BURÓCRATAS DESECHABLES: EMPLEADOS DE CONFIANZA Y TRATADOS DE SEGUNDA

BURÓCRATAS DESECHABLES: EMPLEADOS DE CONFIANZA Y TRATADOS DE SEGUNDA

Este gobierno me contrató, el siguiente me hará renunciar y me sustituirá por otro funcionario al que deberá capacitar. Los dos violarán las leyes laborales. Así será cada periodo, aunque haga bien mi trabajo, porque no estoy sindicalizado y soy gente de éste y no del otro.

Se tiene la idea generalizada que entre un trabajador sindicalizado y uno de confianza existen diferencias en cuanto a sus derechos laborales básicos, lo cual es totalmente falso, ya que ambos, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, gozan de los mismos derechos y obligaciones, pero lo más delicado es que son las instituciones gubernamentales las que están violentando las disposiciones legales, lo que coloca al trabajador de confianza como un empleado de segunda, que puede ser despedido en cualquier momento.

La única diferencia entre un empleado sindicalizado y uno de confianza es que el primero está organizado al formar parte de un sindicato, el cual le defiende ante el patrón, pero además, a través de la negociación del contrato colectivo, que se revisa cada año, puede obtener algunas prestaciones adicionales.

En el caso del sector gubernamental, los sindicatos suelen ser agrupaciones viejas, que han ido acumulando con el paso de los años beneficios y prestaciones adicionales, lo que les convierte en un grupo laboral privilegiado.

Al manejar presupuestos públicos, los funcionarios van otorgando beneficios a las agrupaciones sindicales que generan una carga financiera cada vez más fuerte para la institución, hasta absorber gran parte del presupuesto para cubrir un listado de prestaciones y canonjías altísimas; éste es el caso del IMSS, PEMEX, CFE y muchas otras instituciones gubernamentales, cuya carga laboral está fuera de proporción.

En contraste, los empleados de confianza tienen serios problemas cada vez que se presenta un cambio de periodo gubernamental, especialmente si el partido que asume el gobierno es distinto al que se encontraba en funciones.

Es innegable que los partidos políticos han abusado de la nómina oficial para colocar en ella a gentes del partido, integrantes de camarillas políticas, recomendados y parientes, colocándolos como empleados de confianza, con sueldos altos y beneficios, bajo el entendido de que al terminar el gobierno ya sea federal, estatal o municipal se les dará un finiquito, no una indemnización.

Este manejo de las relaciones laborales es un asunto muy delicado, porque en primera instancia se está violando la Ley Federal del Trabajo y, segundo, porque se crean relaciones laborales viciadas de origen en los gobiernos, pues se contrata a empleados no con base en necesidades laborales sino políticas, quienes suelen no estar calificados para el cargo, pero saben que sólo durarán en él un determinado periodo, propiciando la corrupción y, además, desvirtuando la función de un verdadero empleado de confianza.

Después de muchos problemas, los gobiernos entrantes están implementando la práctica de poner como condición para el otorgamiento de un cargo la firma de una renuncia voluntaria, por medio de la cual el empleado de confianza renuncia a cualquier derecho de indemnización y de reclamo.
Ésta es una práctica que puede ser considerada como una grave anomalía; una simulación que se utiliza para evadir los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

 

¿Y LOS DERECHOS LABORALES?

Al iniciar el actual gobierno municipal, Jorge Zermeño Infante despidió, en los primeros dos meses, a 600 trabajadores de confianza, pero hoy, en las sesiones de cabildo, se habla de mil empleados que fueron despedidos. A la fecha no se ha informado cuál es el total de despidos, pero se anunció al mismo tiempo que se estaban contratando “solamente a 350”, no obstante que a la fecha la nómina mensual se ha incrementado con respecto a la administración anterior, lo que no ha sido debidamente explicado por la tesorería municipal.

Todo indica que se incurrió en la vieja y viciosa práctica de “correr a los tuyos para poner a los míos”, como si la institución municipal fuera del partido que asume el gobierno.

