La historia del vicealcalde: José Antonio Loera López

Por: Gerardo Lozano

Tiene propiedades de lujo que no corresponden a sus ingresos de funcionario, hace declaraciones fiscales incompletas, trabajadores del municipio organizaron una protesta demandando su renuncia, dentro del gobierno municipal tiene injerencia en áreas que no le competen y su escolaridad es básica. Es el hombre que hace el trabajo sucio para Jorge Zermeño.

José Antonio Loera López era un modesto contratista privado que prestaba sus servicios a algunos arquitectos, entre ellos al arquitecto Jaime de Lara Tamayo, un conocido y respetado panista ya fallecido, quien le propuso que se dedicara a la cimbra y Loera López le hizo caso: se convirtió en “cimbrero”.

En este trabajo de “cimbrero” estrechó su amistad con el arquitecto De Lara y comenzó a simpatizar con el PAN, aunque inicialmente no se convirtió en un militante activo, mucho menos destacado, dentro del reducido círculo panista.

Tenía una economía de mediano pasar, pero en 1996 tuvo un giro profesional inesperado. Fue recomendado por De Lara Tamayo para ocupar el cargo de Director de Plazas y Mercados en el gobierno de Jorge Zermeño, convirtiéndose por primera vez en su vida en funcionario público, en un giro que desconocía por completo.

No le fue nada mal. De hecho, comenzó a prosperar de forma acelerada, al encontrar que el gran desorden que permea en el comercio informal permite ganar mucho dinero dando permisos, o amenazando quitarlos, a todo tipo de changarros, puestos, vendimias y tianguis, tomando en cuenta que en aquellos años la fayuca era la forma más importante de acceso a muchos bienes importados, entre ellos la electrónica, ropa, bisutería, zapatos deportivos y hasta electrodomésticos.

En ese periodo se forma el ambulantaje en el centro de Torreón, que haría crisis dos gobiernos después.

En el 2002 las cosas se reacomodaron a su favor y fue nuevamente recomendado para el gobierno de Guillermo Anaya, sólo que ahora como Director General de Servicios Públicos Municipales, de quien dependían las áreas de alumbrado público, limpieza, rastro municipal, parques y jardines y panteones municipales, con un sueldo neto mensual de 46 mil 826 pesos (sólo 9 mil pesos menos que el presidente municipal) cuando en su primera incursión como funcionario ganaba sólo 18 mil 435 pesos mensuales netos.

Había ascendido a una de las posiciones más importantes del gobierno municipal, con un margen de maniobra mucho más amplio para poder hacer negocios.

Ya en su nuevo cargo, la primera decisión de Loera López fue adquirir en abonos un terreno de 500 metros cuadrados en el fraccionamiento residencial Hacienda del Rosario, donde el metro costaba sobre los mil 500 pesos y hoy vale cerca del doble. La operación se realizó el 30 de diciembre  de 2002, apenas dos días antes de entrar en funciones.

El 27 de febrero de 2003 tuvo que presentar su declaración patrimonial. En las páginas 6 y 7 de la misma aparecen todos sus bienes.

En el apartado de Bienes Inmuebles del Declarante, Cónyuge y/o Dependientes Económicos, reportó tener una casa habitación en la Av. Brasilia No.2133 de la colonia Nueva San Isidro, con un terreno de sólo 160 metros cuadrados, 240 de construcción y un valor de 800 mil pesos. Era su vivienda de toda la vida, adquirida en 1985.

Enseguida manifestó otros dos bienes: una casa habitación en la calle Flores Magón, entre Independencia y Libertad, colonia 1ro. de Mayo, con 400 metros de construcción y un valor catastral de 400 mil pesos, además de un local comercial en Avenida Álvaro Obregón No.87, colonia El Tajito, con un valor de 322 mil 500 pesos.

En la hoja de especificaciones indica que la primera propiedad está a nombre de una tercera persona, pero tiene el poder de escriturar a quien él desee, mientras que en el caso del local comercial se encuentra en terrenos ejidales y a la fecha no estaba aún escriturado.

Como gente de la construcción que es, Loera López había aprendido que la manera más discreta y provechosa de invertir su dinero era precisamente el construir, declarando inicialmente los bienes como terrenos, para evitar el riguroso escrutinio que implica ser funcionario público.

La operación comercial en El Tajito la consigna el 15 de enero del año 2000, quince días después de haber terminado su periodo como funcionario público en el trienio de Jorge Zermeño, mientras que la casa de la 1ro. de Mayo fue edificada durante su periodo como funcionario, pero manteniéndola catastralmente a nombre de un tercero.

La otra propiedad, cuya posesión data desde 1979, situada en la misma calle Flores Magón No. 17 de la colonia 1ro. de Mayo, es una finca muy modesta de apenas 100 metros cuadrados, con un valor de 150 mil pesos de ese año.

Durante su periodo en el gobierno de Zermeño Infante, le alcanzó el sueldo para adquirir dos flamantes camionetas Dodge que le permitían continuar en su negocio privado una vez concluido su paso por el gobierno.

