¡Queremos justicia! 

Por: Gerardo Lozano 

En el país de la impunidad el próximo gobierno promete amnistía, ¿pero a quiénes? El país de Elba Esther Gordillo, el país de Jorge Torres López, el país impune y corrupto de Enrique Peña Nieto donde nadie fue condenado por Odebrecht; el país de la Casa Blanca, el de la Gran Estafa, el de los 16 tráilers con cadáveres; el país donde los magistrados dejan libre a la gente más corrupta y de la forma más evidente. En este México que gobernará López Obrador
¿amnistía para quién?,
¿justicia para quién?

En algún momento de la campaña electoral o aun antes de ésta, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, parece entender en su discurso la aplicación de la justicia como un acto de venganza, lo cual es muy delicado, porque se trata de dos cosas completamente distintas. 

La venganza es un acto personal que busca infringir un daño para compensar un agravio u otro daño recibido; es considerada como un vicio e inclusive caer dentro de la perversión del carácter, mientras que la impartición de justicia es una función del estado, compete de manera exclusiva a éste y no le está permitido a un ciudadano privado el tratar de aplicarla por su propia mano, lo que es considerado inclusive un delito. 

Para cumplir esta función básica que deposita en él la sociedad, el Estado requiere de un aparato eficiente de impartición de justicia, que es indispensable y es irrenunciable. 

De los 17 foros de consulta popular sobre la seguridad que se iban a realizar en todo el país, se suspendieron los últimos cinco, en lo que es un muy mal mensaje a la sociedad en torno a los compromisos del nuevo gobierno federal que comienza el próximo primero de diciembre. 

De estos últimos foros suspendidos, la mayoría se trata de estados sumamente conflictivos, como Tamaulipas, considerado como un narcoestado, donde los propios ciudadanos estaban planteando que realizarían el foro con o sin los nuevos funcionarios públicos, en lo que es otro mensaje negativo. 

De los doce foros realizados surgió un clamor unísono e inequívoco: ¡Queremos justicia! No perdón o amnistía a quienes causaron el daño, lo que echó abajo el planteamiento original de perdón y amnistía que estaba planteando en su campaña López Obrador. 

Pero lo más importante es que los foros se organizaron sin haberlos preparado; sin tener respuestas a los posibles planteamientos de los familiares de las víctimas o de los ciudadanos agraviados. Esto es un mal indicador para un gobierno que va a asumir funciones y heredará una situación nacional crítica en materia de seguridad. El términos concretos no hay plan, no hay proyecto. 

Para los nuevos responsables de la seguridad, el país tiene que olvidar que en los últimos 12 años ha habido alrededor de 140 mil muertes que han quedado en la impunidad la inmensa mayoría de ellas y, en cálculos conservadores, hay 30 mil desaparecidos, de quienes no se sabe si también murieron. 

Para empeorar las cosas, han sucedido en las últimas semanas algunos eventos dantescos, macabros, que son el resultado de una estupidez e ineptitud gubernamental que no parecen tener fin. 

En Jalisco, los servicios forenses han acumulado tantos cuerpos de personas asesinadas pero no identificadas, que decidieron colocar cerca de 300 cuerpos en cajas de camiones tráiler, suponemos que refrigeradas, solo suponemos, abandonando estas cajas en ciertos sitios semi-urbanos.  

Semejante atrocidad parece salida de una película ficticia de terror, pero es parte de la estupidez de un gobierno estatal que ya se va y ha sido enormemente irresponsable, el hecho lo evidencia por sí mismo. 

Podrían haber tomado las muestras de ADN y todos los demás registros necesarios de cada una de las víctimas y darles un digno entierro. Si posteriormente se llegan a identificar los restos, sencillamente se entregan a sus familiares si desean cambiarlos de lugar y se manda el expediente a las autoridades judiciales.  

Algo de sentido común o de sentido práctico se convierte en un acto terrible, indescriptible, que aumenta el horror y la indignación que ya existe por toda la violencia que se sufre.  

UN SISTEMA JUDICIAL  

Vivimos, sólo de forma aparente y para ciertos efectos, en un mundo cada vez más tecnológico y científico. En la televisión y en el cine se presencian, recreados en casos de ficción, todo lo que puede hacer la tecnología y la ciencia para la investigación policiaca. Una huella puede resolver un caso criminal. 

Penosamente, en nuestro mundo cotidiano la situación es atrozmente diferente. No hay policías profesionales, capaces de cubrir siquiera una escena del crimen. No hay policía de investigación; tenemos ministerios públicos incompetentes o corruptos, que solo ocasionalmente integran con solidez un expediente que pueda soportar un juicio. Tenemos abogados que pueden ser competentes, pero ordinariamente son corruptos y sus mejores clientes son criminales, de tal forma que no les es muy difícil rebatir a las fiscalías y deshacer los casos. 

En la parte alta de la estructura tenemos también pocos jueces competentes y honestos, contra una mayoría de jueces ineficientes y corruptos, lo que sube hasta los magistrados que, pudiendo hacer su trabajo y teniendo sueldos de privilegio, suelen obrar por corrupción y dictaminar con base en el dinero o en las consignas que reciben, sin importar el trabajo de los abogados. 