La mayor parte de los trabajadores de confianza desempeñan funciones reales de trabajo y pueden tener muchos años en el cargo, lo que incrementa sus derechos.

El trabajador sindicalizado tiende a ser más relajado y menos eficiente en muchos casos, porque se sabe protegido por el sindicato en caso de conflicto.

El gobierno municipal de Lerdo, que es un municipio con un presupuesto relativamente chico, enfrenta un serio problema de todo un paquete de laudos o juicios que fueron perdidos por el despido inadecuado de un grupo de trabajadores de una administración panista anterior.

En lo que fue todo un escándalo, varios directores de área del gobierno municipal que encabezó José Ángel Pérez, presentaron denuncias laborales y ganaron laudos hasta por tres y medio millones de pesos, aprovechando las disposiciones de carácter legal y ante la incompetencia de los representantes legales del ayuntamiento.

Este fue un caso de abuso y de corrupción, de los muchos que se dieron en ese fallido gobierno municipal.

Hoy, a nivel federal, se está anunciando cambios muy drásticos en todo el aparato gubernamental, que involucran a cientos de miles de trabajadores sindicalizados y de confianza, pero estos se hacen como si no existiera la Ley Federal del Trabajo, lo que es más cuestionable si se considera que se trata de un gobierno de izquierda, cuya prioridad es ver por los trabajadores.

Disminuir el sueldo y cambiar las condiciones básicas de trabajo es algo que no puede hacer el patrón, conforme a la Ley Federal del Trabajo, no importando el monto que tenga el sueldo, pues esto vale lo mismo para empleados de nivel bajo, medio o ejecutivo.

Por sueldo no sólo se debe entender la percepción neta mensual en nómina, sino las prestaciones adicionales fijas que se pagan al trabajador, como premios de puntualidad, bonos de productividad, bonos de despensa, etc.

Las condiciones básicas pactadas entre el trabajador y el patrón no se pueden modificar sin el consentimiento de éste, la prolongación de la jornada laboral sin remuneración o, por ejemplo, el traslado del trabajador de una ciudad a otra, si esto no fue convenido originalmente al momento de la contratación, a menos que se dé una negociación por la cual el trabajador acceda voluntariamente.
En su campaña, Jorge Zermeño Infante prometió a los trabajadores del ayuntamiento que no habría despidos y lo primero que se hizo fue realizar despidos masivos, además de entrar en fuertes conflictos con los sindicatos que representan al resto de los empleados públicos.

Un empleado representa un costo de capacitación; un costo de aprendizaje laboral y además obligaciones de carácter legal. Si en cada periodo gubernamental se están haciendo cambios de personal, se está tirando dinero y propiciando la ineficiencia. Cuando el empleado ya domina el desempeño de sus funciones es despedido, para sustituirlo por otro que requerirá de un periodo de aprendizaje y de capacitación.

Mientras los gobiernos no apliquen medidas de administración de personal profesionales, una parte clave de la burocracia va a estar sujeta a la violación de sus derechos laborales, pero además se van a continuar las prácticas viciosas y de corrupción por las cuales, en cada cambio de administración, se despiden empleados para contratar a amigos, conocidos, parientes de los amigos y propios, miembros del partido al que se pertenece y pagar favores adquiridos en campaña.

El extremo contrario es mantener trabajadores incompetentes o viciados laboralmente, sólo porque están protegidos por un sindicato, aun en cargos donde las funciones que se desempeñan son delicadas.

Empresas como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social y dependencias como la Secretaría de Hacienda enfrentan mucho este tipo de problemas, donde los empleados sindicalizados son protegidos aunque sean incompetentes, incluso cuando caen en faltas que están estipuladas en la Ley Federal del Trabajo como causales de despido sin responsabilidad para el patrón.

La deshonestidad o corrupción de trabajador en el desempeño de su trabajo sí está contemplada como una causal de despido que, por supuesto, no se aplica, pero a otros se les corre, aplicando la carta de renuncia anticipada, sin causa alguna, sólo por ser parte de un gobierno anterior.

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