TODO DE CONTADO, INCLUIDA UNA MANSIÓN

Singularmente, en el apartado de Inversiones, Cuentas Bancarias y otro tipo de valores, Loera López se declaró poco menos que en ceros, pues tenía tan solo 14 mil pesos en la cuenta No.1157346751 del entonces banco Bital, hoy HSBC.

Una característica de José Antonio Loera es que es un hombre que maneja toda su economía en efectivo, no existen depósitos importantes en sus cuentas, ni inversiones, ni créditos adquiridos; todo era en efectivo y el régimen fiscal lo permitía en aquellos años.

Mensualmente 45 mil pesos era un buen sueldo que le permitía a una familia vivir desahogadamente en un nivel de clase media, no más allá, pero a Loera López le alcanzó para edificar una mansión.

En su segunda declaración, presentada el 26 de mayo de 2004, a un año y medio de haber ocupado el cargo, manifiesta que su ingreso anual es de 535 mil 328 pesos. Es casi semejante a la primera, con la diferencia de que en su cuenta bancaria tenía 30 mil pesos, pero en el terreno de Hacienda del Rosario estaba construyendo una mansión de 600 metros cuadrados, la cual ya había terminado para mediados de 2005, con acabados de lujo y un costo cercano a los 3 millones de pesos.

Hoy José Antonio Loera López posee una riqueza que puede considerarse como inexplicable; se sospecha que durante su periodo como funcionario del gobierno de Guillermo Anaya obtuvo contratos de obra pública y en consecuencia ingresos no declarados. Su nivel máximo de estudios es de primaria y ahora como Director de Administración controla algo fundamental: la nómina; toda contratación, despido, ajuste de salarios, beneficios, honorarios, contrataciones de personal adicional, tienen que pasar por su firma.

Durante los dos primeros años como funcionario, Loera López había obtenido un ingreso total neto de 1 millón 70 mil pesos, de los cuales había que deducir los gastos ordinarios de la manutención de su familia, ya que no manifestaba ningún otro tipo de ingreso, lo que en términos conservadores debía de implicarle al menos la mitad de sus ingresos, en el supuesto de que fuera un hombre muy ahorrativo.

Si se sumara todo ese ahorro, sería apenas el equivalente a la mitad del costo de la mansión que se construyó, pero en los meses posteriores al término de su periodo como funcionario, que concluyó en diciembre de 2005, su círculo de allegados manifestó que estaba adquiriendo terrenos y locales comerciales, pero todas sus operaciones era como habituaba: al contado y a través de terceros, lo que no podía confirmarse oficialmente y quedaba óolo como un trascendido.

El hecho es que Loera López se convirtió de “cimbrero” con trabajos menores, en un hombre próspero y además, sin deuda alguna registrada.

AHORA VICEALCALDE

En 2018, 21 años después de haber sido invitado por primera vez a un cargo público y habiendo pasado en “la banca” política 12 años, el 1 de enero Loera López presenta una declaración patrimonial incompleta, ya que sólo declara sus propiedades, pero sin especificar su ubicación y valor catastral.

Su enriquecimiento es muy notorio en los años que siguieron al 2005.

En el 2007, según él mismo lo manifiesta, adquiere siete terrenos, pero no dice en qué colonias o fraccionamientos, ni si había construido en ellos, sólo afirma que todos fueron de contado.

En 2008 registra 3 locales comerciales, cuando en su declaración anterior tenía uno solo con un valor real que rondaba los 600 mil pesos.

En 2011 registra otro terreno y en 2013 le agrega uno más a su ya importante patrimonio y, como siempre, adquiridos de contado.

En el 2008 registra tres casas habitación, junto con otra que ya había registrado desde el 2001, las cuales se supone que son las cuatro propiedades descritas en sus primeras declaraciones; sin embargo las fechas de registro de estas propiedades no coinciden con las primeras, conforme a lo declarado en 2005.

Lo importante luego de seis años como funcionario municipal (tres en un cargo mediano y tres como director de un área estratégica) y de 12 años sin un ingreso fijo, regresa de nuevo a un cargo muy estratégico de un gobierno panista, como Director General de Administración, sólo que ahora declara un patrimonio de 15 bienes inmuebles, no declara otros ingresos y tampoco el parque vehicular que posee; tampoco otro tipo de bienes distintos a los inmobiliarios.

Hoy José Antonio Loera López es un hombre que posee una riqueza que puede considerarse como inexplicable, pues al ingresar al servicio público era propietario tan solo de una casa habitación valuada catastralmente en 800 mil pesos y otra muy modesta vivienda en un fraccionamiento popular valuada en apenas 150 mil pesos.

Pasar a 15 propiedades tan solo en bienes inmuebles es demasiado, pues hay presunción que durante su periodo como funcionario del gobierno de Guillermo Anaya obtuvo contratos de obra pública y en consecuencia ingresos no declarados, porque la casi totalidad de sus bienes datan de 2007 y 2008, año en que los registra y posteriormente le aumenta sólo dos bienes inmuebles más, en 2011 y 2013, según él mismo lo manifiesta.