La Procuraduría General es una vergüenza para el país, lo mismo que la mayoría de las fiscalías, pero en la mayoría de los casos no porque no sepan hacer su trabajo, sino porque operan con base en la corrupción y los arreglos de los políticos. 

El actual gobierno que encabeza Peña Nieto pareciera tener la disposición de no terminar su periodo sin causar más agravio a la sociedad mexicana, ya sea por sus intereses o por los del gobierno próximo. Cuando se cree que el asombro ha terminado es posible que apenas comience; a un caso como el de Elba Esther Gordillo se sigue el de Javier Duarte. 

En Coahuila, después de permanecer en calidad de desaparecido por varios años, de pronto el ex gobernador Jorge Torres López, quien formalmente tiene un proceso judicial en el vecino estado de Texas, aparece en un hospital de Saltillo supuestamente por una grave afección cardiaca, y decimos supuestamente porque ahí está el caso de Elba Esther Gordillo para demostrar que la enfermedad ficticia se convierte en un instrumento utilísimo para manipular juicios. 

El problema es que ya salió hace meses del hospital y lleva una vida completamente normal en Saltillo, donde muy probablemente ha radicado en los últimos años. 

Torres López es prófugo de la justicia norteamericana porque evidentemente el sistema judicial mexicano no lo ha querido tocar, por lo cual, lo menos que procede es evitar que tenga todas las condiciones para fugarse. 

Una sola de las cuentas que le detectaron en un paraíso fiscal del caribe es por un poco más de 2 millones de dólares, que sumarían por lo menos 40 millones de pesos, pero está muy distante de ser el único elemento que hay en su contra, en un expediente que es extenso. 

Él afirma que se trata de una herencia, emulando a Elba Esther Gordillo, a quien su madre, una modesta profesora rural de Chiapas le heredó una fortuna, que incluyó obras de arte costosísimas, que no posee ni un millonario mexicano típico. 

Jorge Torres, quien primero fue alcalde interino de Saltillo, después ocupó varios cargos estratégicos en áreas de finanzas y durante todo 2011 fue gobernador interino de Coahuila.  

Además de lavado de dinero, falsificación de documentos oficiales para contraer deuda y el robo de recursos públicos, se encuentran casos tan graves como la llamada “masacre de Allende”, un pueblo del norte de Coahuila que fue tomado por los sicarios del narcotráfico en marzo de 2011, para ejecutar una venganza colectiva, donde hubo destrucción de viviendas, ejecuciones masivas de personas y desapariciones; un caso para los anales del terror. 

Jorge Torres era el gobernador del estado y es prácticamente imposible que no haya estado enterado, pero no hizo nada al respecto. 

Si quedan impunes feminicidios donde se conoce al culpable, ¿qué se puede esperar de aquellas personas que fueron víctimas de los sicarios del crimen organizado? De cada cien asesinatos cometidos en los últimos 12 años máximo se aclaran dos, mientras que las pocas denuncias interpuestas ante los ministerios públicos se amontonan y empolvan en anaqueles atiborrados. Todo terminará en el archivo muerto, de hecho la mayoría ya se encuentra ahí.

Miembro de la familia mexicana económicamente más poderosa del sureste de Coahuila, los López, Jorge Torres López radica y hace vida ordinaria en Saltillo, sin que ninguna autoridad haga nada al respecto. Es el hombre, después de Humberto Moreira y, muy probablemente, más que el mismo ex gobernador, la persona que conoce con todo detalle cómo es que se originó la enorme deuda que pesa sobre las finanzas públicas de Coahuila. 

JUSTICIA PARA LOS POBRES 

El reclamo colectivo, que se supone orientará todas las políticas públicas del gobierno lopezobradorista, esperaba que se asumiera la compleja tarea de limpiar y desarrollar un sistema judicial que genere un estado de derecho para México, sin el cual no se puede resolver el grave problema de la seguridad pública. 

Todo lo que sucedió en Coahuila en el periodo de 2007 a 2011, que implicó masacres contra civiles, cintos de ejecuciones, cerca de dos mil desaparecidos, cientos de personas asesinadas cuya identidad es desconocida y nadie se presentó a reclamar sus cuerpos, el secuestro, el robo cotidiano de miles de vehículos, el cobro de piso a empresarios y personas dedicadas a las más diversas actividades productivas, el abuso de elementos policiacos que fue hasta la colusión de estos con el crimen organizado, se quedarán ahí, olvidados, en la lógica de los nuevos políticos que acaban de llegar al poder federal. 

Por hoy, los miles de restos humanos localizados por colectivos ciudadanos no sirven para nada; quedarán amontonados en alguna bodega hasta perderse con el tiempo. Los listados de ciudadanos desaparecidos seguirán en esa condición: desaparecidos; fantasmas de una supuesta guerra contra el crimen organizado, pero fantasmas que destrozaron familias que hoy, en los foros, claman por justicia, pero ante un escenario que presenta un futuro preocupante y desolador. 

