Coahuila: subsidiando otros estados y a un gobierno central improductivo

Por: Gerardo Lozano 

¿Cuáles son las repercusiones de este esquema en los estados con mayor PIB pero menor población? ¿Qué cambiará con el nuevo gobierno federal?

Resulta complicado, para una persona no especializada en finanzas y más específicamente aun en finanzas públicas, comprender cómo es que se integra el presupuesto que cada estado de la república ejerce, pero si se hace un esfuerzo por ir a lo esencial y dejar a un lado algunos términos técnicos, es posible entenderlo de forma más sencilla. El presupuesto que se entrega a los estados básicamente se integra por las participaciones y las aportaciones federales, bajo los denominados ramos 23 y 33, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Conforme a esta Ley de Coordinación Fiscal, la participación anual que se entrega a los estados está compuesta por nueve fondos, pero de los cuales el primero, denominado Fondo General de Participaciones, es la base, pues representa el 80% del total de las participaciones que se entregan cada año a cada una de las 32 entidades.

Este fondo se integra por medio de una fórmula muy complicada, pero que básicamente considera la cantidad de población, el crecimiento del Producto Interno Bruto del estado con respecto al nacional y la recaudación fiscal que genera cada estado.

Los otros ocho fondos, que representan sólo el 20% de las participaciones, se fijan con base en aspectos como el Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, y otros de menor importancia.

Por medio del llamado ramo 33, el gobierno central canaliza recursos a los estados de acuerdo a los niveles de pobreza y desarrollo, los cuales no tienen una fiscalización muy estricta, a diferencia de los fondos anteriores que, primeramente, están etiquetados en su mayor parte y son objeto de una fiscalización que se ha vuelto cada vez más estricta.

Adicionalmente hay un fondo denominado ramo 23, oficialmente denominado de Provisiones Salariales y Económicas, el cual surge en los años ochenta y en los noventa cambia a “Erogaciones no sectorizables”, destinado principalmente a la infraestructura municipal y estatal, con la peculiaridad de que se discute y aprueba por parte de los diputados y, en los últimos años, ha sido cuestionado.

Su monto es importante, pero reducido en relación a los ramos básicos de distribución de recursos totales que se destinan cada año a los estados.

UNA FÓRMULA VIEJA
El problema es que en México se publica el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año que corre, en este caso el 2018, el cual, en el análisis de los especialistas en finanzas, puede ser explicado al ciudadano común en sus aspectos más relevantes, pero esto no sucede.

Son escasísimos los periodistas y las publicaciones que hacen de acceso público esta información.

Para el 2018, el presupuesto de egresos es de 5 billones 236 mil millones de pesos o, si ponemos la cifra completa: 5,236,375,600,000.00 y, en lo que sería el primer dato interesante, el déficit presupuestario para el ejercicio 2018 es de 466 mil 684 millones de pesos, lo que explica por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto subió la deuda casi al 50% del PIB del país y luego la ha bajado un poco.

Debemos casi la mitad de lo que vale la economía nacional, en términos simples. También de este presupuesto se desprende la famosa propuesta de Andrés Manuel López Obrador: que ahorrando el 10% del presupuesto, que él afirma es el costo de la corrupción, podría obtener 500 mil millones de pesos para financiar subsidios, hacer obras e impulsar el crecimiento del país.

El cuestionamiento para un habitante de Coahuila o de Durango es cuánto de esos 5 billones 236 mil millones de pesos se le regresan a los estados y qué se hace con el resto o, por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta el gobierno federal como tal?

Hay muchos periodistas con foros nacionales de radio y televisión que suelen hacer comentarios bastante irresponsables, producto de la falta de investigación y de no recurrir a especialistas en finanzas sino a funcionarios públicos.

No voy a citar el nombre, sólo diré que es una conductora muy conocida que dirige un programa por la tarde-noche en la cadena nacional propiedad del grupo IMAGEN. Ella afirmaba que se debería exigir y ponerle mano dura a los estados, porque se ha estado fomentando la holgazanería recaudatoria y, en consecuencia, dependen de las participaciones federales y además con frecuencia hacen mal uso de los recursos que reciben. 

El primer aspecto que parece ignorar tan conocida conductora es que todos los recursos fiscales del país se generan en los 32 estados, no en la ciudad de México, de cuyas canonjías y privilegios hablaremos más delante. El gobierno federal, como tal, no produce un peso de recaudación, pero sí ejerce el control de todo lo que el país genera. 

