El reclamo de justicia 

Editorial septiembre 2018 

Al parecer, el nuevo grupo político que asumirá el gobierno de la república el próximo primero de diciembre tenía en mente un proceso de pacificación que estaría fincado en la amnistía de ciertos tipos de delitos, el perdón, el apoyo a los jóvenes para distanciarlos de las actividades criminales y, es de suponerse, la idea de que se puede de alguna manera lograr que las organizaciones del crimen desistan de la violencia masiva y brutal. 

Está claro que el lopezobradorismo no contempló pasar por la exigencia básica de la población agraviada y la población en general: justicia, lo cual cambia por completo las exigencias para el nuevo gobierno, pues ofrecer justicia a la población implica, sin vueltas, la transformación del sistema judicial del país y, de paso, del sistema policial. 

El ciudadano común desea que exista un estado de derecho, donde se aplique la ley y se castigue justamente a los responsable de un delito, sin importar la condición socio-económica del infractor ni su poder mafioso. 

El mexicano vive habitualmente en una realidad donde el sistema judicial es corrupto e ineficiente; donde sólo el que no tiene con qué pagarse a un abogado muy caro y corrupto recibe un castigo y puede ir a la cárcel, muchas veces por delitos que no son considerados graves, mientras que los que tienen algún tipo de poder, ya sea político, económico o de cualquier otra naturaleza, burlarán la ley. 

Las familias que han sufrido pérdidas por el asesinato de uno de sus miembros, la desaparición del mismo o la brutalidad tanto del crimen organizado como de muchas corporaciones policiacas, tienen un daño psicológico y un agravio profundo, traumático, lo que no parecen alcanzar a comprender los políticos, de ahí que, como reza el texto bíblico, tienen hambre y sed de justicia. 

Toda la corrupción en México pasa por la ineficiencia de un sistema judicial que no funciona, y no funciona porque son los políticos los que han corrompido ese sistema. 

Cuando se habla de corrupción en términos generales se habla de nada. La sociedad civil en general desea ver a los corruptos enfrentando la ley y recibiendo un justo castigo. Desea, como en Perú, a un expresidente y al más siniestro de los funcionarios públicos en la cárcel y enfrentando condenas. Desea que el sistema ordinario de administración de justicia funcione, pero el mensaje que le están mandado es totalmente contrario: la justicia está supeditada a la política, lo cual es un insulto a la herencia juarista que se pregona en los discursos y va a ser, lo podrá ver en unos meses, una de las primeras grandes decepciones.