el nuevo gobierno no fue capaz de aprehender a un capo de segunda como “El Marro”, líder del llamado cartel de Santa Rosa de Lima en el estado de Guanajuato.

En su ya evidente predilección por el ejército, López Obrador no dejó operar a los cuerpos especializados de la Marina, y “El Marro” se volvió de humo. Para colmo, después de haber aprehendido a unos familiares del mismo, los tuvieron que dejar en libertad por faltas al debido proceso.

No hay proceso alguno sobre toda la estructura criminal que manejaba y maneja el “huachicol”. Más ineficiencia no se puede tener.

Lejos de combatirse la corrupción, se ha resucitado políticamente a personajes probadamente corruptos, algunos de los cuales estaban purgando condenas carcelarias y otros en el exilio para evitar ser aprehendidos.

Lo anterior es el caso de Elba Esther Gordillo, un personaje escandalosamente corrupto que estaba en la cárcel y fue liberada por gestiones del propio López Obrador y ahora, con todo el cinismo inimaginable, desea volver a ser líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, como si no hubiera suficientes problemas ya con la CNTE.

Napoleón Gómez Sada no sólo fue repatriado sin resolver sus asuntos pendientes con la ley, que eran cuantiosos, sino que fue hecho senador y ahora ha fundado su propio sindicado dentro del sector minero-metalúrgico.

Mensajes contradictorios, absurdos, indignantes, como que la mayoría de los contratos que ha asignado el nuevo gobierno no han pasado por un concurso.

Todos los grandes temas de la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto van camino al cajón de la impunidad, mientras Enrique Peña Nieto se pasea por Europa sin que nadie, en lo absoluto, le moleste. El señor está de vacaciones y descansando, después de su agotador sexenio.

Sin la aplicación de la ley todo discurso anticorrupción es mera demagogia. La impunidad es la escuela de la nueva corrupción; eso es algo que la sociedad mexicana ha visto hasta el hartazgo.

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