Coahuila, por ejemplo, genera alrededor del 15% de recursos propios para agregarlos a su presupuesto total de egresos de cada año. En el caso de los municipios es más variable, pues algunos generan casi el 20% de recursos propios, mientras que otros no llegan ni al 5%. 

Para generar estos recursos, los estados y los municipios deben cobrar ciertos impuestos, derechos y servicios, pero el grueso de los impuestos sólo tiene derecho a recabarlos el sistema tributario nacional. 

El ISR o e IVA que cada ciudadano y empresa genera se va a las arcas federales, sólo por citar los dos principales impuestos que existen en la economía mexicana. 

Si los estados y municipios desean incrementar notoriamente sus ingresos, tienen que ir sobre el bolsillo de los ciudadanos, quienes deberán pagar más de impuesto predial, de tenencia de vehículos, impuestos sobre nóminas, agua, drenaje, alumbrado, costos de varios tipos en universidades públicas, etc. 

DISTRIBUCIÓN DESIGUAL Y DISCRECIONAL 

Ahora que ha iniciado el gobierno de AMLO (porque el de Enrique Peña Nieto parece terminado de facto el pasado 2 de julio), antes de plantear subsidios, obras, recortes y posibles cambios radicales a la estructura gubernamental, lo primero que debió hacerse es dar a conocer la composición del gasto público en México y, esencialmente, se debió informar bajo qué normas opera en México el reparto del pastel presupuestal a los 32 estados del país; cómo se reparte, en suma, el pastel presupuestal. 

Para los estados es mucho más importante una revisión a la Ley de Coordinación Fiscal que toda esa toma de medidas, no sólo centralista sino con aroma a absolutismo que se están tomando por parte del nuevo presidente. 

¿Pero por qué es más importante? El actual sistema de distribución de recursos a los estados y municipios ya es obsoleto, porque genera una distribución poco equitativa, no premia la productividad y genera una política de subsidios hacia estados muy poblados pero muy poco productivos, que además han estado absorbiendo de una forma ineficiente esos recursos que salen de los estados más productivos.  

Veracruz, por ejemplo, se ha convertido en el tercer estado más poblado del país, después del Estado de México y de la CDMX, pero lejos de mejorar ha estado disminuyendo su productividad, hasta llegar a tasas de crecimiento de cero en su economía, pero, de acuerdo a la fórmula actual de distribución, por el factor poblacional obtiene proporcionalmente más recursos que Nuevo León, que es el más productivo del país. 

Es de elogiar el propósito de reducir el tamaño y el costo de la estructura burocrática del gobierno federal, pero el problema es que todo el ahorro que se pueda generarse con la llamada “austeridad republicana” vaya a quedar en manos del mismo gobierno federal, que lo puede emplear en un gasto improductivo y puede tener la tentación de reducir los recursos a los estados y municipios, para que ese gasto sea más centralizado. 

No se trata de una simple especulación: las declaraciones expresas del nuevo presidente y de su equipo de trabajo evidencian la intención de manejar la mayor cantidad posible de recursos sin pasar por los estados y municipios, a quienes señala de incompetencia y prácticas sistemáticas de corrupción. 

Desde principios de los 90, Chiapas ha recibido un trato preferencial en la asignación de participaciones, pero, 26 años después, los niveles de pobreza y subdesarrollo han descendido muy poco, mientras que otros estados del país, particularmente en las regiones del bajío y el norte, han incrementado notoriamente sus tasas de crecimiento económico y productividad, sin recibir preferencia.

En la reunión “privada” con los que serán los 32 nuevos “súper delegados” en las 32 entidades, los lineamientos fueron, expresamente, manejar toda la inversión federal de manera directa, calificando a los gobernadores y alcaldes, así, sin hacer distinciones y sin ningún cuidado de las formas, de corrupción sistemática. “Vamos a acabar con la política de los moches, se trata de hacer llegar los recursos directamente a la gente, casa por casa, de consultar directamente con ellos las obras que quieren y evitar que los alcaldes y los gobernadores pongan hasta el constructor de las obras, además de quedarse con el moche del veinte por ciento”.  

En una reciente entrevista de otro conductor de radio en cadena nacional, se entrevistó a una joven dirigente de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Finanzas, quien proponía, directamente, que si AMLO deseaba realmente hacer recortes y ahorros en el gasto público, debería eliminarse el ramo 23, al cual, dijo ella, se denominaba “el ramo de los moches”. 

Como ya se mencionó, además de las participaciones que por ley el gobierno federal debe entregar a los estados, existe el denominado ramo 33, el cual está destinado a apoyar a los estados que tienen un mayor nivel de pobreza y subdesarrollo, bajo el propósito de atenuar la desigualdad que priva entre las diferentes entidades y regiones del país. 