En un aparente apogeo de la lucha por los derechos de la mujer, la igualdad de género y la lucha en contra del feminicidio, el pasado 23 de abril, en la colonia residencia Torreón Jardín, la señora Luz María Rodríguez Galindo, madre de familia, de 65 años y muy conocida dentro de su medio social de clase alta, fue asesinada de tres disparos en su casa por su propio marido, según las primeras y únicas averiguaciones que proporcionó el ministerio público. 

Recibió un disparo en el tórax, dos en el abdomen y una herida en el muslo izquierdo, lo que implica saña por parte del homicida.  

Mortalmente herida alcanzó a tomar el teléfono celular y mandar un mensaje a su hija, el cual inclusive fue publicado en algunos medios, quien acude de inmediato en su auxilio pero no logra salvarle. 

Hoy, seis meses después, el feminicidio ha desaparecido, no existe. Revista de Coahuila trató de obtener información oficial al respecto pero no obtuvo absolutamente nada. La única respuesta fue el silencio.  

El hecho se debería seguir de oficio, con o sin la anuencia de la familia o de cualquier otra persona, sin importar su condición socio-económica, pero no en un sistema judicial incompetente y corrupto. 

Si con un caso así ocurre esto, ¿qué se puede esperar de aquellas personas que fueron víctimas de los sicarios del crimen organizado, verdaderos fantasmas que secuestraban, torturaban y mataban para luego desaparecer?  

De cada cien asesinatos cometidos en los últimos 12 años a lo más se aclaran dos de ellos, mientras que las pocas denuncias interpuestas ante los ministerios públicos se amontonan y empolvan en anaqueles atiborrados. Todo terminará en el archivo muerto, de hecho la mayoría ya se encuentra ahí.  

¿ANTICORRUPCIÓN SIN JUSTICIA? 

El país latinoamericano que más exitosamente ha combatido la corrupción es Perú. Alberto Fujimori, quien fue presidente de 1990 al 2000, tuvo que evadirse del país para tratar de evitar un juicio en su contra, pero en 2005 fue extraditado de Chile y sujeto a un proceso legal bajo los cargos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión. 

En ese mismo año de 2009 se le condenó a otros 7 años y medio de prisión por los delitos de peculado doloso y apropiación de fondos públicos, principalmente. Desde entonces se encuentra en prisión y, debido a su avanzada edad, es probable que fallezca en la misma, aun cuando recientemente tuvo que ser trasladado a un hospital por un problema delicado de salud, pero tendrá que volver a prisión, aunque ya ha cumplido los 80 años de edad. 

Muchos seguidores del político peruano-japonés consideraron que se estaba aplicando la ley de forma muy dura, pero a partir de estos hechos el sistema político de Perú ha experimentado un gran cambio. 

De enero a julio la economía peruana tuvo un crecimiento del 4.0%, sumando un acumulado de 108 meses con índices positivos. El cierre del crecimiento anual se espera que sea por lo menos el doble del que tiene México, con una plataforma mucho más modesta que la nuestra en todos los sectores económicos. 

A principios de octubre de este año de 2018, Keiko Fujimori, hija del expresidente y excandidata también a la presidencia de Perú hace apenas dos años, fue detenida preventivamente acusada por las autoridades del delito de lavado de dinero, junto con otras 19 personas, en una trama que se relaciona con la empresa brasileña Odebrecht, la cual estuvo operando en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Existen varios señalamientos que vinculan a funcionarios de alto nivel con sobornos provenientes de esta misma empresa pero, a diferencia de lo que sucede en Perú, en México no hay ningún proceso judicial o tan siquiera investigación formal por parte de la PGR en torno a los sobornos de Odebrecht. 

Pensar en la eliminación de la corrupción sin la aplicación de la ley de manera firme y enérgica en contra de funcionarios, políticos y empresarios de alto rango resulta, en la opinión de los expertos, imposible, como se ha demostrado en muchas ocasiones en varios países que enfrentan el problema de la corrupción, en proporciones aun menores que México. 

Mientras prevalezca la impunidad por encima de la rigurosa aplicación de la ley a través de un sistema judicial eficiente, es inviable que la criminalidad disminuya en cualquiera de sus formas, lo que abarca a los gobiernos de todos los niveles y en general a los ciudadanos que delinquen, ya sea de forma ocasional o a quienes forman parte del crimen organizado. 

En Guanajuato, un estado del país que hasta hace cuatro años tenía un índice de criminalidad muy bajo, hoy vive una ola de violencia sin precedentes. Las autoridades han detenido cerca de 1,500 sujetos por delitos relacionados con el “guachicoleo”, el origen de esa ola de violencia, pero son dejados en libertad después de leves sanciones, porque la autoridad judicial no lo considera un delito grave. Muchos de los detenidos tenían en su poder miles de litros de gasolinas y fueron aprendidos en fragancia, al momento de estar “ordeñando” ductos de Pemex. 

Justicia no es venganza, sino la aplicación de la ley, una obligación básica del estado que están reclamando todos los ciudadanos, tanto los agraviados como los no agraviados, que son poquísimos.