La pobreza teatral: el gabinete millonario – Segunda entrega

Por: Marcela Valles

En medio de la pobreza y la austeridad del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, muchos de sus secretarios de estado se resisten a abrir totalmente la información sobre sus bienes; los abren a medias o bien tienen que esperar el ultimátum que les manda el propio López Obrador para abrirlos igualmente a medias.

El problema es que muchos de estos secretarios de estado no son pobres, por el contrario: dentro de nuestros estándares se pueden considerar como ricos y eso, por el discurso de pobreza y la declaración ficticia del propio AMLO en ceros, les pone en una situación sumamente incómoda.

La Secretaria de Gobernación y ex ministra de la suprema corte, Olga Sánchez Cordero, quien ha declarado a los medios que donará su sueldo a la caridad, como un ejemplo de que trabaja tan solo por amor a la patria, tiene una pensión mensual de 258 mil pesos por el resto de su vida, pero además gastos de representación y 5 asistentes a su disposición con un sueldo de 40 mil pesos cada uno de ellos, todo como parte de su jubilación.

Fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1995 hasta 2015, lo que significa que por 20 años ganó, de acuerdo al tabulador vigente hasta el 2018, la modesta suma de 4 millones 229 mil 555 pesos anuales o su equivalente de acuerdo al año. Multiplíquelo por 20 años y añádale otros ingresos adicionales, porque además tiene el fiat notarial, más rendimientos financieros, más lo que se ha transferido en propiedad a los familiares.

Su pensión, en términos simples, es dos veces y media lo que gana el presidente, por lo que la caridad no fue tal sino la renuncia obligada al menor de sus ingresos.

Finalmente, en el día del ultimátum (31 de enero), dio autorización al portal Declaranet para que se hiciera pública sólo una parte de sus bienes, que consiste en un “terreno rústico” de 380 mil metros cuadrados, lo que equivale a 38 hectáreas, el cual adquirió en 1992 (hace 27 años) en 90 millones de pesos de la época, además de un departamento de 318 metros cuadrados con un valor de 2.7 millones de pesos a valor predial.

Pero la caritativa Secretaria de Gobernación, cuyo desempeño hasta ahora es todo un tema aparte, no dio permiso para que se den a conocer los saldos de tres cuentas bancarias, una de inversión y dos más de instrumentos financieros no especificados.

Si uno tiene cuentas de inversión no tiene tres pesos, y si tiene inversiones en instrumentos financieros, estamos hablando de cantidades importantes de dinero; tal vez de ahí la resistencia de que se dé a conocer la información correspondiente, pero tiene la obligación de hacerlo: es uno de los costos de servir a la patria hoy en día.

El asunto de la donación del sueldo por parte de la Secretaría de Gobernación tiene más fondo que la evangélica caridad cristiana.

Por ética profesional hubiera sido todo un problema el recibir, al mismo tiempo, dos sueldos públicos, por lo que tenía que renunciar a uno de ellos y, por supuesto, ella optó por renunciar al menor, que es, además, transitorio, mientras que el otro es vitalicio.

El pasado 5 de febrero, el diario capitalino Reforma mostró que Sánchez Cordero no había declarado un pent-house de lujo que posee en la ciudad de Houston, Texas, ubicado en la Torre Park Square, uno de los sectores más exclusivos de la urbe texana, el cual tiene un costo de 11.1 millones de pesos al tipo de cambio del día, con una extensión de 269.7 metros cuadrados y una vista espectacular, debido a que se encuentra en el último piso del lujoso edificio.

La otra secretaria de estado que se había negado a presentar su declaración era Josefa González Blanco Ortiz Mena, titular de la Semarnat, quien también lo tuvo que hacer pero a medias, pues no autorizó que se dieran a conocer el valor de sus bienes, los cuales consisten en tres ranchos, que afirma fueron adquiridos mediante donación de sus padres, pero también declaró tener joyas y obras de arte, así, en términos genéricos, sin especificar los mismos ni su valor.

En nuestro medio, tener un solo rancho ya te coloca en una posición social que no tiene nada que ver con la pobreza, pero no cualquiera tiene tres ranchos, como tampoco cualquiera es propietario de obras de arte, pues cuando se incluye este tipo de bienes en una declaración es porque tienen un valor de mercado importante; nadie declara que tiene cuadros comprados en una tienda departamental para decorar su casa.

El más rico del grupo es sin duda Alfonso Romo Garza, nada menos que el jefe de la oficina de la presidencia, quien en su momento fue considerado como uno de los hombres más ricos de México por las revistas Expansión y Forbes.

Josefa González Blanco Ortiz Mena tiene un perfil profesional muy interesante. Es una mujer culta, con una formación de élite en el extranjero, donde radicó varios años; una ambientalista comprometida, pero hoy, a sus 53 años, es una señora rica, de familias también ricas. Podría ser una señora de sociedad, pero ha optado por cosas más interesantes, lo que no quita el hecho de que su perfil social en nada encaja con la historia de la “medianía republicana” y esos cuentos que se están manejando.

Le incomodó exponer su posición económica y parte de su vida privada, así de simple, por lo cual había evitado la declaración patrimonial, pues además ni es política ni tiene carrera dentro de este medio. Su conexión con Andrés Manuel López Obrador tiene que ver mucho con su trabajo como ecologista en Palenque, Chiapas.

Como un dato significativo, Josefa González es sobrina de Carlos Salinas de Gortari.

Como en todos los gabinetes de los últimos gobiernos, en el de López Obrador, impera la simulación.

El más rico del grupo es sin duda Alfonso Romo Garza, nada menos que el jefe de la oficina de la presidencia, quien en su momento fue considerado como uno de los hombres más ricos de México por las revistas especializadas Expansión y Forbes.

Romo ha estado tratando de manejar un perfil más bien bajo, porque además podría enfrentar conflicto grave de intereses si algunas de sus empresas intervienen en programas gubernamentales.

Entre otras cosas, es propietario de Vector, la compañía más grande en la gestión de fondos en América Latina. También es propietario del grupo empresarial PULSAR, con muy fuertes intereses en el sector de la biotecnología.

Por supuesto, su declaración está a medias y además es compleja, por el tamaño de sus bienes y capital.

No hay pues la tan proclamada “medianía republicana juarista” sino un montaje bastante teatral.