El problema con el ramo 23 es que muchos gobiernos estatales se apropiaban de esos fondos y no permitían que los municipios decidieran su aplicación, como sucedió en el caso de Durango, donde el ex gobernador Jorge Herrera Caldera manipuló la aplicación del Fondo Metropolitano y, a la fecha, no está claro de qué manera se aplicaron dichos recursos.

Desde el estallido de la guerrilla encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a principio de los años noventa, se le ha estado dando a este estado un trato de tipo preferencial en la asignación de participaciones, pero, 26 años después, los niveles de pobreza y subdesarrollo han descendido muy poco, mientras que otros estados del país, particularmente en las regiones del bajío y el norte han incrementado notoriamente sus tasas de crecimiento económico y productividad, sin recibir un trato de tipo preferencial. 

En el ejercicio de 2018, Chiapas recibió 41 mil millones a través del ramo 33; Oaxaca 38 mil millones; Veracruz, 51 mil millones; el Estado de México, 71 mil millones, y Puebla 32 mil millones, todos ellos muy por encima de los estados norteños, a los cuales se considera que tienen un menor índice de pobreza y subdesarrollo. 

El nuevo gobierno federal que encabezará AMLO tiene contemplado una modificación sustancial a la distribución y al manejo de los recursos del ramo 33, que en este año de 2018 ejerció un presupuesto de 688 mil 341 millones de pesos.  

Para Coahuila, uno de los estados más productivos del país, las participaciones del ramo 33 para este año de 2018 fue de tan solo 16 mil 237 millones de pesos, casi la tercera parte de lo que recibió Chiapas. 

Hasta ahora no se ha dicho bajo qué términos se harán esos cambios tanto en la distribución como en el manejo de los recursos, pero se habla de cambios radicales. Será hasta la presentación y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para 2019 cuando se conozca en detalle qué sucederá. 

Morena tiene mayoría en ambas cámaras, que apoyarán cualquier modificación que les sea ordenada por la presidencia de la república, pero aunque la oposición no es mayoría y se encuentra fragmentada, tendrá que ejercer su función de revisión y debate en torno al proyecto del presupuesto de egresos, que podría incluir cambios muy importantes, sobre todo para aquellos estados que no están en la preferencia del nuevo presidente. 

EL POLÉMICO RAMO 23 

El llamado ramo 23, que ejerció en este año de 2018 un presupuesto de 107 mil 189 millones de pesos y que había venido creciendo a lo largo del gobierno de Enrique Peña Nieto, es un ramo destinado a mejorar la infraestructura de los estados y municipios, o lo que se podría denominar básicamente proyectos regionales. 

Su particularidad es que la Cámara de Diputados discute, aprueba y etiqueta sus recursos, y lo turna a la Secretaría de Hacienda para su aplicación. 

Básicamente lo integran tres fondos: Fondo de Proyectos Regionales, Fondos de Infraestructura Estatal y Fondo Metropolitano. 

Se trata de recursos adicionales que son destinados a estados y, principalmente, a municipios para obras de infraestructura y servicios básicos, de acuerdo a las necesidades de los mismos. 

La zona metropolitana de la región lagunera se vio especialmente favorecida con el llamado Fondo metropolitano durante los primeros años de este sexenio, cuando le tocaron recursos por un poco más de 600 millones de pesos, de los cuales se destinaba la mitad a la parte de Durango y la mitad a la parte de Coahuila. 

El problema con este ramo es que muchos gobiernos estatales se apropiaban de esos fondos y no permitían que los municipios decidieran su aplicación, como sucedió en el caso de Durango, donde el ex gobernador Jorge Herrera Caldera manipuló la aplicación del Fondo Metropolitano y, a la fecha, no está claro de qué manera se aplicaron dichos recursos. 

En el caso de Coahuila los municipios de Torreón y Matamoros sí pudieron decidir la aplicación del Fondo Metropolitano, para destinarlo a obras de infraestructura. 

Otro problema con el ramo 23, por el que se le denominó “el ramo de los moches”, es que hubo acusaciones en contra de algunos diputados federales, especialmente el caso de dos legisladores panistas, quienes fueron señalados de solicitar “moches” a los presidentes municipales y gobernadores para incluir determinados proyectos dentro de los diferentes fondos del ramo 23. 

En el inicio del actual sexenio, el ramo 23 sólo ejercía un presupuesto de 66 mil millones de pesos, pero se fue incrementando hasta alcanzar este año la cifra mencionada. 