DEMASIADO PODER

El 11 de octubre de 2018, mil 100 trabajadores municipales, pertenecientes a los dos sindicatos que los agrupan, se manifestaron en la explanada de la presidencia municipal, exigiendo la renuncia de José Antonio Loera López, acusándolo de malos tratos laborales, arbitrariedades y de ser el funcionario que les hostiga; lo acusan de ostentar poder en una serie de áreas de la administración municipal que en apariencia no tienen qué ver con sus funciones dentro del organigrama.

Molesto, el alcalde, Jorge Zermeño Infante, quien tuvo que salir a atenderles, les hizo la aclaración de que él era precisamente el alcalde, no José Antonio Loera López.

Loera López, quien manifiesta en su declaración que su nivel máximo de estudio es de primaria (se puede ver la declaración en el sitio de acceso público DeclaraNet en coahuila.gob.mx), nuevamente fue colocado en un cargo para el cual no está calificado, y además se ha convertido en el hombre fuerte después de Jorge Zermeño Infante.

El 11 de octubre de 2018, mil 100 trabajadores municipales se manifestaron en la explanada de la presidencia municipal, exigiendo su renuncia acusándolo de malos tratos laborales, arbitrariedades, hostigamiento y de ostentar poder en áreas que en apariencia no tienen qué ver con sus funciones dentro del organigrama.

El Director de Administración del gobierno municipal controla algo que es fundamental: la nómina. Toda contratación, todo despido, ajuste de salarios, beneficios, honorarios, contrataciones de personal adicional, tienen que pasar por su firma.

Por indicaciones de Zermeño Infante, Antonio Loera despidió al inicio del actual gobierno a más de 600 trabajadores de confianza y a 800 personas que laboraban para la llamada Marea Roja, más un número no especificado de empleados por honorarios y asesores, cuando en campaña se había prometido que no habría despido de empleados municipales.

En la opinión de Sergio Lara, Secretario del Ayuntamiento, se contrataron al inicio del gobierno a 350 empleados, pero la nómina municipal lejos de disminuir ha subido y ningún funcionario ha dado una explicación al respecto. Tan solo en pago de personal el gobierno municipal gastará cerca de la mitad de su presupuesto total, pues sólo de nómina directa el gasto se acerca a los 800 millones de pesos, y a eso hay que agregar toda una serie de prestaciones.

En términos políticos, los gobiernos municipales anteriores de extracción panista habían incluido en la nómina a un porcentaje muy alto de miembros del PAN (el PAN de Torreón tiene hoy un padrón de 1,060 miembros oficiales, pues no es un partido abierto). Muchos de esos miembros tiene la expectativa de ser incorporados al gobierno municipal, ya sea personalmente o a través de familiares, pero Zermeño Infante sólo ha colocado, en la versión de varios panistas consultados al respecto, a 160, de los cuales se ha despedido a cerca de 40. Sólo hay, entonces, 120 miembros del PAN cobrando en la nómina que controla José Antonio Loera, los cuales estaban dentro de los 350 que mencionó Sergio Lara al inicio de este periodo de gobierno.

Contradictoriamente, los integrantes del sindicato denuncian que Loera López tiene en la nómina municipal a no menos de 15 parientes, entre hermanos, sobrinas, sobrinos e íntimos. Hacen especial énfasis en la Dirección de Adquisiciones del municipio, de la cual es titular María Esther Sánchez Pámanes.

Otro malestar de los panistas es que Jorge Zermeño Infante incorporó a su gobierno a Olga Lidia Gaytán como Directora de Recursos Humanos, quien depende de José Antonio Loera, pero fue la misma funcionaria que en el periodo de Eduardo Olmos corrió a todos los panistas que trabajaban para el gobierno de José Ángel Pére. Está relacionada sentimentalmente con el priista David Fernández, hermano de Shamir Fernández, ex diputado local y presidente del PRI municipal de Torreón, lo que les parece una ofensa.

El problema para las demás áreas es que el Director de Administración tiene su mano dentro de casi todas las demás direcciones y decide inclusive cosas tan ajenas a su área como quién y cómo pinta la explanada de la Plaza Mayor, lo mismo que la asignación de contratos de obra pública y contratación de servicios. En general, Loera López tiene influencia sobre casi cualquier adquisición que se realiza en el actual gobierno.

El cuestionamiento obligado es por qué darle tanto poder a un hombre que no está dentro del llamado “círculo rojo” del panismo, o la cúpula que controla al partido y que además no tiene más preparación que haber terminado sus estudios de primaria.

La aparente explicación es precisamente que Loera López no está dentro del “círculo rojo” y no está rodeado de miembros oficiales del PAN, lo que le permite realizar todo tipo de maniobras y negocios que le sean encargados desde la oficina del alcalde o a través de la familia Zermeño, sin que esto trascienda. Es, en suma, el hombre que se ensucia las manos, enfrenta conflictos internos y asume la responsabilidad legal en caso de que se presenten problemas, y un hombre así es sumamente útil.