Este ramo es otro que Morena tiene la intención de suprimir o, ahora que tiene la mayoría y el control de las dos cámaras, sujetarlos a otro tipo de reglas y de manejo. 

En los últimos dos años, por razones que no se han dado a conocer en detalle, el Fondo Metropolitano, que era de gran beneficio para Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros, fue disminuido drásticamente. 

Las cosas en Coahuila dieron un giro desastroso en el gobierno de Humberto Moreira Valdés, el más irresponsable e inepto gobernante que ha tenido Coahuila en su historia reciente, quien heredó una enorme deuda de casi 40 mil millones de pesos, por apenas un poco el equivalente al presupuesto total anual del estado.

Para este año el fondo será de solo 218 millones de pesos; la tercera parte de lo que recibía. 

Coahuila recibió en 2018 un presupuesto total, incluyendo todos los ramos, “incentivos” y varios, de 47 mil 687 millones de pesos. 

En un comparativo per cápita con base en la población de cada estado, basado en la información oficial aportada por la Secretaría de Hacienda para 2017, la desigualdad entre los estados comparando su productividad, las participaciones y aportaciones que reciben y los ingresos propios recabados es preocupante o indignante, según el término que se desee emplear. 

Per cápita (ingreso por persona con base en el censo oficial), Chiapas tiene participaciones por 5 mil 183 pesos, aportaciones por 7 mil 317 pesos, un Producto Interno Bruto por 59 mil 466 pesos e ingresos propios por 646 pesos. Oaxaca tiene participaciones por 4 mil 560 pesos, aportaciones por 9 mil 61 pesos, PIB por 72 mil 786 pesos e ingresos propios por 629 pesos. 

En comparación, per cápita Nuevo León tiene participaciones por 6 mil 479 pesos, aportaciones por 4 mil 116 pesos; PIB por 269 mil 670 pesos e ingresos propios por mil 976 pesos. Coahuila tiene participaciones por 5 mil 766 pesos, aportaciones por 4 mil 971 pesos; PIB por 218 mil 451 pesos e ingresos propios por 2 mil 281 pesos. 

Los números son contundentes. Un chiapaneco genera, en promedio, un PIB per cápita por apenas 59 mil 466 pesos; un oaxaqueño genera, también en promedio, un PIB per cápita de apenas 72 mil 786 pesos, pero cada chiapaneco recibe 12 mil 500 pesos en participaciones y aportaciones federales, mientras que un coahuilense recibe sólo 10 mil 737 pesos, no obstante que un coahuilense genera un PIB de 218 mil 451 mil pesos, tres veces lo que genera un chiapaneco o un oaxaqueño. 

La pregunta justa sería: ¿dónde están los impuestos que generamos? La otra es si se trata de tener cinco hijos en lugar de dos y ser mucho menos productivos para recibir más participaciones y aportaciones federales. 

Lo que más apena es que el diputado Armando Canales, quien era el coordinador de los diputados federales coahuilenses, considera que es “un logro sin precedentes” que tengamos un presupuesto de 47 mil 687 millones de pesos, con una asignación de recursos por el ramo 33 de tan solo 16 mil 237 pesos, lo que es una distribución sumamente inequitativa. 

EL DESASTRE DE HUMBERTO MOREIRA 

Hasta el gobierno estatal de Enrique Martínez y Martínez, que concluyó en 2005, Coahuila se las tenía que arreglar con los recursos federales que le asignaban. Las cuentas públicas estaban en orden e inclusive ese gobierno cerró con deuda cero. 

Las cosas dieron un giro desastroso en el gobierno de Humberto Moreira Valdés, el más irresponsable e inepto gobernante que ha tenido Coahuila en su historia reciente, quien heredó una enorme deuda de casi 40 mil millones de pesos, por apenas un poco el equivalente al presupuesto total anual del estado. 

Como le sucedió su propio hermano en el cargo y entraron en un conflicto muy violento, hasta la fecha se desconoce información precisa de cómo es que se contrajo toda esa deuda y el destino que se le dio, porque una parte de los documentos fueron “extraviados” y los otros fueron encriptados oficialmente. 

Si el presupuesto para Coahuila ya era inadecuado si se toma en cuenta su productividad y generación de riqueza, con los intereses de esta deuda, que ascienden a casi 4 mil millones de pesos (aunque podrían bajar un poco, sólo un poco), la situación se puso muy difícil, pero además le da argumentos al nuevo gobierno federal que entra en diciembre para justificar el mantener o inclusive disminuir ramos como el 33, porque el 23 se da por descontado que será disminuido.